Diputados y senadores de la Nación no pudieron evitar que los alcance la decisión tomada por las máximas autoridades del Congreso de otorgar un importante aumento de sueldos a los empleados legislativos; sus ingresos (dietas) están “atados” a los de los empleados que los sirven.
Los legisladores permanecen con sus ingresos congelados desde fines de 2019. El sueldo bruto es de $ 238.000, pero con el descuento de los aportes obligatorios y Ganancias el ingreso neto, “de bolsillo”, queda en $ 159.000.
Se trata de valores razonables en el actual contexto económico, pero que con el desmedido retoque trepan a valores casi inadmisibles en medio de la actual situación económica y social del país.
Y lo más criticable es el modo por el cual la vicepresidente de la Nación, y titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dispusieron otorgar el referido aumento al personal que cumple funciones en el Congreso.
Ambos acordaron con los gremios que representan al personal legislativo nacional un incremento salarial del 40 por ciento.
Se trata de un porcentaje que está 11 puntos porcentuales encima de la inflación pronosticada por el Ejecutivo nacional, y que el Parlamento aprobó, de 29 por ciento para el corriente año.
Por ende, cabe esperar un reclamo de otras representaciones sindicales relegadas en materia de discusiones salariales.
En estos momentos, diputados y senadores, tanto oficialistas como de la oposición, se encuentran con el hecho consumado y ante la difícil situación que significa enfrentar las seguras, y lógicas, críticas de la ciudadanía en general por el desmedido incremento porcentual.
De ahí la decisión de muchos ocupantes de las bancas de donar parte o todo el aumento que les llegará por esta desmedida decisión.
Por lo menos, es lo que expresan los legisladores que representan a Mendoza, según la edición de ayer de Los Andes.
Sobran datos de la realidad argentina para criticar esta desafortunada decisión con respecto a los ingresos de legisladores nacionales y sus empleados.
Las previsiones del mercado prevén para el cierre de este año una inflación cercana al 50 por ciento, en un país que no puede contener el avance raudo de la pobreza y la marginalidad, que ya adquiere porcentajes alarmantes.
Además, se deben contemplar los efectos de la pandemia de coronavirus en la Argentina agravados por decisiones políticas que no fueron para nada apropiadas, como el extensísimo tiempo de la llamada cuarentena, que sigue repercutiendo en forma negativa en la mayoría de las actividades comerciales y de la producción.
Todo suma, además, a la pobreza creciente a la que aludimos.
Es por ello que este episodio del aumento de sueldos y dietas en el ámbito parlamentario nacional aparece totalmente a contramano en una Argentina empobrecida.
Por esta y otras razones la ciudadanía debe estar siempre atenta a las decisiones de una dirigencia política que no siempre parece entender el nivel de precariedad al que ha sometido a gran parte de la sociedad.
