Corría mayo de 2020 cuando Rodolfo Suárez comenzó a recorrer, debido a las urgencias generadas por la cuarentena dura, un camino que le ha dado réditos políticos y ha decidido no abandonar hasta el final de su gestión: la confrontación con el gobierno de Alberto Fernández y, como derivado, el peronismo mendocino.
El Gobierno nacional, con sus desatinos, se la hizo fácil. Si a la gestión provincial se le pueden achacar cierta lentitud e incluso ineficacia en la resolución de temas esenciales, el contraste con los derrapes y la inacción de Fernández la dejan siempre bien parada. Si el país no avanza, a la provincia se le hace más difícil, aducen.
Suárez tiene hoy cinco frentes abiertos que involucran a la Nación y al PJ local: el laudo por Portezuelo del Viento, el planteo para que YPF pague más por el petróleo mendocino, la cesión de 12 mil hectáreas en Malargüe para un centro de esquí, la demorada aprobación de la boleta única y la pelea por la designación de magistrados.
Podría haber otro, pero el reclamo de más equidad en el reparto de fondos nacionales quedó en la denuncia mediática y luego en el olvido cuando se firmó el Pacto Fiscal.
Convencido de que nada realmente trascendente llegará de la mano de la Nación durante su mandato, Suárez ha decidido al menos usar políticamente esa debilidad. Ese castigo nacional le da la plataforma para construir un relato y justificar tropiezos.
La última encuesta que circuló por despachos oficiales confirma esa sensación: cuando se consulta a los mendocinos sobre quién tiene la culpa de que no haya empezado a construirse Portezuelo del Viento, 64% dice que es el Presidente. El Gobernador es considerado el responsable por el 22%, un porcentaje menor al que obtuvo el Frente de Todos en la última elección.
Ese relevamiento tiene un capítulo menos difundido por decisión oficial y es el de la imagen de dirigentes. Suárez encabeza el ranking con 54% de credibilidad, cinco puntos más que en octubre, antes de las elecciones. Alfredo Cornejo está segundo.
Luego aparecen los intendentes radicales del Gran Mendoza. Aunque en ese punto la encuesta pasa a ser secreta: nadie quiere revelar el orden para no dejar heridos. El Gobernador se guarda esos datos para sí y unos pocos.
A la hora de explicar la buena imagen de Suárez, desde su entorno priorizan la empatía. “Es un líder participativo y a la gente eso le gusta. Escucha y da marcha atrás”, explican. El caso de la ley 7722 y el freno a la ley de Educación son los ejemplos que primero emergen en la enumeración.
El clímax de la hegemonía
El oficialismo provincial se ha constituido en una hegemonía, como ya se ha dicho en esta columna. Conduce los tres poderes del Estado y los organismos de control, además de parecer invencible en el terreno electoral.
Una vez más, no son sólo sus fortalezas las que han generado este escenario, sino también las debilidades de un peronismo desdibujado y carente de liderazgo. Tan profunda es la crisis opositora que no hay anotados en la carrera por la gobernación para 2023, al menos que estén trabajando seriamente con ese fin.
El abrumador resultado de las elecciones de noviembre se transformó en la mayor diferencia sobre el PJ desde 1985, cuando Raúl Alfonsín puso a prueba en su primera la legislativa nacional el fugaz éxito del plan Austral.
Los caminos paralelos con el ciclo hegemónico del peronismo iniciado en 1987 vuelven a revelarse: el PJ mendocino tuvo en 1993 su mejor performance en una legislativa desde el regreso de la democracia.
Así como los números electorales de Suárez han superado a los del iniciador del proyecto político gobernante, Cornejo, los de Rodolfo Gabrielli también fueron mejores que los de José Bordón, el líder de aquel grupo.
Gabrielli tuvo una ventaja adicional: se vio beneficiado en ese momento por los efectos electorales que tuvo el plan de Convertibilidad aplicado por Carlos Menem.
Aquel proyecto del “equipo de los mendocinos” vivió en 1993 su clímax electoral. En 1995, retuvo la gobernación, pero ya por menos diferencia, y luego perdió en 1997 y 1999.
El oficialismo, se ha dicho, tiene todas las chances de quedarse con la conducción de la provincia el año próximo. Hasta el PJ cree imposible derrotarlo.
Cuando un proyecto político está en su apogeo, las críticas le resbalan. Primero, porque se genera cierto microclima en el poder, cierta sensación de inmunidad. Pero también porque la opinión pública suele no darle crédito a las denuncias de opositores.
El radicalismo y el Partido Demócrata lo sufrieron en aquella primera mitad de los ´90. Ahora lo vive el peronismo, en buena medida por el descrédito ganado cuando gobernó.
“De cada 100 cañitas voladoras que tiramos, sólo prende una”, se lamenta un dirigente del PJ provincial.
La “cañita” que prendió ahora, creen, es la de El Azufre, donde la Provincia cedió 12 mil hectáreas fiscales para un centro de esquí. En soledad, el senador camporista Lucas Ilardo denuncia irregularidades hace semanas a través de las redes sociales y la repercusión lo sorprendió. Por eso continuó sumando capítulos.
El último fue la intervención de la agencia que administra los bienes del Estado nacional, que se metió en el conflicto como “dueña” de las tierras y exigió volver atrás el trámite.
Desde Casa de Gobierno dicen que no se ha entregado nada aún y que sólo se ha dado la posibilidad de que inicien los estudios que confirmen la viabilidad para atraer inversores. Será la Nación, asumen, la que finalmente otorgará o no la autorización.
Pero acusan a la AABE de actuar políticamente y a Ilardo de poner trabas a una inversión millonaria que podría generar empleo.
La recta final
Ahora muchos en el oficialismo miran cómo llegar a 2023 con la misma potencia electoral. Quieren evitar aquel declive peronista de los ´90. Un intendente radical dice que el Gobierno hasta ahora “aprobó”, pero reconoce que al gabinete “le falta chispa”. No hay protagonismo ni iniciativa en muchos de los ministros.
Esas advertencias llegan desde la propia vereda. Oxigenación es la palabra que usan para explicar el objetivo de cambiar y ponen como ejemplo la salida de Roberto Munives como jefe de la Policía.
Ese cambio hace tiempo estaba en la cabeza del Gobernador. Pero hubo un infortunio que lo postergó: la muerte de Camilo Uvilla el año pasado por Covid. Era el preferido de toda la cúpula radical. En enero, las desprolijidades de Munives lo hicieron insostenible y tuvo que echarlo sin más.
Un dirigente que integra el círculo de confianza del cuarto piso cree que se debería avanzar en otras áreas y menciona primero a Infraestructura. A Mario Isgró le pasan facturas internamente por la subejecución del presupuesto.
Más componedor, otro suarista argumenta que en 2021 el programa Mendoza Activa, un subsidio para sostener la actividad económica, absorbió todos los fondos que tenía el Gobierno y por eso no creció el ritmo de las obras como se esperaba.
El Gobernador no parece abierto a otros cambios ministeriales. Como tampoco quiere escuchar hablar de la pelea por la sucesión. Se resiste. Pero ve la intención detrás de los movimientos de algunos de los anotados y también de otros que nada dicen.
Hace algunos días corrió el rumor de que Mariana Juri era la preferida de Suárez para ser la candidata de Cambia Mendoza. En 2019, ya la imaginaba como intendenta de Capital y no pasó el filtro interno. El objetivo es instalarla para que, si Cornejo fuera el candidato, algo que por ahora no es la prioridad del senador nacional, ella sea la compañera de fórmula.
Los anotados por ahora son los mismos de siempre y casualmente están haciendo movimientos en el mismo sentido. Tadeo García Zalazar vuelve hoy de Barcelona. Fue invitado a disertar en un congreso de gobiernos municipales. Siempre es bueno tejer relaciones internacionales. El mismo consejo le dieron a Ulpiano Suárez, que dicen está tendiendo puentes con Chile a través del Pilo Bordón.
Cuando lo apuran sobre las definiciones, el Gobernador se desentiende y tira una pelota muy larga: “Después del Mundial vemos”. Habrá que esperar hasta diciembre.
