Mendoza parece vivir su “edad de oro”. Todas las soluciones están al alcance de la mano, todos los obstáculos se empequeñecen. Son las ventajas de estar transitando la etapa crucial de la campaña electoral. Si los gobernantes y candidatos pudieran sostener este nivel de buenas noticias, seríamos sin duda esa potencia que prometen. Pero, ya sabemos, lo bueno dura poco y entonces apenas pase la elección deberemos volver a esa “normalidad” chata en la que nos hemos acostumbrado a vivir.
El Gobierno provincial pareció desperezarse. Apurado porque vencía el plazo para hacer anuncios e inauguraciones que fija la ley electoral, puso todo lo que tenía y más para asfaltar el camino de retorno a la gobernación de Alfredo Cornejo.
Hubo al menos un “hecho” para mostrar por día en la última semana. Y al frente de ellos estuvo siempre Rodolfo Suárez, que desde las primarias nacionales ha elevado su protagonismo. En este juego de roles que suele imponer la política, a él le tocó ser en estos días el que se enfrenta discursivamente con la oposición. Así, se preserva al candidato de los roces.
Una maternidad modelo, una escuela y una ruta fueron las inauguraciones. Pero más que esas obras palpables, hubo dos anuncios que concentraron la atención. Uno con gran repercusión social, el otro de alto valor económico. Y ambos dejan expuesta una picardía oficial: el “anuncio en dos pasos”. Se comunica antes de la veda y se concreta después, para desdoblar y estirar su impacto.
El sorteo de 2.154 casas rescató una muy vieja modalidad del IPV. Pone en juego la ilusión y la esperanza del techo propio con un trámite exprés, sin años de espera ni dilaciones burocráticas. Efectismo puro justo en la previa de una elección compleja.
El 21, apenas tres días antes de la votación que definirá al próximo gobernador, se sabrá quiénes son los afortunados. El riesgo es que los que se inscriban y no resulten favorecidos (seguramente miles) terminen enojados. De todas las casas contempladas en el sorteo, sólo 251 se entregarán antes de fin de año. Del resto, deberá hacerse cargo el que gane.
La adjudicación de la explotación de Potasio Río Colorado (PRC) es una de las noticias más esperadas por el propio gobernador. Será, sin duda, cuando le toque describir su legado, uno de los primeros logros que mencionará. Una inversión de 1.000 millones de dólares (equivalente al dinero recibido de la Nación por Portezuelo del Viento) que dará empleo y potenciará las exportaciones.
En 2029, cuando esté terminado el complejo y produzca a pleno, podría incrementar 50% las ventas anuales al exterior de Mendoza, a valores de hoy. Todo dentro de la ley 7722, exento de la polémica ambientalista y con el Estado provincial como socio.
Hasta acá lo que se sabe. Porque esa adjudicación tiene mucho de misterio. De hecho, hasta el momento no se sabe quién es el ganador. Al menos, oficialmente. Además, por el carácter confidencial nunca se sabrá quiénes eran los dos interesados que perdieron, ni cuánto ofrecieron ni qué proyecto pretendían ejecutar. Si esto se tratara de una película de Hollywood, el expediente tendría en la tapa la leyenda “Top secret”.
Hay sí una confirmación extraoficial, o al menos un dato no desmentido: uno de los socios del grupo ganador es José Luis Manzano. Quizás él sea la razón de tanto hermetismo.
La presencia del ex ministro de Carlos Menem entre los interesados fue revelada en esta columna el 5 de marzo. El socio mayoritario del grupo que explotará Potasio Río Colorado, por ahora de identidad desconocida, es una compañía brasileña. Como Vale, la dueña original del proyecto que terminó abandonándolo hace 10 años. Y será Brasil también, seguramente, el principal destino del potasio que se extraiga en la mina de Malargüe.
El interés del gobierno de Lula en PRC es tan fuerte que pretendía que la firma del contrato (que ya está terminado y no en negociación como se dijo) se trasladara a su país. Finalmente, terminó aceptando que debía hacerse en Mendoza. El acto será el martes y vendrán tres secretarios de Estado brasileños que viajarán con una comitiva luego a la mina.
Manzano participa a través de Minera Aguilar, una compañía que compró hace poco más de un año al gigante suizo Glencore. Su base de operaciones está en Jujuy, no casualmente la tierra del litio.
En realidad, parece, el ex diputado nacional del PJ jugó a dos puntas. No sólo integró el grupo adjudicado sino que también habría sido parte de uno de los perdedores. El restante, por lo que cuentan, incluía como socio nacional a Eduardo Eurnekian. Casualidades tal vez no tan casuales de los vínculos estrechos entre los negocios y la política: la puja por el potasio fue un balotaje entre los principales sponsors de Sergio Massa y Javier Milei.
Con Potasio Río Colorado, Manzano hará pie en otra actividad clave en Mendoza. Ha tenido concesiones petroleras de las que ya se desprendió y aún es socio minoritario de YPF en el área estrella de la provincia, Chachahuén. Además, controla la mayor distribuidora de energía eléctrica. A principios de 2023, y cinco años antes de que venciera, ya se aseguró la concesión de Edemsa hasta 2048.
En el Gobierno se atajan ante lo que intuyen serán los cuestionamientos por la figura de Manzano. El tupungatino creció en el mundo empresario al amparo de contratos con el Estado y nunca pudo revertir la mala imagen de su etapa menemista.
“El tipo se sienta al lado de Susan Segal en el Council of the Americas, su influencia trasciende a Mendoza y la Argentina. Está metido en las ligas mayores. Y no hay otro que traiga inversiones a la provincia. La selección la hizo UBS (Unión de Bancos Suizos) y nosotros no intervenimos para nada”, argumentan en el oficialismo.
Victorias pasajeras
La presencia no confirmada pero conocida de Manzano en el grupo ganador extrañamente no generó reacciones en la oposición. Todos los frentes tienen vínculos con él. Algunos dirigentes e incluso candidatos son muy cercanos. Por eso, difícilmente salgan a cuestionar el proceso, ni siquiera para aprovecharlo electoralmente.
Mientras, cada uno siguió su plan de campaña los últimos días, con los mismos límites que les impone la realidad. El peronismo sufre porque no puede trasladar a la provincia el efecto de los seis triunfos municipales del domingo anterior. La valoración que hacen los vecinos de sus gestiones no va más allá de los departamentos que gobierna.
De hecho, los mismos vecinos le marcaron la cancha al intendente que eligieron: son los votos en blanco en el tramo de concejales, que llegaron al 18% en algunos casos. El intento de adjudicar ese vacío al desconocimiento de la boleta única se cae cuando se miran los números de los libertarios en Lavalle y Maipú o los del PJ en San Carlos. Las listas de concejales tuvieron más votos que los candidatos a intendentes. No hubo error, sino voluntad de no votar a ninguno.
La elección de hace una semana dejó en La Unión Mendocina (LUM) un sabor agridulce. Festejó como propio el triunfo del frente de Jorge Difonso en San Carlos y el viernes sumó a sus filas a Marcelo Romano, el candidato a intendente del Partido Verde en ese departamento. Si la política fuera matemáticas, podrían decir que ahora Omar de Marchi tiene el 60% de los votos sancarlinos.
El salto de Romano (ex radical, ex Protectora, ahora ex Verde) se veía venir. Con De Marchi lo unen, más que un ideal, dos enemigos en común: Cornejo y Mario Vadillo, que hace campaña casi en soledad.
Pero esta incorporación no equipara la más esperada y no lograda: Matías Stevanato. El reelecto intendente de Maipú jugó a la ambigüedad, como siempre, y no se definió. Está pensando qué le conviene más para su proyecto provincial en 2027 y no sólo en el presente. En LUM dan por hecho que está trabajando para ellos y piden paciencia porque, aseguran, hay un cronograma de pases pautado. Tal vez se queden esperando.
Al maipucino hubiesen querido mostrarlo como la estrella en el encuentro de peronistas que apoyan a De Marchi que se hizo el miércoles, pero no pudo ser. Sí se vio en las fotos, quizás por primera vez, a Alejandro Cazabán, el operador que posibilitó la llegada de Stevanato a la intendencia en 2019 y hoy es una figura clave en el armado de De Marchi.
Por eso quizás llame más la atención la promesa que el candidato hizo en la radio Mdz: de ser electo gobernador, barrerá con la reforma que puso a un civil al frente de la Policía, un rol que estrenó el propio Cazabán. Esa idea explica que cada semana haya en la agenda del candidato un encuentro con jefes y ex jefes policiales descontentos con el radicalismo.
Pero mientras promete mejores sueldos para policías y docentes, a la vez anuncia rebajas drásticas de impuestos si llega a ganar. Difícil hacer más con menos. Salvo que también apueste a los “brotes verdes” que esperaba su ex líder, Mauricio Macri.
