El gobierno que Rodolfo Suárez había imaginado como el de los grandes cambios postergados durante años terminará el sábado sin ninguna de esas reformas concretadas, con una imagen que comenzó una lenta pero constante caída hace casi dos años y el futuro de su líder más atado a la suerte que a una construcción planificada.
La felicidad del 9 de diciembre de 2019 por la asunción y el golpe de efecto de la mañana siguiente, cuando anunció por Twitter que estaba presentando un proyecto para reformar la ley 7722, parecieron coronarse el viernes 20 gracias al acuerdo con Anabel Fernández Sagasti, su ex rival devenida en sorprendente aliada.
Ese día, entre protestas minimizadas por el oficialismo, la Legislatura aprobó por amplísima mayoría la que parecía la piedra fundacional del desarrollo minero en Mendoza. Y también del proyecto político suarista: la supuesta bonanza económica que traería la minería habilitaría más cambios, incluso la reforma constitucional y por qué no la reelección.
Pero tras la aprobación de la ley, once días después de asumir, ya nada fue lo mismo. Las manifestaciones se multiplicaron en la provincia a través de las redes sociales. El 26, Suárez anunció que pondría en el freezer la ley y hasta amagó con un plebiscito. Pero la presión social no cedió y el 30 la misma Legislatura derogó la reforma. El gobierno que parecía condenado al éxito, terminó resignando su razón de ser para evitar la violencia y nunca pudo recuperar el impulso inicial.
En la entrevista que se publica en esta edición, el Gobernador asume que el 85% de los votos que sumaban él y su rival electoral era suficiente aval porque ambos en sus campañas habían propuesto la modificación. Allí está el primer y fundamental error: creer que el voto habilita todo el programa de gobierno planteado.
Puede que algunos hayan votado a favor del desarrollo minero. Pero el apoyo a él fue un apoyo a la continuidad de una gestión, la de Alfredo Cornejo, bien considerada por la sociedad. Así como el voto a Fernández Sagasti fue un voto peronista y opositor. No importaba si prometían o no acabar con la ley 7722, salvo para endulzar los oídos de los empresarios que en el momento de las protestas se hundieron en el silencio.
Los otros dos errores que cometió fueron consecuencia de aquella mala lectura inicial: no continuar el camino que se venía explorando desde hacía tiempo, que era habilitar la minería exclusivamente en Malargüe, y no preparar un plan de crisis para contrarrestar el rechazo a la reforma.
Un diálogo que había tenido unos días antes de asumir la gobernación con un dirigente de su entorno revela un error de cálculo o de dimensionamiento de la tarea que iba a enfrentar, tal vez por su inexperiencia política. Al fin de cuentas, pasó de concejal a gobernador en cinco años. La charla, ocurrida en la intendencia de Capital, fue más o menos así:
-¿No vas a extrañar la Muni?
-Nooo. Allá voy a estar más tranquilo, sin los vecinos reclamando.
El fracaso de la reforma minera fue para Suárez un golpe demoledor que lo dejó groggy, sin saber hacia dónde ir. Justo en ese momento, con todo el oficialismo preocupado por el rumbo incierto de la gestión, apareció la pandemia. Cuando la cuarentena decidida por Alberto Fernández empezó a extenderse más allá de todas las previsiones y la economía, con todos adentro, empezó a crujir, surgió la segunda chance para el Gobernador.
La decisión de empezar a tomar distancia de la Nación y habilitar actividades catapultó a Suárez a sus mejores niveles de consideración popular. El momento justo para plantear otras reformas, como la de la Constitución y la ley de Educación.
Pero el fracaso de la ley prominera había tensado el vínculo con el peronismo, que pasó del colaboracionismo inicial a la oposición salvaje. Y tampoco pudo avanzar con esos dos cambios, que necesitaban de amplios consensos para poder concretarse.
Tuvo que conformarse con una innovación electoral como bandera reformista de estos cuatro años: la boleta única. Que parece chica al lado del resto, pero es trascendente.
Suárez descubrió que mientras más se diferenciaba de Fernández, más crecía. Y el recurso, que se volvió abuso, sirvió hasta las elecciones de 2021. Cuando la pandemia ya era sólo un recuerdo y los tiempos exigían orientar la gestión hacia el futuro y abandonar la coyuntura, las flaquezas quedaron en evidencia.
Entonces surgió una nueva “guerra” contra la Nación: Portezuelo del Viento. La indefinición de Alberto Fernández sobre los planteos de La Pampa permitieron al oficialismo seguir usando al Presidente como un sparring conveniente y a la vez empezar a instalar lo que ya venía pergeñando hacía tiempo: el plan B para destinar esos U$S 1.023 millones.
Pero al parecer el Plan B nunca fue más que un esbozo, un título sin contenido. Y cuando Fernández pidió hacer nuevamente el estudio de impacto ambiental, no había Plan A ni Plan B. Y allí se apeló a una vieja obra guardada en un cajón, El Baqueano, sobre un híper regulado río Diamante, que se planeaba licitar a principios de este año y aún está en veremos.
Cuando se hizo el anuncio, un radical que conoce bien la interna entre Suárez y su antecesor/sucesor Cornejo dijo a este cronista: “Esa obra nunca se va a licitar”. Al parecer, estaba bien informado. El gobernador electo no estaba de acuerdo con la construcción de ese dique, ni acepta que el Estado lo financie sin aportes de privados. Por eso, depende de él ahora el destino de la licitación.
No fue esa la única diferencia entre Cornejo y Suárez en los últimos cuatro años. La primera se dio por el camino elegido para potenciar la minería, pero también discreparon sobre la estatización de Impsa, la relación con la Justicia y sobre todo la eficiencia del elenco ministerial más identificado con el suarismo.
En un remedo del “funcionarios que no funcionan” de Cristina, la lupa cornejista se posó particularmente sobre Seguridad, Gobierno e Infraestructura. Pero también sobre el estilo “relajado” de liderar que tuvo su sucesor y que se reflejó en una gestión inactiva, a la que le costó resolver.
Esas diferencias, el gobernador electo nunca las expresó públicamente y eso es lo que ha sostenido la relación entre ambos. Suárez lo agradece. También él mantuvo silencio sobre el impacto en las cuentas de la cláusula gatillo que concedió su antecesor.
Hubo en esa decisión conveniencia también. Exponer públicamente las diferencias debilitaba al Gobierno y también al proyecto político que lideraban. Difícilmente hubiese podido triunfar el oficialismo de llegar peleados a este 2023. La continuidad dependía de la convivencia. Así, llegaron al ansiado tercer gobierno radical consecutivo, que empieza el sábado.
“El estilo Suárez” generó malestar sobre todo en las segundas y terceras líneas del Gobierno. Es en ese nivel de decisión del Estado donde sienten que nunca fueron escuchados, que incluso el Gobernador tomó decisiones sobre sus áreas sin consultarlos. Anuncios de los cuales ellos no estaban enterados o decretos que los involucraban y para los que no fueron consultados son algunos ejemplos.
El Gobernador había anticipado a fines de agosto, por televisión, que los últimos 100 días de su gobierno iban a ser los más fructíferos. Tal vez era una forma de compensar el vacío de los primeros 100. Pero de esa promesa poco puede confirmarse casi cumplido el plazo.
No hay, ni hubo en su gobierno grandes obras. De hecho, esta gestión tuvo una muy baja inversión pública: se priorizó el orden de las cuentas para lograr superávit fiscal y ahorros financieros.
En unos días, con suerte, se sabrá si finalmente el lado mendocino de Vaca Muerta tiene el petróleo necesario para atraer inversiones. Se espera para ello los análisis de las dos perforaciones que hizo YPF en Malargüe. De ser positivos, ese sería un legado de Suárez, quien firmó el acuerdo para que la petrolera estatal hiciera los pozos. Pero con Javier Milei en la presidencia, todo está en duda, al menos en cuanto a esa compañía.
El otro legado, dice alguien cercano, es haber instalado la minería como opción, aunque haya tenido que dar marcha atrás con la reforma de la 7722. Menciona como ejemplo Hierro Indio y Cerro Amarillo, dos proyectos que avanzan sin romper la ley. Y también Potasio Río Colorado.
La adjudicación de Potasio Río Colorado es justamente si se quiere el hecho más significativo del último trimestre. Si se cumple la inversión prometida, será tanto como el dinero de Portezuelo y potenciará la economía, los ingresos y el empleo en Mendoza. Ahora bien, del dicho al hecho hay mucho trecho y a veces ni las garantías impuestas como castigo por si no se cumple la inversión alcanzan.
Más si en el medio aparece José Luis Manzano, experto en hacer negocios con el Estado sin poner mucho dinero. El ex ministro de Carlos Menem, que vive en Suiza gran parte del año, compró el año pasado Minera Aguilar a un grupo suizo e inmediatamente empezó las negociaciones para explotar la mina de potasio malargüina asociado a una empresa de Brasil. El análisis de la Unión de Bancos Suizos aconsejó adjudicarles el proyecto por sobre otras dos propuestas.
Ese fue el segundo acuerdo de Suárez y Manzano en este 2023. El primero fue, en marzo, la extensión de la concesión de la distribución eléctrica a Edemsa por veinte años, cinco años antes de que venciera el contrato vigente. Manzano es accionista de esa empresa junto a Daniel Vila.
Precisamente por esa extensión de la concesión a Edemsa y la reciente autorización a cambiar el objeto de la sociedad, Suárez dejará el gobierno denunciado. Quienes lo objetan son el ex gobernador peronista Arturo Lafalla y el ex juez de la Corte filoradical Alejandro Pérez Hualde, entre otros.
Para el Gobernador, como se publicó en este diario, la denuncia es “un bolazo” porque es extemporánea y sólo la hacen “para joder”. Pérez Hualde le contestó que “los vicios groseros no vencen nunca” y aseguró que “está mal asesorado”.
A Suárez, luego del sábado, lo espera la banca en el Senado nacional que dejará vacante Cornejo. Como si estuvieran destinados a remplazarse mutuamente, los dos sancarlinos intercambian roles políticos.
Ese juego parece haber entusiasmado al Gobernador, que no descarta un regreso en 2027, emulando al peronismo cordobés, con De la Sota y Schiaretti alternando en el poder durante dos décadas. Claro que para que ello ocurra, sin la vidriera de un municipio y sin una estructura política propia que lo respalde, dependerá más que nunca de la suerte.
