A fines de 1918 la «gripe española» azotó a la provincia y trastocó la vida diaria de los mendocinos. En el marco de una segunda ola, el incremento incontenible de casos llevó al entonces interventor de la DGE –el Dr. Eduardo Luzuriaga- a ordenar por decreto del 4 de junio de 1919 el cierre de todas las escuelas de la provincia por diez días. Luego se sumaron a la medida dependencias nacionales como el Colegio Nacional o la Escuela de Vitivinicultura. La disposición dio pie a la exigencia de medidas más severas que permitieran frenar el avance de la enfermedad.
Desde las páginas de Los Andes instaron a las autoridades sanitarias a poner el énfasis en la prevención y advirtieron sobre la necesidad de evitar la aglomeración de personas, apuntando contra las salas de espectáculos públicos y las iglesias (Los Andes, 6-06-1919, p.5).
Por su parte, el matutino conservador La Tarde cuestionó al gobierno provincial que por entonces encabezaba el interventor federal Perfecto Araya: “La gripe está en todas partes y a la orden del día, y sin embargo, ¿qué hacen los radicales? Absolutamente nada. Todo lo que se hizo fue clausurar las escuelas por diez días.
Claro está, como los radicales son analfabetos, lo primero que se les ocurre es meterse con las escuelas. ¡Para el uso que hacen de ellas!. (…)”. (La Tarde, 7-06-1919 p. 1) El cumplimiento del plazo previsto dio lugar a una discrepancia entre la Intendencia de Capital y la Dirección de Salubridad. Mientras el municipio daba a fines de junio datos alentadores sobre el descenso del número de fallecidos, la segunda repartición dispuso demorar la reapertura de los edificios escolares hasta nuevo aviso, por subsistir las causales de clausura.
En ese marco, expresaba un suelto periodístico: “Y mientras juegan los burros pagan los arrieros, es decir, que mientras intendencia y dirección no marchan de acuerdo, sufren los niños, que este año la pasan de rabona corrida, y los colegios particulares a quienes el cierre viene como pedrada en el ojo de boticario”. (La Tarde, 25-6-1919, p.1)
La incertidumbre sobre la reanudación de las actividades en las aulas dio pie a quejas y reclamos. Resulta ilustrativa la carta enviada por un padre de familia donde advierte que el cierre de las escuelas constituía un grave mal para los niños. Reseñaba que entre feriados, fiestas escolares y el cierre por la gripe, el año anterior había tenido un balance negativo, que con la nueva clausura podía replicarse llevando a la enseñanza a “un completo desquiciamiento”.
Sin apuntar directamente, señalaba el avenimiento de algunos docentes a la medida por su molicie, advirtiendo que si bien había maestros “empeñosos y trabajadores”, también los había “cómodos y remisos, que por todo y para todo miran por el lente de la suma tranquilidad, del eterno y dulce no hacer nada”.
El análisis planteaba que si bien la gripe provocaba el ausentismo de alumnos y maestros, la medida de cierre total de los establecimientos resultaba extrema, y que hubiera sido preferible disponer algún medio de desinfección previo, tanto en los edificios escolares como en tranvías, coches, iglesias y conventillos. Luego, sobre el impacto de la medida en los aprendizajes advertía:¿Pero se ha pensado acaso en lo que significa para la enseñanza de la provincia la supresión de las clases? (…) Porque clausurando los colegios, la enseñanza que viene dándose, de por sí desajustada y sin miras finales, se afloja más y se pierde el hilo constructivo; cuando los alumnos vuelven al aula (…) no recordarán lo poco que se lleva enseñado desde el principio del año. Entonces se impondrá el repaso de programas amorfos, la confección de nuevos «tópicos» (…) El entorpecimiento será mayor en la campaña, donde la comunicación de la clausura llegará quizás cuando la gripe haya desaparecido (…)”. A continuación, señalaba este padre la paradoja generada por las aglomeraciones en ámbitos extraescolares: mientras las escuelas estaban cerradas, “cientos de niños juegan en las calles y parques (…), los cinematógrafos el domingo estaban atestados de niños, los cafés y confiterías abiertos, como también las casas que pueblan los barrios «non sanctos»” e igualmente en las iglesias “la romería es continua”. En ese marco, calificaba a las escuelas como “los más aseados, aereados [sic] y amplios” entre los recintos públicos, postulando que era suficiente con disponer que los alumnos y maestros enfermos no concurriesen a clases, sin que se exija justificativo médico a nadie, y que en todo caso se clausurasen ciertos colegios donde el porcentaje de enfermos fuese elevado. Finalmente denunciaba la irresponsabilidad de las autoridades en vistas a su misión funcional: “La medida que comentamos debió dejarse para el caso extremo, para los últimos casos y después de agotar los esfuerzos para mantener abiertos los colegios por disciplina, por trabajo intensivo y por la altura superior de sacrificios y de ciencia de la misma escuela y de las autoridades que deben velarla”. (La Tarde 14-06-1919 p. 7)
La cuestión encontró también lugar en la lucha política: el 22 de junio se realizaron elecciones de renovación total de la Legislatura presididas por el interventor y en los días previos los partidos opositores se manifestaron sobre la gravedad de la situación, haciéndose eco de las denuncias sobre la insuficiencia de la acción de las autoridades sanitarias. En ese contexto, tal como refleja el aserto de un periodista de la época, la gripe fue “mal de muchos, consuelo de opositores”.
Finalmente, el 28 de junio la autoridad sanitaria dirigió misivas oficiales al interventor de la DGE y a las autoridades de las escuelas nacionales señalando que la declinación de los casos permitía levantar la clausura, pero sólo para las escuelas de la Capital, pues en varios departamentos subsistían “focos intensos” de la enfermedad.
Cabe señalar que este episodio de cierre de las escuelas tuvo lugar en uno de los años más turbulentos que vivió la provincia en materia educativa, tal como han señalado historiadores como Jacinto de la Vega o Rodolfo Richard-Jorba.
Hubo reiteradas huelgas de maestros y el enfrentamiento del gobierno de Lencinas con las entidades gremiales –antes y después de la intervención federal- llegó a extremos inusitados, dejando como saldo cesantías de docentes, directivos e inspectoras, persecución a dirigentes gremiales, la detención de varias maestras y la contabilización de casos de niños heridos en el marco de las protestas. Sin ánimo de incurrir en anacronismos ni comparaciones odiosas, vale rescatar la coyuntura histórica de 1919 para trazar un cierto paralelismo con lo que sucede en la actualidad con las disputas sobre la educación presencial en el marco de la pandemia de Covid-19.
