Una incógnita inasible desvela por igual a los comandos políticos del oficialismo y la oposición. Si las urnas se abrieran hoy, la campaña electoral giraría sobre el fracaso del plan de vacunación que el Gobierno nacional prometió como salida de la pandemia. ¿Será así a fin de año, en la fecha todavía incierta de las elecciones legislativas?
Si para entonces el esquema de inmunización sigue naufragando como hasta ahora es posible que la discusión pública sea -como ya se observa en otros países- la catástrofe humanitaria inducida por la ineptitud o la necedad de los que gobiernan.
Si asoma en cambio alguna mejora en la provisión de las vacunas ¿cuál sería el sentido del voto? ¿La gratitud devolutiva a la que apostó el oficialismo cuando decidió dar prioridad a los hombros de sus simpatizantes para el beneficio de la inmunización?
¿O primará en la mayoría una demanda más amplia: que el poder devuelva al menos aquella lejana expectativa de progreso que existía en la antigua normalidad? Después de todo, esa es la expectativa que hizo presidente a Alberto Fernández. Y es su gobierno el que será plebiscitado.
Mirando la emergencia, un sector de la política cree que la vacuna dirimirá el voto. Otros sostienen que la vacuna es sólo el medio: la aspiración electoral será el regreso a la normalidad. Eso incluye las ansias del progreso económico y estabilidad política aletargadas por la pandemia global.
El Gobierno parece resignado al desmanejo de la emergencia sanitaria; aturdido frente al fracaso más que evidente de su plan de vacunación. Pero concentrado en la rosca para el momento todavía indefinido del voto. Al menos tres jugadas tácticas lo demuestran.
La primera es la más visible. Sin nuevas vacunas, eligió amesetar sus decisiones: mantener restricciones ya existentes; continuar con la descentralización territorial de los controles y acomodar mejor los expedientes para las disputas que dejó subir hasta la Corte, como la referida a la apertura de clases.
La segunda tiene todavía el maquillaje de la insinuación. Alberto Fernández le anunció al Congreso que pedirá una validación legal de mayor sustento para sus decisiones de política sanitaria. El borrador está otra vez en manos de Vilma Ibarra.
Algunos presumen que será sólo un intento de saneamiento jurídico para la maraña de decretos de necesidad y urgencia emitidos de un año a esta parte. Otros, más suspicaces, creen que Fernández observa de reojo las más recientes complicaciones de Jair Bolsonaro y quiere blindarse a futuro. Al presidente brasileño, los opositores le asignan responsabilidades penales por las víctimas de la pandemia. En Argentina afloran, además, pruebas cada vez más inexplicables de manejos poco transparentes en la gestión de las vacunas.
La tercera movida táctica parece explicar estas preocupaciones. Mientras Ibarra prepara el proyecto de blindaje, Eduardo de Pedro volvió a esconder el que estaba acordado con la oposición para modificar la fecha de elecciones.
El oficialismo está convencido de que ya consiguió la llave del cronograma electoral sin necesidad de pedirle el voto a la oposición. Tiene en el bolsillo la voluntad de algunos aliados menores. Encontró el punto débil de sus adversarios: éstos creen que si les quitan las Paso, su armado político se derrumbará como castillo de naipes.
¿Es correcta esa percepción del oficialismo? La oposición reivindica como un mérito haberse mantenido unida. Sus bloques parlamentarios no han sufrido las deserciones que esperaba el Gobierno y su discurso público fue encontrando en distintos momentos los tonos demandados por las mayorías. De acompañamiento pleno en la hora inicial de la pandemia; de alerta y crítica cuando el confinamiento extremo se extendió sin razones justificadas; de impugnación y denuncia cuando el fracaso de la vacunación corrió el telón de negocios inexplicados.
Pero también mostró su fragilidad frente al retaceo de las primarias. No imagina ningún otro recurso interno para el momento de reconstrucción de sus liderazgos. Tan expuesta quedó esa debilidad que terminó por conceder lo más valioso (la fecha de la elección general, el punto fijo sistémico) en aras de la preservación de lo subalterno (las primarias, el mecanismo de resolución de sus disputas internas)
La Casa Rosada les informó en reserva que en la ley de blindaje anunciada no llegará por sorpresa un zarpazo general sobre la fecha de elecciones. En la provincia de Buenos Aires, con la asunción partidaria de Máximo Kirchner, Cristina ha comenzado a ordenar aquello que a comienzos de año parecía requerir primarias ineludibles.
En ese distrito que la pandemia ha transformado en un agujero negro de giro electoral impredecible, la oposición no consigue hacer pie. Macristas y larretistas se desvencijan por las candidaturas en la ciudad autónoma que ya gobiernan. Y ninguno se baja de la literatura de presunciones presidenciales para 2023. Pero nadie de primera línea se anota para disputarle -este año- el conurbano a Cristina.
Sólo esa debilidad ajena aparece en estos días como un activo evidente para el Gobierno. El fracaso de la inmunización puso a Alberto Fernández en el lugar más incómodo que existe frente a una elección: sin vacunas y atascado en el inicio de la pandemia, sólo se propone volver a la ficción de normalidad que lo hizo popular entonces. Todo el pasado por delante.
Es todo lo contrario a la pulsión de futuro que explica casi siempre el sentido mayoritario del voto.
