Luego de otra semana cargada de versiones, continúa sin saberse quién sucederá a la doctora Marcela Losardo al frente del Ministerio de Justicia de la Nación.
No se trata de un dato menor; el actual gobierno ha hecho de las diferencias con la Corte y jueces y fiscales en general un estandarte de su embestida ideológica y política sobre el Poder Judicial.
La doctora Losardo, profesional de confianza del presidente de la Nación, aparecía como una figura que atenuaba los embates del kirchnerismo sobre la justicia, a pesar de tener entre los funcionarios a su cargo a varias de las principales espadas con que cuentan los sectores más radicalizados que responden, principalmente, a la vicepresidenta de la Nación.
Por lo tanto, cabe preguntar si el enfático ataque del Presidente al Poder Judicial en el discurso inaugural del año legislativo pudo haber llevado a la funcionaria en cuestión a reflexionar y decidir retirarse de la función que ocupaba. Es una posibilidad que no conviene descartar.
Una simple lectura política de dicho mensaje lleva a pensar que, finalmente, el titular del Poder Ejecutivo está cada vez más compenetrado con la idea kirchnerista de la persecución política de sus principales referentes a través de fiscales y jueces afines.
La demora en decidir quién se hará cargo de dicha vacante preocupa en lo meramente institucional; el Presidente debe determinar o confirmar con rapidez el rumbo político en materia judicial, fundamentalmente por la pésima relación que ha potenciado su gobierno con una gran parte de los magistrados.
En los últimos días Fernández fue el que anticipó públicamente que la doctora Losardo dejaría el cargo y hasta se anunció un destino diplomático en Francia para ella.
Pero, evidentemente, el Presidente no tenía decidido, o consensuado internamente en el frente gobernante, el nombre para el remplazo.
Tantas idas y vueltas no hacen otra cosa que debilitar su imagen pública y su autoridad al frente del gobierno.
Pero eso no parece interesar, por el momento, al jefe del Ejecutivo. Todo conduce a la confirmación de una estrategia de confrontación por el control de la Justicia, que al kirchnerismo le quedó inconclusa en el ciclo que terminó en diciembre de 2015 por la oportuna resistencia política de la oposición de entonces y por la entereza de jueces y fiscales que hicieron honor a su capacidad y honestidad para defender los principios republicanos.
Los principios pudieron más que la sumisión por temor.
El trasfondo político que mueve al oficialismo a embestir insistentemente contra el Poder Judicial es claro.
La reciente denuncia penal contra Mauricio Macri por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un nuevo motivo de presión en el terreno judicial que se suma a la acusación por espionaje que sigue su avance en los tribunales.
Un trasfondo político que, se puede deducir, se potencia o disminuye según el avance judicial de las causas que involucran a la vicepresidenta de la Nación y a otros emblemas del kirchnerismo.
Una lamentable realidad. Intereses puntuales por encima de la necesidad de la ciudadanía, que espera de sus autoridades medidas que alivien una de sus principales inquietudes, como son la inseguridad siempre creciente en el marco de una generalizada violencia social.
En síntesis, que la justicia sea para servir las necesidades del pueblo y no las de la elite dirigente.
