La crisis venezolana puede haber escalado a un nuevo estadío, con la convocatoria de Corina Machado y González Urrutia a que las Fuerzas Armadas y de Seguridad desconozcan al régimen de Maduro. Las fuerzas militares y de seguridad son el apoyo más relevante hoy del gobierno chavista. Sin ellas, difícilmente pueda mantenerse en el poder. Pero no es fácil que el llamado de los líderes opositores tenga éxito. En un texto difundido por redes sociales, los dirigentes opositores reiteraron la denuncia de fraude electoral y la represión. Agregaron: “Hacemos un llamado a la conciencia de militares y policías para que se coloquen al lado del pueblo y de sus propias familias (...). Ustedes pueden y deben parar estas acciones de inmediato. Les urgimos a impedir el desenfreno del régimen contra el pueblo y a respetar, y a hacer respetar, los resultados de las elecciones”.
El documento insiste en que Maduro “se niega a reconocer que fue derrotado” y en miras a las protestas a su proclamación, sostienen que lanzó “una brutal ofensiva contra dirigentes democráticos, testigos (electorales) y hasta en contra del ciudadano común, con el propósito absurdo de querer ocultar la verdad”. Los firmantes denuncian que “el Alto Mando Militar se alinea con Maduro y sus viles intereses” y finalmente dicen que “Maduro ha dado un golpe de estado que contraría todo el orden constitucional”.
El gobierno venezolano reaccionó con dureza e inició y continuó acciones judiciales contra Corina Machado y González Urrutia. La fiscalía de Venezuela, el 5 de agosto anunció la apertura de una investigación penal contra Corina Machado y el candidato presidencial de la oposición mayoritaria por presunta “instigación a la insurrección”, después de que los líderes opositores exhortaran a policías y militares a “parar la represión”. Al mismo tiempo, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, entregó a la Corte Suprema las actas de la elección presidencial que dan el triunfo a Maduro, quien pidió a este tribunal que certifique el proceso tras las denuncias de fraude por parte de la oposición.
Cabe señalar que como parece suceder en Venezuela, en Occidente las Fuerzas Armadas se están transformando en árbitros de las crisis políticas. El 6 de enero de 2021 los partidarios de Trump tomaron el Capitolio, desconociendo la derrota electoral de su líder. Los demócratas se mantuvieron en la inacción y la crisis recién se definió dos días después, cuando los ocho jefes militares más relevantes encabezados por el Jefe de Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, se pronunciaron públicamente respecto de mantener la continuidad de la lealtad a la Constitución que han mantenido durante más de dos siglos. Ello puso fin a la insurrección alentada por el presidente. Un año después, el 8 de enero de 2022, partidarios del líder brasileño Jair Bolsonaro tomaron en Brasilia las sedes de los tres poderes, llamando a desconocer el resultado electoral desfavorable para su líder. La noche del mismo día, tras deliberaciones, los mandos militares decidieron no respaldar la insurrección, que así fracasó. En América Latina hay casos en esta dirección. Del 10 al 20 de noviembre de 2019 tuvo lugar en Bolivia una insurrección popular desconociendo el resultado electoral alegado por Evo Morales a favor de su reelección. El gobierno de Morales perdió el control de la calle. Las Fuerzas Armadas le quitaron respaldo y el presidente tuvo que abandonar el país. A su vez, el 7 de diciembre de 2022 en Perú, el presidente de izquierda Pedro Castillo concretó un “auto golpe” disolviendo el Congreso y destituyendo a la Suprema Corte. Pretendió desarticular los poderes institucionales que limitaban su accionar. Este auto golpe duró pocas horas y finalizó cuando el ministro de Defensa informó al presidente de que las Fuerzas Armadas no apoyaban la iniciativa presidencial. Castillo fue detenido y pese a una violenta insurrección de sus partidarios que provocó sesenta muertos, el Congreso y la Corte se impusieron. Esto refuerza el rol decisivo que está teniendo y va a tener el sector militar en la crisis venezolana, ya sea por acción o inacción.
Sin mayores probabilidades de generar un diálogo entre los sectores en pugna, los principales países de la región intentan hacerlo. El 5 de agosto, el presidente de Brasil, Lula da Silva, aprovechó una visita a Chile y la entrevista que tuvo con su par chileno Gabriel Boric, para ratificar su estrategia dialoguista para resolver la crisis venezolana. Según el presidente brasileño “el compromiso con la paz” es el motivo que lo llevó, junto con sus colegas de Colombia y México, a “promover el entendimiento” en Venezuela entre gobierno y oposición. Afirmó que “el respeto por la soberanía popular es lo que nos mueve para defender la transparencia”. Buscando protagonismo, el presidente francés Emmanuel Macron se comunicó con Lula para respaldar la intención dialoguista de los tres mayores países latinoamericanos de acuerdo a su población. Cabe señalar que ni Lula ni Boric reconocen a González Urrutia como vencedor de los comicios, como sí lo han hecho Argentina, Estados Unidos, Perú, Uruguay, Costa Rica y Panamá. Boric, en su cuenta de X, mantuvo una postura diferenciada: condenó las acciones judiciales contra Machado y el presidente electo y pidió al gobierno venezolano “respetar los derechos humanos”. La propuesta brasileña acompañada hasta ahora por México y Colombia tiene capacidad de atenuar la crisis, pero no de resolverla.
En definitiva, la crisis de Venezuela está en desarrollo y sin final a la vista, pero las Fuerzas Armadas jugarán un rol de arbitraje en su resolución.
* El autor es Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.
