A casi un mes de las elecciones regionales de Venezuela, las conversaciones entre oficialismo y oposición fueron interrumpidas por Maduro. Su argumento fue la extradición que el gobierno de Cabo Verde hizo del empresario Alex Saab -de origen colombiano- a los Estados Unidos. La justicia estadounidense lo requiere por lavado de dinero y otros delitos. Saab es considerado uno de los empresarios más importantes del chavismo y es muy próximo al Presidente, quien le había otorgado una designación de embajador para darle inmunidad diplomática, durante las conversaciones que hoy se han interrumpido. La oposición celebró la extradición y al mismo tiempo pidió volver a las negociaciones. Estas tienen lugar en México y han sido gestionadas por el Reino de Noruega. No está claro si la actitud de Maduro apunta a negociar algo o ya es un pretexto para llevar adelante el proceso electoral sin el consenso de la oposición. La Unión Europea ha comprometido una importante cantidad de observadores para garantizar la transparencia de esta elección. Tras confirmarse la extradición, el gobierno venezolano levantó la prisión domiciliaria de ex directivos de nacionalidad estadounidense de Citgo, la filial de la petrolera estatal PDVSA, que cumplen condena en Venezuela por corrupción, y los llevó a un lugar de detención desconocido. La medida fue interpretada como una réplica a la extradición de Saab, que será juzgado por un tribunal del estado de Florida.
El lunes 18 de octubre se cumplieron dos años del inicio de las protestas violentas en Chile, que derivaron en la convocatoria de una Asamblea Constituyente. El viernes 15, se realizó una marcha en la capital, Santiago de Chile, cuyo reclamo principal fue la libertad de los protagonistas de las duras protestas que siguen detenidos. También pidieron la renuncia del Presidente Sebastián Piñera. El lunes 18, al cumplirse los dos años del inicio de las protestas, las manifestaciones se reiteraron, con señales de violencia. La Constituyente que está funcionando está integrada por 155 miembros, 48 de los cuales son independientes y 17 son escaños otorgados a las diferentes etnias (la más combativa de ellas, la mapuche, tiene 8).
La Asamblea tiene entre 9 y 12 meses para redactar la nueva Constitución, que deberá ser ratificada en un plebiscito que se haría en 2022. Pero el 21 de noviembre se realiza la primera vuelta de la elección presidencial, con un pronóstico de baja concurrencia y fuerte fraccionamiento y debilitamiento de las estructuras partidarias tradicionales. El primer lugar hoy lo obtendría Gabriel Boric, un candidato emergente de las protestas, aunque no de su ala más radicalizada. Ronda el 20%. El segundo lugar lo tendría, sorprendentemente, el candidato de la ultraderecha, José Antonio Kast, que ha crecido en las últimas semanas.
En Perú, se ha profundizado el conflicto entre el Presidente Pedro Castillo y el partido Perú Libre, que lo presentó como candidato. Tras el reemplazo del Jefe de Gabinete, este partido (que se define como marxista-leninista) anunció que no apoyará al nuevo gobierno y acusó al Presidente de haber girado a la derecha. Pero el líder del partido, Vladimir Cerrón, dijo después, vía Twitter, que “Perú Libre no ha pasado a la oposición”. En los últimos años, Perú ha mostrado una fuerte inestabilidad política. En el período presidencial precedente se sucedieron cuatro mandatarios. El conflicto entre Castillo y Perú Libre se plantea cuando el oficialismo se apresta a cumplir los primeros cien días de gobierno. Además del Jefe de Gabinete (Guido Bellido), el Presidente reemplazó a siete ministros y seis viceministros. La reemplazante de Bellido es Mirtha Vázquez, militante de los derechos humanos y considerada una “izquierdista dialoguista”. Los nuevos ministros deben ser aprobados por el Parlamento, integrado por 130 legisladores y se requieren 66 votos para aprobar un nuevo gobierno. Perú Libre tiene sólo 37, pero hoy no está claro cuántos de ellos responden a Castillo por un lado, o a Vladimir Cerrón por el otro.
Ecuador vive también una crisis de gobernabilidad, con el enfrentamiento entre el Presidente y el Congreso. Este está integrado por 137 legisladores, de los cuales sólo 25 responden al Presidente. El 29 de septiembre, el Congreso rechazó un proyecto de reformas presentado por Lasso, fortalecido en la opinión pública por la masiva vacunación que logró llevar adelante. En esta situación, Guillermo Lasso ha dicho que recurrirá al procedimiento constitucional de “muerte cruzada”, por el cual, cuando los conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo impiden la gobernabilidad, el Presidente puede disolver el Congreso y llamar nuevamente a elecciones legislativas. Se trata del artículo 148 de la Constitución ecuatoriana sancionada en 2008, que nunca ha sido aplicado hasta ahora. Para poner en marcha este mecanismo, se requiere el acuerdo de la Corte Constitucional.
Durante el periodo que medie entre la disolución del Congreso y la puesta en funciones del nuevo, el Presidente deberá gobernar bajo la tutela de esta Corte. La imagen presidencial parece haberse visto afectada en las últimas semanas por la inclusión de Lasso en los Pandora Papers. El Presidente denunció una “conspiración” liderada por el expresidente Rafael Correa.
En Bolivia, la crisis política desatada a comienzos de octubre con fuertes manifestaciones en las calles a favor y en contra del Gobierno, han llevado al Presidente Luis Arce a denunciar un intento de “voltear” su gobierno.
En conclusión, una región compleja que cuando parecía girar a la izquierda, surgen situaciones en otra dirección.
