Especialistas señalan que nuestro Poder Judicial atraviesa una crisis de imparcialidad, de eficacia y de calidad. Este divorcio entre la gente y el sistema de justicia se traduce en inseguridad jurídica y afecta la institucionalidad del sistema democrático.
En la actualidad el fuero penal federal está concentrado, politizado y saturado de causas. Muy pocos juzgados y fiscalías intervienen en los casos de corrupción, narcotráfico y trata de personas, con causas que duran hasta catorce años. La percepción de la sociedad es que se trata de una justicia pendular, que actúa según el gobierno de turno y el clima político.
El proyecto de ley de reforma de la Justicia Penal Federal impulsado por el gobierno de Alberto Fernández, forma parte de una iniciativa más amplia para poner en la agenda de debate público una reforma integral del Poder Judicial que permita pensar en una justicia independiente, transparente, con procesos rápidos y eficientes.
La reforma que se propone (que toma como base un proyecto elaborado durante el gobierno de Mauricio Macri) prevé la reestructuración del fuero penal federal y la creación de 46 nuevos juzgados y fiscalías en Capital Federal y 179 en las provincias, estableciendo además un plazo de dos años para cumplir con la puesta en funcionamiento del sistema acusatorio en el fuero penal federal.
La designación de los nuevos magistrados se realizaría por concurso con prueba de oposición oral y pública para dar transparencia e igualdad de oportunidades a quienes se postulen y para que empiece a funcionar desde ahora, se crea un sistema de subrogancias por un año con todas las garantías y controles de la Cámara Nacional de Casación Penal, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación.
Es importante destacar en respuesta a algunos sectores de la oposición que sostienen que el único objetivo de la reforma es la impunidad para algunas de las causas por corrupción en curso, que el proyecto no afecta las mismas ni los jueces o fiscales a cargo.
Además del referido proyecto, fue creado un Consejo Consultivo con juristas notables y ad honorem, con la finalidad elaborar propuestas concretas sobre un mejor funcionamiento del sistema judicial (Corte Suprema de Justicia, Consejo de la Magistratura, Ministerio Público Fiscal y Juicio por Jurados) que servirá como base para los futuros proyectos que serán remitidos al Congreso de la Nación.
Una reforma judicial tan esperada como necesaria requiere de un acuerdo político amplio, de consensos y propuestas. Es en el Congreso de la Nación donde se darán esos debates sobre la justicia que nos debemos. Una justicia independiente de los otros poderes, imparcial en sus decisiones y al servicio de la gente. Esperemos que sin egoísmos ni sectarismos y con la participación de todos los sectores del arco político seamos capaces de lograrlo.
*La autora es Abogada - UBA
