La necesidad de reformar nuestra Constitución es evidente. Nunca será el momento ideal; tal vez hoy tampoco, por muchas causas; pero se justifica si contiene un proyecto de Porvenir, ¡consensuado! Porque hoy en que lo público está severamente cuestionado es cuando nos miramos y descubrimos nuestras falencias y buscamos salidas, ¡horizontes!
Sobran temas como formas “democráticas” y “participativas” o “derechos fundamentales”, “habeas corpus” y “amparo” (aunque urge establecer instrumentos de participación empresaria, sindical, organizaciones sociales).
Todos esos aspectos están en nuestro sistema Nacional, ya rigen y sería una pérdida de tiempo discutirlos.
Tampoco sumar derechos porque tenemos muchos ya comprometidos e incumplidos. Menos oportuno es incluir imprecisiones como diferencias entre oportunidades para “varones y mujeres” en el “Estado” y para “géneros” en el ámbito “privado”.
Fuera del pobre argumento del “ahorro” en un órgano esencial (que no llega al 1% del presupuesto), compartimos la idea de la Legislatura unicameral; porque la división actual nada expresa en su base de representación. Es acertado asegurar la presencia de, al menos, uno por cada municipio; aunque se queda corto si no contempla distritos de importancia que deben estar como Palmira, Uspallata, La Consulta, Vista Flores, Villa Atuel, Bowen, etc… (lista que debe construir la Política).
Desacierta el “proyecto” al precisar un número de representantes por “región” porque llevan a sospechar especulación, cálculo mezquino, “padrón en mano”; como también es un error la eliminación de elecciones “de medio término” ya fracasada en la reforma de “Lanusse ’72”, que impidió una compulsa electoral en marzo de 1975 que muy probablemente hubiera evitado -o al menos dificultado- el golpe de 1976.
Es demasiado un lapso de cuatro años sin renovación de legisladores, no por su producción legislativa sino por sus “acuerdos” para designaciones de jueces, fiscales y de autoridades de controles independientes. Sobretodo, cuando los partidos políticos, carentes de representación -imposibilitados de asumir compromisos- y electorado de grande -y veloz- movilidad con poco apego a vínculos estables nada garantizan.
Es necesaria la separación de elecciones respecto de las nacionales (como Córdoba) y terminar con impagables campañas donde se decide lo provincial bajo el fuerte patrocinio de las nacionales sobre temas excluyentes del AMBA y provincia (49 % del padrón Nacional).
El Consejo de la Magistratura y el Jury de Enjuiciamiento de Magistrados deben abrirse a otros sectores.
Los decretos provinciales con “naturaleza legislativa”, sin soporte constitucional, exigen una Comisión Legislativa que resuelva con urgencia y obligatoriedad sobre ellos; especialmente cuando tratan materias no delegadas a la Nación (ni al Jefe de Gabinete), como la salud pública.
Evitemos ambigüedades como “reformular atribuciones que el transcurso del tiempo ha puesto en desuso” en órganos fundamentales, debe ser concreto y terminante al referir cuáles eliminar.
Necesitamos fortalecer la independencia del Poder Judicial asegurándole la facultad de establecer su presupuesto (que no llega al 4% del total) sin “pasar” por el Poder Ejecutivo; revisión por la Legislatura, con posibilidad de insistir fundadamente sobre las objeciones y aportes formulados. Es insostenible el peregrinaje diario a Hacienda para el pago de sus cuentas, a fin de autorizar vacantes y emitir cheques, que hoy -y desde hace dos décadas- lesiona su independencia.
La autonomía municipal es una deuda. Urge establecer autonomía con representación en procesos electorales locales en municipios y también en sus distritos más importantes, como lo aconseja Gabriela Ábalos; y la incorporación de un instrumento de control sobre la coparticipación incluyendo criterios objetivos de reparto, verificables, controlables.
Constitucionalizar organismos: Procuración General, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado (¿fusionada con Asesoría de Gobierno?) y Ministerio Público de Defensa, sumando entes de protección del ambiente; de los usuarios (diferenciados por servicio); de consumidores; de la familia; de las personas en condiciones de encierro; del -ya mencionado- control sobre coparticipación de fondos municipales y de la Oficina de Investigaciones Administrativas, Ética Pública y Acceso a la Información.
La norma que excluye la reelección de gobernador debería ser contundente (no debe ordenar “mantener”); sugerimos un texto preciso: “Esta declaración de necesidad de reforma de la Constitución no incluye la reelección inmediata de gobernador y vice, por lo que el texto del primer párrafo del artículo 115 se encuentra expresamente excluido”.
El proyecto elude importantes cuestiones esenciales: ¿no discutiremos los usos y prioridades sobre las aguas públicas?; ¿sobre la misión de la Dirección General de Escuelas frente al mundo de la Inteligencia Artificial? Son temas constitucionales vigentes, pero pensados en 1916. En ese momento la Dirección General de Escuelas, el Banco de la Provincia y el Departamento General de Irrigación fueron proyecto de política de Estado.
Sin ellos, el proyecto es un sólo una “remake”; ¡carece de fuerza transformadora! Sin el “Porvenir” la reforma se queda en el pasado. Sólo apunta a intereses de los abogados, de la política menor, antigua, la partidaria… la más despreciada…
Afirmamos con Carlos Egües que la Reforma será “la expresión normativa del proyecto político de una comunidad”.
Compartimos la decisión reformadora y también el momento, pero sólo la concebimos como misión de la Alta Política de la que es capaz nuestra provincia; pero en el “proyecto” faltan el “proyecto político”, el Porvenir y los consensos que los incluyan y que deben ser construidos, ¡hay tiempo!
