La mayoría de la oposición provincial ha dejado en claro su rechazo al proyecto de reforma constitucional que fuera propuesto por el actual gobernador. La posición no es caprichosa, sino que se sustenta en el convencimiento de que la misma es chata, insuficiente en partes y se presta para equívocos en muchas otras. De ahí que decir que la reforma cuenta con legitimidad política es toda una falacia.
Reconocimos y reconocemos la necesidad de avanzar en un proyecto de reforma y así lo hemos manifestado en distintas instancias, documentos y declaraciones. El problema radica en que, a la mesa de discusión, no estamos invitados.
Nótese que seguramente sobran los dedos de las manos para contar cuantos mendocinos de a pie conocen el contenido de la reforma, sumado a que la elección que determine el “si” o el “no” se pretende realizar junto con la elección de quienes llevarán a cabo la reforma. Sintéticamente el planteo es “usted vote, después le contamos para qué”. Es decir: no cuenta con legitimidad política ni popular.
Reformar la constitución no es ni puede ser considerado un mero trámite, sino un asunto en el que deben estar involucrados vastos sectores de la sociedad: académico, profesional, político, cultural, etc., contando con el conocimiento y la aprobación de la sociedad en general.
Recientemente hemos leído en algunos medios de comunicación, la posición fijada por un ex funcionario del gobierno de Alfredo Cornejo, Martín Kerchner, que en una manifestación de lo que parece ser amor irrefrenable por el ajuste plantea la “maravillosa regla del buen administrador” por la cual él plantea habérsela “jugado”.
Desconcertante. ¿Cómo es posible sentir con ese fervor, jugársela, por la regla del buen administrador y haber endeudado tanto una provincia? Personalmente, creo que Kerchner efectivamente se la jugó, pero perdió estrepitosamente. De él sólo recordamos deuda, pago de intereses, desocupación, aumento de la pobreza, mendocinos reclamando por salario digno y no mucho más.
La columna medular de la reforma, defendida por el oficialismo de Cornejo y Suarez, está constituido por garantizar el equilibrio fiscal, propósito que nos preocupa teniendo en consideración el afán de ajuste que ha guiado a los últimos dos gobiernos provinciales.
¿Qué se entiende por equilibrio fiscal? Sintéticamente se trataría de gastar lo mismo o menos que se recauda. Para explicarlo algunos, como Kerchner, caen en la frivolidad de comparar un Estado con una familia: dejémoslo en claro de una vez, una familia no se asemeja a un Estado. Las familias no exportan ni importan, no fluctúan conforme las monedas de los vecinos del barrio, no devalúan, no juegan a la timba financiera, etc.
Nos parece adecuado que un Estado procure el equilibrio fiscal, el problema se plantea cuando para lograr ese equilibrio se producen recortes en algunas áreas sensibles de la economía local. El equilibrio no debe aplicarse con fórceps “ajustando la cabeza al sombrero” como explicaba Jauretche, sino, adecuando el sombrero a esa cabeza.
Nótese que son muchas las nefastas experiencias que ha debido atravesar el pueblo argentino, en las que en pos del equilibrio fiscal se despedían trabajadores, recortaban jubilaciones, cerraban escuelas y hospitales, etc., mientras que los planes para el desarrollo productivo endógeno, de generación de riqueza genuina, no llegaba jamás.
Mucho de eso hemos vivido las y los mendocinos los últimos años: una provincia que supo ser próspera, que contaba con una economía de jerarquía en el oeste nacional, aprovechando su ubicación geográfica estratégica, con industrias florecientes (vitivinícola, metalmecánica, etc.), nos transformaron en una provincia de persianas caídas, sin industrias, sin producción y sin generación de recursos genuinos. Transformaron el Estado provincial en un recaudador de impuestos que paga algunos sueldos, eso es todo.
Sin recursos, el tan mentado equilibrio pretenden lograrlo a partir del endeudamiento y el ajuste sobre las y los ciudadanos: aumento de impuestos, salarios a la baja, aguinaldo en cuotas, etc. Eso es lo que pretenden constitucionalizar, el ajuste sobre las y los mendocinos.
Por último, no queremos dejar de advertir el tono discriminador y estigmatizante que tiene Kerchener con todos aquellos que nos consideramos parte del PJ. Dice textualmente: “La responsabilidad fiscal debe tener rango constitucional, para que sirva de dique de contención de los irresponsables del PJ de ayer, de hoy o de mañana.” Podemos estar en desacuerdo, ser de partidos distintos, pero le pedimos que no maltrate de esa forma a miles de mendocinos que sentimos lealtad por determinadas ideas que no coinciden con la suya. Además: no procure una reforma para o por el PJ, hágalo en beneficios de todas y todos los mendocinos.
Todos esos temas y muchos más estamos dispuestos a discutir y debatir con este gobierno y con todos los sectores que sean invitados a la participación. Pero lamentablemente, el gobierno sigue una tradición que fue iniciada años atrás con el ex gobernador Alfredo Cornejo, de falta de debate, de autoritarismo y represión. Nada de eso será avalado por quienes sostenemos la democracia popular y participativa como principio.
*El autor de la nota es Senador Provincial (PJ)
