Un claro y contundente aval a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) otorgó esta semana la Corte Suprema de Justicia, al hacer lugar a la demanda presentada por el gobierno porteño contra la Nación por el decreto de necesidad y urgencia presidencial que ordenó el cese temporal de las clases presenciales en todo el ámbito metropolitano de nuestro país.
El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta recurrió al máximo tribunal, como le compete, denunciando la violación del Ejecutivo nacional a sus atribuciones autónomas.
Quedó demostrado, a partir de la resonante sentencia, que lo que hizo el Presidente fue extralimitarse en sus funciones como titular del Poder Ejecutivo.
Por ello, como bien señalaron y coincidieron expertos constitucionalistas y serios analistas políticos, muy pocas veces el máximo tribunal de justicia del país tuvo semejante unanimidad para cuestionar a un Presidente la legalidad de sus actos de gobierno.
El fallo adquiere más relevancia aún si se tiene en cuenta que dos de los firmantes, los jueces supremos Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, que suscribieron en conjunto una misma resolución, fueron constituyentes en la Asamblea que reformó la Constitución en 1994 y que le dio a la ciudad de Buenos Aires el rango de autónoma.
Es decir, son amplios conocedores del tema en cuestión.
Por su parte, el doctor Carlos Rosenkrantz, presidente del máximo tribunal, señaló en los considerandos de su fallo que la decisión de si la escolaridad debe realizarse bajo la modalidad presencial o la virtual en los establecimientos que dependen de CABA, o que son regulados por ella, “corresponde, en principio, a ese Estado y no a la Nación”.
Y dejó a consideración del Congreso eventuales futuros planteos de idéntica índole, conforme lo establece la Constitución en distintos incisos del artículo 75.
Otro dato saliente del reciente fallo: la Corte también le negó facultades al gobierno nacional para crear una nueva región en el país.
Lo hizo refiriéndose a la llamada Área Metropolitana de Buenos Aires (conocida como AMBA), una definición que adoptó el actual gobierno para tomar acciones que incluyan a la ciudad de Buenos Aires y los partidos que conforman el Conurbano.
Indicaron los jueces que el AMBA “no es una región en términos constitucionales”.
Otra sustentación para el planteo efectuado por el gobierno porteño.
Como era de esperar, en virtud de la tensión política generada desde el kirchnerismo por las decisiones autónomas del gobierno porteño, desde la Casa Rosada emitieron un amplio comunicado crítico de la decisión de la Corte que generó mayor tensión política y colocó, lamentablemente, a la Corte en la mira de autoridades nacionales que, una vez más, desconocen los principios de la división republicana de poderes.
Lo que estableció el fallo fue la decisión de resguardar los derechos autónomos que CABA y todas las provincias argentinas tienen por imperio de la Constitución Nacional para evitar atropellos del poder central.
Los temas educativos y sanitarios corren por carriles diferentes. No debería haber otra interpretación.
Sin embargo, a partir del fallo, desde distintos sectores del gobierno, incluyendo al presidente y a la vicepresidente no dejaron de disparar fuego grueso contra el máximo tribunal, casi al borde de la insubordinación.
