Una de las noticias protagonistas de los medios en la última semana fue el congelamiento de precios de 1.432 productos hasta el 7 de enero próximo. Entre los artículos afectados hay vinos, quesos, dulces de fruta y otros productos vinculados al agro.
A lo largo de la semana se han escuchado decenas de voces a favor y en contra de la medida. Quienes la apoyan, plantean el freno de las subas contribuirá a una recuperación del poder adquisitivo de los salarios en el corto plazo, en un momento delicado con en el que cuatro de cada diez argentinos es pobre. Quienes se oponen, sostienen que se trata de un “parche” que no resuelve los problemas de fondo que dan origen a la inflación y advierten que, cuando la medida termine, el shock de subas será más difícil de enfrentar.
Ahora bien, si en vez de enfocar el análisis en el consumidor, se enfoca en quienes producen los artículos con valores congelados, la cosa cambia. Es cierto que el Gobierno nacional mantuvo diálogo con las empresas que forman parte de la lista, pero terminó publicando la resolución del congelamiento sin llegar a un acuerdo.
En líneas generales, el sector empresario local se mostró completamente en contra de la medida. Algunos referentes del sector vitivinícola, por ejemplo, advirtieron que la normativa puede generar desabastecimiento en el mercado, incluso de los vinos que no forman parte de la normativa.
El problema es doble. Por un lado, quienes forman parte de la lista deben producir en un escenario de costos crecientes, pero sin poder cobrar más por sus productos terminados. Por el otro, quienes son ajenos al congelamiento, deben salir a competir en un mercado con valores desvirtuados. De una forma u otra, la intervención estatal resulta poco atractiva para las empresas.
Quizás los efectos negativos no sean tan notorios en el corto plazo, pero la imposibilidad de colocar en góndola un precio acorde a la realidad en una economía con una inflación cercana al 50% anual, es sin duda un problema mayor.
Pasó incluso con Precios Cuidados. Muchas bodegas que formaban parte del programa pidieron luego ser excluidas de las siguientes ediciones porque les era imposible sostener los valores que el Gobierno exigía. Sin dudas, la solución a la inflación está lejos de la intervención estatal sobre los precios.
