El pasado domingo por la noche estábamos con mi esposa mirando por la ventana de nuestro cuarto hacia la ladera occidental de la cordillera de los Andes, ladera sobre la cual hace ya 486 años comenzó a erigirse la vieja Santa Fe de Bogotá. Conversábamos sobre los bocinazos y los fuegos artificiales que se veían en el cielo por causa de la movilización venezolana que estaba tenido lugar en toda la ciudad ante el proceso electoral en el vecino país. En un momento, y luego de un lapso de silencio entre ambos, comentamos: ¿será así que se atestigua el fin de un autoritarismo? Sin embargo, tres horas después, silencio en las calles. Es que pasada la media noche bogotana, el Consejo Nacional Electoral (CNE), ente responsable a cargo de los comicios, anunció que Nicolás Maduro había sido reelecto como presidente de Venezuela para el período 2025-2030, acontecimiento diametralmente opuesto a lo previsto por consultoras internacionales. Ante ello, no podíamos dejar de preguntarnos respecto a qué es lo que había hecho que muchas personas, incluso nosotros, creyéramos factible la posibilidad de que los resultados electorales que se observarían realmente serían un reflejo del descontento venezolano que impera en un amplio sector de la población venezolana, malestar el cual ha llevado a migrar y abandonar su país a casi 8 millones de habitantes.
En principio, podemos aludir que fue una combinación entre oportunidad y confianza. En lo que a oportunidad se refiere, la competitividad e incluso algunas victorias obtenidas por el arco opositor en las elecciones locales y regionales del año 2021 hicieron que la dirigencia opositora viera como factible comenzar a generar alternancia en el poder por vía de estrategias no violentas. A esto se lo conoció como el efecto Barinas, ya que la oposición logró vencer al oficialismo en lo que se considera la cuna del chavismo, ya que es tanto el estado donde nació Hugo Chávez como así también, y particularmente hablando, el lugar que ha sido gobernado de manera ininterrumpida por la familia Chávez desde 1998. En este sentido, Goliat había sangrado y era posible derrotarlo. Todo esto explica, en segundo lugar, los procesos de negociación entre el gobierno venezolano y la Plataforma Unitaria (coalición electoral y de diálogo opositora) retomada en Barbados, bajo el auspició directo de Noruega, pero con el seguimiento y la mediación indirecta de otros países: Barbados, Rusia, Países Bajos, Colombia, México y Estados Unidos. Allí se acordaron compromisos electorales que dieran horizonte temporal concreto a cómo es que se iba a llevar adelante la elección presidencial del año 2024; siendo que oficialismo y oposición lograron consolidar acuerdos compartidos sobre temas como la cuestión del Esequibo. Si bien muchos de los puntos acordados fueron parcialmente respetados (ej. Corina Machado fue impedida de participar como candidata presidencial por la coalición Plataforma Unitaria a pesar de haber obtenido en la interna partidaria más del 90% de los votos válidamente emitidos), estos acuerdos contaban con el apoyo de actores centrales de la comunidad internacional, siendo el más destacado de ellos las flexibilizaciones realizada por el Tesoro de Estados Unidos a las sanciones económicas que se le aplican actualmente a Venezuela; o así también el intercambio de detenidos entre Estados Unidos y Venezuela, lo cual permitió que detenidos estadounidenses en Caracas volvieran a su país a cambio del empresario Alex Saab, individuo históricamente identificado como testaferro del chavismo.
En conjunto, todo lo anterior generaba la sensación de que, a pesar del incumplimiento de varios de los puntos acordados en Barbados, la marea electoral en contra del oficialismo permitía pensar en un cambio dentro del régimen venezolano. Pero nada de eso pasó y Venezuela se encuentra, si bien con otras características, ante una coyuntura crítica que definirá el tenor de las relaciones entre actores locales que se viene de cara a las próximas semanas y meses. En este sentido, los actores locales ya no confían entre sí, y hay ansiedad por saber qué es lo que prevén hacer. En lo inmediato, hay dos preguntas que nos ayudan a reflexionar un poco sobre la situación: a) ¿qué legitimidad tiene el sistema político venezolano?; b) ¿cuáles son las condiciones para llevar adelante una resolución pacífica y democrática del conflicto?
Sobre la primera pregunta, la falta o ausencia de legitimidad no está en el régimen (la forma en la que se accede al poder) ni en el gobierno (dirigentes de turno que tienen el timón de la política), sino en el sistema político todo ya que carece de capacidad para procesar las interacciones políticas que acontecen en una comunidad y territorio dado sin silenciar o censurar todo aquello que se muestre en desacuerdo con el oficialismo. Pensada de esa manera, la oposición tiene nula confianza en que el sistema de justicia venezolano efectivamente pueda procesar las demandas legales que pudiera presentar en contra del gobierno. Es así que, al finalizar el escrutinio y al salir a denunciar fraude, la principal opositora del oficialismo, Corina Machado, se vio expuesta a tales niveles de amenaza (gubernamentales y no gubernamentales) los cuales llevaron a que el Gobierno de Costa Rica le ofreciera asilo político en su embajada en territorio venezolano. Tampoco se tiene confianza en que el CNE, encabezado por Elvis Amoroso, ex-legislador y constituyente por el PSUV (principal partido del chavismo), efectivamente pueda garantizar una transparencia tanto en la revisión y auditoria de las actas; situación la cual se ve oscurecida aún más frente a acusaciones como las realizadas recientemente por el ex-vicepresidente colombiano, Francisco Santos, respecto a la potencial injerencia que estarían teniendo delegados cubanos y chinos en la fragua de actas electorales dentro de Venezuela.
Sobre la segunda pregunta, respecto a cuáles son las condiciones para llevar adelante una resolución pacífica y democrática del conflicto, lo cierto es que en los últimos 25 años Venezuela a descendido en tobogán hacia esquemas de alta violencia no solo producto de la consolidación de lo que Maduro ha dado llamar como la “unión cívico-militar-policial perfecta” sino también por la expansión en el territorio de grupos armados ilegales que disputan el control efectivo del territorio por parte del Estado. Además de la ya conocida violencia urbana asociada al empobrecimiento y la ya crónica crisis económica de Venezuela, según la ONG internacional Amazon Underworld, casi el 50% del territorio venezolano cuenta con presencia ilegal de grupos armados, específicamente hablando el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esta situación ha hecho que amplios segmentos del territorios se volvieran extremadamente violentos y difíciles de circular ya que el Estado venezolano no puede garantizar el ejercicio pleno de su soberanía sobre esos territorios. También en relación a ello, otro aspecto delicado relacionado a la violencia es el financiamiento de estos grupos armados. Si bien es cierto que desde un punto de vista del financiamiento siempre se ha destacado la manera en que dichos actores han hecho usufructo del comercio de la cocaína como su principal fuente de recursos económicos, también es cierto que áreas no menos redituables, tales como la minería (principalmente, oro) o la tala ilegal, han demostrado que los actores (tanto legales como ilegales) han sabido constituir redes productivas y de protección que les han permitido consolidar cadenas de valor regionales en la producción y comercialización ilegal de dichos bienes. En este sentido, la violencia no sólo existe debido a la presencia de grupos armados ilegales sino también por causa de los arreglos locales entre autoridades gubernamentales, estatales y de la sociedad civil con dichos actores. Todo ello significa que la lógica de la violencia es algo que viene permeando desde hace tiempo en las dinámicas tanto económicas como político-sociales del país. En otras palabras, lo mencionado hasta aquí hace entender que la violencia forma parte de las principales herramientas articuladoras del poder a lo largo y a lo ancho del territorio venezolano; red la cual se presenta como difícil de desarticular.
Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que los actores políticos locales no opten por vías violentas dado lo acontecido el domingo 28 de julio? Lamentablemente, bajas. Desde la perspectiva de la oposición, la ruptura y no cumplimiento de las premisas electorales acordadas en octubre del año pasado le hacen creer que toda respuesta que pueda provenir por parte del gobierno de Maduro carece de valor y confianza. Lo que es aún más complicado: a la luz de los resultados electorales del 2021 y el supuesto apoyo político actual con el que contarían (el cual fuera relevado por las encuestas previas a la elección), les da motivo a la dirigencia opositora a llamar a una movilización constante en las calles; susceptible esta de adoptar estrategias violentas si así fueran dado los altos niveles de represión que se esperan por parte de la “unión cívico-militar-policial perfecta”. En este contexto, para ellos ganar las calles se vuelve imperativo a los fines de forzar una claudicación del oficialismo. Lo cierto es que, al cometerse las irregularidades que se cometieron durante el escrutinio del domingo pasado, quedó demostrado que Maduro se encuentra dispuesto a seguir presionando, más fuerte, el acelerador hacia esquemas autoritarios. A pesar de los comportamientos legalistas distractores que el presidente Maduro viene realizando, tales como el de presentarse ante la justicia para que se de inicio a las investigaciones pertinentes sobre lo ocurrido durante el proceso electoral, no sorprendan declaraciones tanto suyas como de importantes dirigentes oficialistas como Jorge Rodríguez respecto al potencial “derrame de sangre” que podría ocurrir por causa de los comportamientos de la oposición.
En consecuencia, ¿qué factores parecerían ser aquellos que contribuirían a la pacificación de lo que está aconteciendo en Venezuela? A mi criterio, la comunidad tendrá mucho que decir sobre este punto. Tal y como quedara demostrado hace unos días, el clima de deslegitimidad en el que se encuentra sumergida la OEA desde hace varios años hace que el amplio universo de la comunidad internacional se vea reducido a tres países: Brasil, Colombia y Estados Unidos. En el pasado reciente, todos ellos tuvieron una participación activa tanto en los Acuerdos de Barbados como así también en las negociaciones que se están llevando adelante actualmente entre Venezuela y Guyana respecto a la cuestión del Esequibo. ¿Por qué estos países son centrales para entender los posibles diálogos entre la oposición y el oficialismo venezolano? Sencillamente hablando, la consolidación de una paz interior en Venezuela les garantizaría alcanzar intereses propios. Brasil, Estados Unidos y Colombia comparten la inquietud respecto a que este conflicto interno pueda dar origen a un nuevo éxodo migratorio de la población venezolana, por lo que consensuar acuerdos entre actores venezolanos locales es una manera de prevenir que ello ocurra. Específicamente hablando, Brasil tiene interés en que el conflicto entre Venezuela y Guyana no siga escalando ya que implicaría desestabilizar su propia frontera. Por el lado colombiano, Colombia y Venezuela tienen una relación profunda, no sólo en términos económico-culturales, sino también de involucramiento en procesos internos propios. En este sentido, la mediación de Venezuela fue clave en los acuerdos de paz que se firmaron entre el ex-presidente Juan Manuel Santos y las FARC; como así también ha estado tomando amplia participación en la firma de lo que el gobierno de Petro a dado conocer como “Proceso de Paz Total”. De aquí que se entiendan las demoras en los diferentes comunicados publicados por el gobierno de Petro ya que Colombia es el país que más tiene en juego en el actual escenario.
Es verdad que tanto las presidencias de Biden, Petro como Lula no se encuentran en las mejores condiciones internas, pero es el contexto mencionado el que hace a dichos países los mejores interlocutores en el proceso ya que los intereses entre todos se presentan como interdependientes, en una situación para nada sencilla siendo que el equilibrio se muestra débil incluso para aquellos dirigentes o países que eran considerados hasta hace unos días aliados por el gobierno de Maduro (ej. Chile o dirigentes peronistas en nuestro país). Resta ver qué papeles terminan por asumir cada uno de ellos ante la búsqueda y el deseo de los actores locales venezolanos de querer seguir radicalizando su comportamiento dada la impotencia de no poder consolidar sus intereses propios y la desconfianza que tienen hacia la vereda opuesta.
*El autor de esta columna es el politólogo Mario Guillermo Guerrero.
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