A diferencia de otras reformas que empuja el Gobierno, la reforma política no es urgente. Por más frustrados que podamos estar con los resultados de la política pública en los últimos años, el sistema electoral funciona: se vota, se compite, hay alternancia y asumen el poder quienes ganan elecciones. Entonces, ¿por qué enmarañar aún más el proceso de reformas que busca Milei con un tema tan delicado para “la casta”? Claramente, el Gobierno tiene una hipótesis, una teoría, que lo lleva a pensar que esta reforma es necesaria. Si es así, entonces, ¿qué hay detrás de esta pulsión refundacional del gobierno en materia de reforma política?
La idea de patear el tablero, romper todo, pasar la motosierra, es un símbolo de este Gobierno. Sin embargo, y más allá de ello, es claro cómo detrás de cada “destrucción” hay una intensión “creativa”, o sea, de diseñar un nuevo esquema con nuevos ganadores y perdedores. Pero, en materia de reforma electoral, ¿quién gana?, ¿cuál es la estrategia de fondo?, cuando limpiamos el ruido demagógico, ¿qué sustancia del poder persiste?
Para tratar de aproximarnos a una respuesta, primero repasemos muy sintéticamente tres de estas reformas para ver algunas de las consecuencias que podemos esperar de ellas.
Actualmente, la Cámara de Diputados de la Nación se conforma a partir de que cada provincia vote una cantidad de diputados determinada por su población (por ejemplo, Mendoza tiene diez diputados que renueva por mitades, por eso votamos de a cinco). Los partidos presentan una lista de candidatos y en base al porcentaje de votos que obtienen, se llevan un porcentaje de bancas (distribuidas a través del sistema D’Hondt). En la propuesta del Gobierno, cada provincia se dividiría en tantos distritos electorales como diputados se votan, el trazo de los límites de dichos distritos sería competencia del Ejecutivo Nacional (a través de la Dirección Nacional Electoral) y el ganador de la elección en cada distrito, por simple mayoría, se lleva esa banca.
El paso de circunscripciones plurinominales con fórmula electoral proporcional (el sistema actual) a uninominales por simple mayoría (el sistema propuesto) genera efectos que podemos anticipar según la evidencia acumulada en la experiencia de otros países. Para los propósitos de esta nota, baste sólo mencionar uno: este sistema generaría un sesgo mayoritario (o sea, que beneficia más que proporcionalmente a los partidos más votados en detrimento de todos los demás). Al desaparecer la proporcionalidad se pierde la representación de las minorías partidarias, el ganador se lleva todo. Esto bloquea el acceso de las segundas fuerzas y los partidos pequeños a nivel del Poder Legislativo Nacional. El efecto final dependerá de cómo se tracen esos límites distritales, los que podrían ser manipulables. El diablo está en los detalles.
Las PASO han acumulado muchos desaciertos. A los ojos de la opinión pública, son un gasto innecesario y una fuente de inestabilidad. Por ello es fácil argumentar su eliminación. Sin embargo, varios estudios muestran que las PASO han asistido en contener la fragmentación política (el “número efectivo de partidos” -un índice que usa la ciencia política para ver cuántos partidos competitivos hay-, se redujo progresivamente desde el 2009 y, con él, mejoró la proporcionalidad del sistema electoral -la relación entre el porcentaje de votos que saca cada partido y el porcentaje de bancas que le son asignadas-). Al contener las facciones partidistas en un mismo espacio, se logra que las disputas se resuelvan previamente a la elección general y los votantes de fuerzas con “parecidos de familia” lleguen a las elecciones unidos, lo que ha favorecido en los últimos años la dinámica de coaliciones heterogéneas y amplias (como Unión por la Patria o Juntos por el Cambio).
En cuanto a la boleta única tiene varios méritos y algunos cuestionamientos. Para lo que aquí buscamos argumentar, baste con sostener que simplifica la fiscalización, lo que beneficia a fuerzas políticas que no tienen una estructura organizacional con presencia en todas las mesas de votación, y también facilita el corte de boleta en un escenario político multinivel con elecciones concurrentes, o sea en el que las personas pueden optar por fuerzas distintas a nivel municipal, provincial y federal.
¿Por qué el Gobierno busca estas reformas? La fuerte apuesta del Gobierno en empujar estas reformas puede tener que ver con lo poco que tiene en juego. Para las próximas elecciones, se juega sólo la renovación de 4 diputados y ningún senador. Cuando el riesgo de perder es bajo, podemos hacer apuestas más arriesgadas. Bajo esta premisa, podemos ver cómo un esquema institucional disruptivo, con claros sesgos mayoritarios, con la fragmentación de los demás partidos (en especial Juntos por el Cambio) favorecida por la eliminación de las PASO, y la simplificación de la gestión electoral gracias a la Boleta Única, fundamental para un partido con poca presencia territorial, generan un escenario mucho más favorable para que La Libertad Avanza (LLA) pueda sobrerrepresentar sus votos bajo este nuevo sistema de distribución de bancas. Si lo logra, resolverá su principal debilidad política actual: su escasa presencia parlamentaria.
Si LLA logra en las elecciones legislativas del 2025 obtener un resultado electoral similar al de la primera vuelta de la última elección presidencial -una apuesta arriesgada dadas las consecuencias sociales del ajuste-, con el nuevo sistema podría más que duplicar su representación parlamentaria actual manteniendo la misma cantidad de votos. Todo dependería del diseño de los distritos, pero, por ejemplo, en Mendoza podría levarse los cinco diputados que se renuevan en las próximas elecciones (La Libertad Avanza fue la fuerza más vota en todo el territorio salvo por Santa Rosa y La Paz), a diferencia de las tres que se llevó con el sistema actual.
¿Quiénes pierden con la reforma que impulsa el Gobierno? Fundamentalmente, los sectores de Juntos por el Cambio que no buscan ser parte del Gobierno (por ejemplo, buena parte del radicalismo) y las segundas y terceras fuerzas que gracias al sistema proporcional logran obtener representación parlamentaria (por ejemplo, el peronismo federal o el FIT). Los sesgos del sistema propuesto podrían forzar un bipartidismo en el que el Unión por la Patria y LLA logren traducir la polarización política en una distribución dicotómica del poder político institucional, haciendo desaparecen al centro político y los actores moderados o dialoguistas.
El tiempo dirá si estas conjeturas ayudan o no a informar las motivaciones del Gobierno. También, si estos resultados ocurren o no, pues la complejidad de la arquitectura institucional del sistema electoral genera que muchos de sus efectos sean contradictorios e imposibles de predecir. Por lo pronto, estas especulaciones pueden señalar las razones prácticas e intereses específicos que impulsan estas reformas, más allá de las narrativas ideológicas y las promesas de supuestas mejoras institucionales que observamos en estos días.
*El autor es politólogo
