Proyecto educativo provincial: con reformas no alcanza

“Los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo.”

George Santayana.

La sentencia del epígrafe, que ha popularizado mundialmente el poeta y filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borras, viene a cuento y sería oportuno considerarla, en momentos en que el gobierno mendocino anuncia su decisión de prorrogar para el año próximo, el tratamiento de la reforma educativa que se había puesto en marcha generando una diáspora difícil de superar.

Sin ánimos de enjuiciar peyorativamente lo actuado, no sería útil retomar la iniciativa, sin un análisis objetivo y desapasionado de las causas que frustraron inicialmente un propósito que debiera ser bandera para todos.

O acaso no es la educación la consigna que se ha invocado – muchas veces en vano – por generaciones de dirigencias de todo pelaje para lograr el favor popular o en el mejor de los casos, intentando reflejar el interés popular?

Lo cierto es que, como antes varias veces sucedió, las iniciativas en el terreno educativo generan reacciones encontradas, en las que subyacen las sospechas y por ellas, el miedo.

Naturalmente el miedo al cambio y sus habituales consecuencias desfavorables.

Casi siempre los cambios parciales han significado pérdidas para el sistema y en especial para los trabajadores de la educación.

Y es aquí donde Santayana puede darnos “una manito” con su sentencia.

Hagamos memoria.

Desde nuestra fundacional y más que centenaria ley 37 de Educación Común sancionada en 1897 hasta la fecha, varios han sido los proyectos e iniciativas tendientes a resolver el problema educativo provincial.

Recién con el advenimiento del siglo XXI, más de 100 años después, arribamos a la ley actual, que con sus jóvenes dieciocho años, ya merece ser derogada.

En el interregno, varios intentos, algunos en verdad trascendentes como el de 1973, abortaron en medio de contiendas en ocasiones innobles, en otras ideológicas, que por fundamentadas que fueran, se esterilizaron en pugnas en que el interés de las partes superó al interés común.

Aparentemente, el preanunciado destino de la 6970, nuestra ley actual, muestra que tampoco el consenso legislativo alcanzó para otorgarle a su ley, estatus de “política de estado”, condición que en materia educativa resulta insoslayable.

Estos antecedentes, prolijamente analizados y evaluados, con más la multitud de proyectos truncos y que deben estar descansando en los archivos de nuestra Legislatura, debieran proporcionar los elementos necesarios para afrontar no ya una mera reforma sino una verdadera transformación educativa en Mendoza.

Un verdadero proyecto provincial, de proyección estratégica, que apunte a potenciar el principal capital con que cuenta nuestra Mendoza: su población.

Cuando se estudia reformular la matriz productiva y los horizontes materiales no son muy propicios, los países inteligentes optan por invertir en el conocimiento y en la consecuente elevación cultural y científica de su población.

Una empresa a la que deben ser convocados todos los sectores de la comunidad y todas las áreas del gobierno y a la que hay que garantizar prioridades de inversión de recursos que hasta hoy están ausentes.

Y la consulta, con la modalidad que las circunstancias epidemiológicas permitan, debiera formularse mediante un temario que precise concretamente, en núcleos, los puntos de iniciativa que el gobierno quiere compulsar con la opinión pública y no con articulados de ley en borrador que, si bien pueden ser materia de análisis académicos, están lejos de interesar a las mayorías que es necesario incorporar.

Sin declaraciones altisonantes ni alardes del intelecto discursivo que luego quedan en nada ante la realidad, con la sobriedad y firmeza de las leyes originales que nos llevaron al podio educativo en América y con la fijación de responsabilidades sujetas a disposiciones punitorias, puede lograrse una ley capaz de vertebrar la transformación provincial que desde hace tiempo se pretende.

Basta de emparchar un sistema exhausto y decadente. Es preciso promover un cambio integral, que rescate a nuestros alumnos de la vergonzante desigualdad actual, que logre la definitiva dignificación de la docencia y que permita a la provincia toda transitar los 20 años de progreso que ha manifestado pretender el Gobierno.