Desde 1948 a la fecha, rige la definición de salud elaborada por la OMS: «La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no simplemente la ausencia de afecciones o enfermedades».
De esta forma, se llevó a cabo un viraje de un previo paradigma puramente organicista y fisiológico utilizado para definir la vida a otro en el que se reconoce como persona sana a aquella que se encuentra en estado de bienestar tanto en su cuerpo como en su mente, en sus relaciones interpersonales y con la sociedad.
Con la comprensión de la salud como propia del ámbito colectivo, el Estado debe responsabilizarse por la salud de cada ciudadano. Por lo tanto, los gobernantes en su conjunto tienen el deber de accionar determinados mecanismos para elevar el nivel sanitario, asegurar la cobertura médica de todos, estimular la prevención, controlar las enfermedades, establecer seguros y determinar la modalidad de financiamiento.
No hay duda que la salud se encuentra ínsita en el concepto de bienestar general al que hace referencia nuestra Constitución Nacional(CN), más aún, es un parámetro del bienestar y, como tal, un bien social, público y colectivo, y un corolario del derecho a la vida, a la integridad psicofísica y a la libertad.
Asimismo la expresión desarrollo humano, contenida en el inciso 19 del artículo 75 de la CN, ya referido, solo es posible a través de la protección efectiva del derecho a la salud.
La inequidad y la desigualdad en el acceso a la salud
Los esfuerzos por disminuir la inequidad en salud se han focalizado en el acceso a los servicios. Es decir, se ha buscado que hubiera la misma cantidad y calidad de servicios de salud para todos y cada uno de los habitantes. La lucha contra las inequidades es el mayor desafío de todos los sistemas de salud, no solo del nuestro.
Sin embargo, un sistema de salud equitativo no alcanza para resolver problemas de equidad anteriores a la asistencia médica, tales como la falta de agua potable y el saneamiento, o la carencia de vivienda digna, de educación y alimentación adecuada.
Si los servicios y la gestión de la salud funcionaran mejor, si aumentaran su efectividad con medicamentos esenciales y con atención programada desde el embarazo hasta la hipertensión o la diabetes, quienes menos recursos tienen podrían disminuir notablemente las consecuencias de carga de enfermedad.
Por su parte, la desigualdad es identificada como un obstáculo insoslayable para el crecimiento económico de un país. Por eso, las sociedades de mayor desarrollo en el mundo son las que han logrado niveles de equidad superiores dentro de ellas. Distribuir salud, educación, ingresos y alimentos son el corazón de una política de Estado que realmente pretenda reducir la injusticia.
Estos elementos conceptuales que hemos listado aquí, dentro de las limitaciones que impone este espacio, deben ser considerados como fundamentos a la hora de abordar cualquier discusión que toque directa o indirectamente el tema de la pandemia que atravesamos hoy y, particularmente, en lo que atañe a las posturas divergentes sobre la necesidad de retomar las diversas actividades productivas cuanto antes en aparente oposición a la necesidad de sostener la cuarentena obligatoria. Sea cual fuera la postura que el lector asuma, debería partir del reconocimiento del derecho universal a la salud, hoy y siempre.
*El autor es Economista. Autor de Economía y Salud entre otros libros vinculados con la Economía, la Salud y el Trabajo.
