Todo parece indicar que se cumplió la primera etapa de la nueva administración nacional. La firma del Pacto de Mayo, en coincidencia con la celebración del 9 de Julio, en Tucumán, deja la sensación de que no hay más puntos de partida para el actual gobierno.
Javier Milei ya tiene sellado su pacto con los gobernadores, postergado a la espera de la aprobación de la Ley Bases, con asistencia casi perfecta de aquellos jefes provinciales que habían anticipado su participación por coincidir plenamente con los preceptos libertarios en lo referido a administración del Estado. Incluso, la incorporación del tema educativo en el Pacto dio la sensación de flexibilidad del Gobierno para atender un reclamo que no era sólo de los gobernadores, ya que varias organizaciones vinculadas a la educación habían pedido incorporar dicha problemática en el acuerdo.
En la práctica el pacto sellado otorga el aval institucional, a través de las provincias, a las medidas que ya se vienen aplicando desde el 10 de diciembre (DNU 70) y que quedaron formalmente habilitadas a través de la Ley de Bases. Lo del Congreso fue el consenso político; la solemnidad en la Casa de Tucumán, el marco institucional.
Obviamente, quedan comprometidos los gobernadores que firmaron el acuerdo junto al presidente Milei. Aunque lo ideal sería ver que dicho consenso se traslade en el tiempo cuando haya otro presidente al frente de la Nación y otros gobernadores en cada provincia.
De todos modos, sí hay un mayor compromiso político temporal para los gobernadores, que siempre influyen en las votaciones de quienes representan a sus provincias en las bancas del Congreso. Eso se vio, en gran medida, durante el abordaje del ambicioso marco legal recientemente sancionado.
Hay lecturas para realizar. En primer lugar, reconocer que el respaldo político que el gobierno nacional necesitaba se dio. Es difícil no coincidir con las premisas planteadas sobre un más prolijo manejo de los recursos del Estado. Por eso la negativa de aquellos que no estuvieron es meramente política; no concurrieron los peronistas que no dialogan con la Nación y que resisten al nuevo manejo de los recursos que propone la administración de Milei. Pero no todos piensan así; hubo aval hasta de peronistas que gobiernan, empezando por el anfitrión, el tucumano Jaldo.
El discurso presidencial de esa noche/madrugada tuvo tres aspectos salientes. Primero la ratificación del rumbo y el reconocimiento a los gobernadores que firmaron con él. En segundo lugar, una crítica muy dura a los que no quisieron participar, a quienes acusó de ser representantes de la decadencia que este gobierno dice que viene a modificar. Pero también pidió el respaldo político que sabe que necesitará su gobierno en lo sucesivo para seguir aprobando en el Congreso medidas complementarias a Ley Bases, o a las que surgirán a partir de ésta, especialmente de la mano del recientemente incorporado Sturzenegger. Derogar leyes inútiles (hojarascas) o avanzar con privatizaciones parecen formar parte del arranque reestructurador que se pretende aplicar.
Milei pidió el respaldo que necesitará de ahora en adelante e invitó a los políticos de buena voluntad que quieran acompañar y formar parte de la nueva etapa de la Argentina, incluso aceptando propuestas que puedan mejorar lo que se impulsa. Esto es válido reiterarlo porque en su mensaje dejó la puerta abierta para que se asomen, incluso, quienes hoy están más distanciados pero que pueden garantizar que no constituyen mano de obra de lo que él sigue considerando la casta destructiva.
Es una mirada con tinte refundacional para reiniciar el derrotero institucional de la Argentina. Se ha construido la base legal de sustentación del gobierno de Milei. Ahora hay que ver la respuesta de la economía y si el respaldo político que está logrando le permite rectificar el rumbo del país.
El Presidente demuestra mantener gran parte del respaldo popular que lo llevó a ganar cómodamente en la segunda vuelta de noviembre último. La mayoría de la gente lo eligió como alternativa a una dirigencia política tradicional en declive y eso se mantiene inalterable, al menos en estos primeros siete meses de gestión. Tal vez por ello la mayoría de la gente aguanta el difícil momento económico actual, que, por otra parte, estaba previsto. Y en alguna medida la ciudadanía votó en mayoría por el mismo.
En esa realidad está inmerso el gobernador Cornejo, como los demás que estuvieron firmando en Tucumán. ¿Lo mueven convicciones al gobernador mendocino? Probablemente. Sí tiene coincidencias en cuanto al manejo de los recursos, algo con lo que Cornejo insiste cada vez que el tema surge públicamente.
“Queremos ayudar a que el gobierno renueve la expectativa de cambio de la economía, porque nosotros necesitamos que cambie la economía”. “Nuestras provincias necesitan que la economía funcione y crezca, necesitamos el orden macroeconómico. Esos instrumentos los tiene el Estado nacional”. Estos son algunos de los conceptos que el Gobernador expresó a la prensa o a través de las redes sociales luego de haber participado del solemne acto en Tucumán.
“Los diez puntos que firmamos en el Pacto de Mayo son lógicos y necesarios para reconstruir las bases de Argentina y reinsertar a nuestro pueblo en la senda del desarrollo. Queremos contribuir para que el Gobierno nacional logre el crecimiento de una economía libre y pujante, junto con la estabilidad macroeconómica del país. Este pacto es necesario para crear y renovar esa expectativa”, fueron otros puntos de vista que lanzó el Gobernador.
Reiteró algo que dice frecuentemente y sobre lo que tiene un punto de vista acertado: las provincias no tienen instrumentos de política económica, “o los tienen escasísimos. Para nosotros es imprescindible que el gobierno nacional ordene la economía. Estos diez puntos ayudan a crear y renovar la expectativa”. Fue reiterativo, como para que no queden dudas de que sigue alineado con el gobierno nacional. Luego se verá, seguramente pensará cuando le vienen a la mente los pasos a dar desde el punto de vista electoral. Para las votaciones del año próximo falta mucho, o no, según cómo se mire el tema.
Según Cornejo la firma del pacto demuestra que “es un gobierno (el de Milei) que tiene apoyo político y que sabe consensuar leyes. Eso es positivo para la Argentina”. “Nosotros estamos en una posición de equilibrio”. Estos últimos conceptos ratifican la inamovilidad del alineamiento en esta etapa de la gestión presidencial.
Repasando un poco el tablero partidario mendocino, un ejemplo de la crisis de liderazgo que caracteriza a la dirigencia política en general de da en estos momentos en la provincia con el justicialismo. Hay una serie de propuestas que se expresan a través de referentes departamentales, pero que no cuentan por el momento con el necesario nivel de adhesión partidaria como para encarar alguna movida importante. Quienes están relacionados con el PJ piensan que, inevitablemente, esos “caciques” territoriales tendrán que llegar a un nuevo marco de negociación partidaria con el camporismo, que, aunque bastante disminuido, sigue manteniendo un rol protagónico en la interna del PJ mendocino.
También ha tomado mucho protagonismo Celso Jaque en su nueva incursión como jefe departamental de Malargüe. Es respetado por su trayectoria política, aunque a esta altura de su ciclo se lo menciona más como un factor de unión y de colaboración en cuanto a encolunamiento partidario que como eventual candidato a un cargo de peso en la provincia o la Nación. Ya fue gobernador (tuvo mil tropiezos) y legislador nacional y su regreso a su departamento se mira más como una reivindicación a su paso por la política, lo cual no le resta ningún mérito.
Por otra parte, Jaque juega un rol muy importante para la eventual consolidación de la actividad minera que impulsa el gobierno de Alfredo Cornejo. Malargüe será un gran banco de pruebas para lo que se pueda extender al resto de la provincia si se dan las condiciones que fija la legislación minera vigente.
Tanto en el gobierno provincial como en el municipio del sur hay coincidencias en cuanto a la trascendencia de las inversiones que pueden llegar con una apertura a la actividad minera, más allá de que deban adaptarse al marco normativo vigente. Hay quienes sostienen que gran parte del arco político provincial tiene la misma mirada y reconoce que será necesaria más infraestructura para poder responder a la eventual demanda de inversores.
