En su edición del domingo 13 de este mes nuestro diario publicó un artículo en donde se exponen los grandes indicadores de la deuda social en nuestra provincia, que reflejan el preocupante cuadro de pobreza local en base a datos extraídos de los periódicos informes del Indec, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE) y el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.
La oportuna publicación comienza destacando que el Gran Mendoza está ubicado entre los conglomerados urbanos del país con mayor pobreza.
El 44% de personas en esa situación es elocuente. Pero no se trata sólo de un dato que afecta a la zona más poblada de la provincia, puesto que en general ésta tiene 42,4% de personas pobres.
Por otra parte, según el Indec hay casi un 61% de pobreza infantil en esta provincia.
Mendoza se ubica, de ese modo, entre las 10 provincias del país más afectadas por este flagelo.
Otros datos contundentes sobre nuestra provincia que reflejó el artículo de Los Andes: 36,7% de pobreza multidimensional, según una medición de la UCA que determina distintos grados de privaciones y desigualdad social en base al nivel de cada sector social; 12,4% de pobreza estructural, la que se consolida con el tiempo y se hace más dificultosa para poder corregir; 26,1% de personas con inseguridad alimentaria; 31,9% carente de ingresos por empleo registrado por jubilaciones o pensiones contributivas; 13,3% que no asiste a instituciones educativas o tiene rezago educativo, situación que lleva a una casi inevitable caída en la pobreza; 18% de personas con problemas en su vivienda, independientemente de los que no tienen techo.
Está claro que el contexto económico no ayuda muchas veces a enfocar puntualmente en este terrible problema, pero también se sospecha que la dirigencia política, en general, parece no advertir esa situación o bien tener pocas ideas de cómo encarar alguna solución o paliativo.
Son tiempos de menor consumo y mayor endeudamiento de las clases medias.
En ese marco, el deterioro social es muchas veces imposible de evitar y, por lo tanto, el camino hacia la pobreza inevitable.
Sería necio de nuestra parte negar la existencia de iniciativas y políticas desde el Estado provincial para salir al cruce de esta realidad, tremendamente agravada por la pandemia en curso y el consecuente cierre excesivo de las actividades económicas.
Pero lo que se pretende hacer es un llamado urgente a apuntar al fortalecimiento de la producción y el empleo y tender a que la economía genere en la población ingresos que permitan superar la línea de la pobreza con el esfuerzo de los que forman parte de un hogar.
En casi cuatro décadas de vida democrática la política ya debería contar con la madurez necesaria para consensuar líneas de acción con continuidad, independientemente del color que en forma circunstancial esté a cargo de la administración del Estado.
Los hechos, en base a datos tan dramáticos, le dan derecho a la ciudadanía a dudar de la capacidad de gestión de sus dirigentes.
La pobreza, que, como hemos visto, en Mendoza pega muy fuerte, es la gran deuda de la democracia.
Ningún plan de desarrollo, por más correcto técnicamente que sea, podrá tener éxito si primero que todo no baja drásticamente esa pobreza.
