En el marco de la fiesta de la vendimia, nos enteramos de un nuevo Plan Estratégico Vitivinícola 2030 y del pedido para que el Estado nacional reduzca o elimine las retenciones a la exportación del vino y tome un crédito del BID para la integración de los productores y la mejora del riego. En esta presentación repasamos brevemente dos planes para la vitivinicultura elaborados en una etapa en que la Provincia todavía tenía la capacidad de decisión y negociación con el sector.
El primero, se aplicó entre fines de 1919 y mediados de 1924. El segundo, fue proyectado en 1932 aunque no alcanzó a tratarse en la Legislatura. Sin embargo los contextos fueron diferentes: en el primer caso, comenzaba un periodo de expansión económica luego de la crisis de la primera guerra mundial; en el segundo, la vitivinicultura estaba sumida en una profunda recesión.
¿Qué disponía el primer plan? Su ideólogo, el ministro de Industria de José N. Lencinas, Leopoldo Suárez, quería principalmente la integración de los viñateros. Por eso, el Estado impulsaría la compra y construcción de bodegas para venderlas a viñateros, de depósitos de corte y fiscales (para la mejor comercialización de los caldos), de destilerías para elaborar alcoholes vínicos y coñac, y de fábricas para otros productos derivados de la vitivinicultura. Se promovía el asociacionismo para fortalecer a los viñateros y pequeños bodegueros, y se establecía un seguro agrícola y el prorrateo del vino. El programa lo aplicaría una comisión con participación de productores y el Estado. Se financiaría con un bono y un gravamen a la uva.
Este plan tuvo una defectuosa aplicación debido a la inestabilidad política provincial por las peleas hacia adentro del lencinismo y las sucesivas intervenciones federales. Además estaba pensado más para un momento de crisis que de expansión. Los bodegueros pedían libertad para poder producir y comercializar sus vinos. Finalmente, Carlos W. Lencinas lo desactivó a mediados de 1924.
Vamos el segundo caso en un contexto de crisis económica. En febrero de 1932 asumió como gobernador demócrata Ricardo Videla, un técnico que había trabajado en el Ferrocarril y propiciado la fruticultura provincial. Si bien él defendía la iniciativa privada, la grave situación del sector lo indujo a elevar a la Legislatura un proyecto de ley intervencionista. El mensaje incorporaba información estadística que sustentaba un plan “orgánico” que giraba en torno a cinco objetivos: la diversificación productiva, la regulación de la oferta vínica, y la mejora de la calidad del vino, de su comercialización y de la situación del viñatero.
Para ello proponía una serie de estrategias: para diversificar la producción, constituiría zonas “libres” alcoholeras con destilerías estatales y privadas; promovería la producción de vinagre, jugo de uva y mosto concentrado, y finalmente el establecimiento de “estaciones de uva” asociadas al turismo. Toda una novedad al igual que una política de propaganda del consumo de la bebida. También se instalarían fraccionadoras de vino en distintos puntos del país con la intervención del Estado provincial. Para mejorar la calidad del vino se impondrían cambios en las rutinas agrícolas e industriales, la formación de reservas vínicas y la organización de un laboratorio “enotécnico” especializado en las levaduras vínicas. Por último, el proyecto preveía la instalación de bodegas regionales que podían ser del Estado, particulares o mixtas, para que los viñateros pudieran producir su vino. ¿Cómo se financiarían estas medidas? A través de la emisión de títulos de deuda pública y nuevos impuestos a la uva y al vino.
Si bien el plan recogía propuestas anteriores, era original en su perspectiva integral y sistémica con medidas que procuraban transformaciones desde la fase agrícola hasta la comercial. Su formulación era técnica y justificada en datos “duros” (estadísticas). Desde este punto de vista, había un salto respecto del plan de Suárez. Es que Videla estaba en consonancia con un estilo de gestión, propio de esa década, de jerarquizar la experticia técnica por sobre los compromisos políticos. Pero la propuesta tenía una debilidad de base: no había sido consensuada ni negociada con representantes del sector y fue tal el rechazo de los bodegueros (por los impuestos que creaba), que el gobernador sacó el proyecto de la Legislatura.
Es cierto que los planes reseñados no se comparan con los actuales tanto por los contextos como por la madurez de nuestra agroindustria y el avance técnico y complejidad en el diseño de los planes actuales; sin embargo siguen vigentes algunos problemas y objetivos como el de la integración productiva y comercial de los subsectores más débiles de la cadena productiva, la diversificación de bienes y la imprescindible inversión. En todos los casos, ayer como hoy, aunque con diferentes escalas y con herramientas y estrategias distintas, el Estado sigue siendo un actor fundamental para lograr dichos objetivos.
*La autora es miembro del Instituto de Historia Americana y Argentina (IHAA) Facultad Filosofía y Letras. UNCuyo.
