El último informe publicado por el INDEC para el primer semestre de 2021 muestra lo que desde las ciencias sociales veníamos observando: a pesar de la reactivación económica y de la disminución en la tasa de desempleo a niveles prepandemia, los ingresos de los hogares y las personas trabajadoras siguen sin recuperarse después de tres años consecutivos de recesión y alta inflación. A nivel nacional, la pobreza por ingresos medida para personas pasó de 42% a 40,6%, mientras que en Gran Mendoza el cambio fue solo de 44% a 43,7%.
Si bien el fenómeno de la pobreza tiene múltiples determinantes, en el caso de la pobreza por ingresos, el análisis del mercado de trabajo se constituye en un eje central para caracterizar las condiciones de vida la población. Los ingresos que provienen del trabajo continúan siendo la principal fuente monetaria de los hogares, aunque en más de 3 de cada 10 hogares de Gran Mendoza resulten insuficientes para superar la línea de la pobreza.
En la provincia se logró revertir el “efecto pandemia” en el desempleo y se retornó a los valores de 2019. No obstante, estos números ya indicaban una situación crítica. De este modo, los problemas que enfrenta Mendoza actualmente para generar trabajo se remontan a un período anterior a la crisis provocada por el COVID-19: la tasa de desempleo viene creciendo ininterrumpidamente desde 2015.
A la dificultad de encontrar trabajo en Mendoza, se suma el desafío de que ese trabajo sea registrado, estable y con un salario que supere el umbral de la pobreza. Para aproximarnos a este fenómeno de la informalidad laboral, podemos mirar la tasa de no registro de las personas asalariadas. Esta tasa nos muestra el porcentaje de trabajadores/as que no perciben aportes jubilatorios por parte de sus empleadores/as, es decir, que no están registrados/as.
Con el paso de los años, se observa un aumento en el porcentaje de personas asalariadas que no están registradas. Si bien en 2020 disminuyó este indicador, no fue a causa de una mejora en las condiciones laborales, sino de la destrucción de empleos informales que se produjo durante el ASPO más estricto en el segundo trimestre de 2020. Luego de este trimestre “atípico”, donde la tasa alcanzó el 32%, la misma aumentó a 41,1% en el tercer trimestre y a 41,5% en el cuarto trimestre de 2020. En el primer trimestre de 2021, se llegó al valor más alto registrado en los últimos siete años: 42,2%. Estos últimos datos dan cuenta que la disminución en la tasa de desempleo estuvo traccionada por la creación de empleo más precario. Esta tendencia dificulta el descenso de la pobreza porque las personas que trabajan en la informalidad suelen percibir ingresos insuficientes para superar el umbral de la pobreza.
En síntesis, no es factible disminuir la pobreza si no aumentan los ingresos de los hogares, estrechamente vinculados a las condiciones del mercado de trabajo. La política social es fundamental en este momento para evitar que siga aumentando la pobreza y la indigencia, pero insuficiente para disminuir los valores registrados. Es importante que los salarios de los/as trabajadores/as le ganen a la inflación y que en la provincia se generen oportunidades laborales con ingresos suficientes y derechos plenos. Pensar políticas de registración, como el reciente programa “Registradas” lanzado a nivel nacional para las trabajadoras de casas particulares, es fundamental.
*La autora es Licenciada en Sociología-Becaria doctoral Conicet-ITP-UNCuyo.
