Ya no se apela al término cuarentena; ahora se habla sólo de restricciones. Sin embargo, el fantasma de la llamada Fase 1 (en la práctica, el equivalente al largo encierro que la Argentina tuvo en 2020) sigue rondando y a esa denominación recurren muchos en el poder político de nuestro país. Y también sectores de la salud, que, ellos sí con lógica preocupación, viven la angustia de un día a día penoso en la pelea contra el virus.
Es indudable que la Argentina, en general, entró en una etapa de la pandemia digna de temer.
La cantidad de contagios y muertes bate récords periódicamente; casi todos los días las cifras están superando los peores momentos del año anterior.
Pero el abordaje necesariamente no puede ser similar.
Los daños a la economía que derivaron de los cierres estrictos no son de rápida y fácil recuperación.
Y la asistencia del Estado debe ser sólo un paliativo o un incentivo para reanudar labores; de lo contrario, se transforma en un golpe más a la crítica situación del país.
Lo peor que nos puede pasar a los argentinos es caer en el descreimiento en su dirigencia justo en el momento más apremiante.
¿Durante el año inicial de la pandemia aprendimos de la experiencia vivida y del encierro impuesto?
Las imágenes que a diario surgen de los glandes aglomerados poblacionales del país muchísimas veces demuestran lo contrario.
Por lo tanto, el hartazgo es otra mala señal.
Es justo destacar que Mendoza tuvo un modelo definido para reabrir paulatinamente las labores sin comprometer las estrategias sanitarias contra la epidemia.
Esa estrategia, como la que luego se fue adoptando en otras zonas del país, surgió de un marco básico de consenso y razonabilidad.
Pero eso se perdió con el inicio del año electoral.
Y ahora, aún en plena pandemia, las disputas políticas son cada vez más grandes.
Un ejemplo, la presencialidad de las clases.
En ese contexto es pertinente prestar atención a la “letra chica” de las decisiones políticas.
Y uno de los aspectos polémicos del mensaje del Presidente fue el anuncio del inminente envío al Congreso de un proyecto de ley para que se lo faculte, junto con los gobernadores, a tomar restricciones y medidas de cuidado durante el tiempo de pandemia.
Alberto Fernández remarcó que con el proyecto que promueve ratifica su “vocación de diálogo”, obviamente, con la oposición, para lograr el aval a los pretendidos poderes especiales.
En primer lugar, la referida iniciativa confronta con lo que dice la Constitución Nacional en su artículo 29: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias ni la suma del poder público…”.
En base a dichos preceptos, resultará, a priori, dificultoso conciliar posiciones en ambas cámaras del Congreso sobre una propuesta que pueda buscar legislar en sentido contrario de lo que establece la norma constitucional.
Con más razón si en el tema sanitario el Ejecutivo ha venido definiendo medidas mediante decretos que luego ha ratificado el Parlamento.
Toda intención de ejercicio hegemónico del poder debe quedar de lado cuando una democracia se encuentra vigente, más allá de sus falencias y carencias.
