La reestructuración de la deuda bajo ley extranjera es un gran alivio para las cuentas públicas del actual Gobierno nacional: se obtuvo una quita de más de 45 por ciento y recién habrá que realizar pagos significativos a partir de 2025.
El problema, no obstante, es que el nuevo perfil de vencimientos, si asumimos un resultado similar con el canje de los títulos en moneda extranjera bajo legislación nacional, tiene una fuerte concentración de pagos a lo largo de toda la década que va de 2025 a 2035.
A ello habrá que agregar los pagos correspondientes a la deuda de 49 mil millones de dólares por reprogramar con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que es muy probable que también deban realizarse en ese período.
En definitiva, se trata de una pesada carga que deberán asumir los próximos tres gobiernos y que difícilmente se pueda afrontar con recursos propios.
En total, a partir de 2025 y por 10 años, habría que afrontar pagos promedio de unos 17 mil millones de dólares anuales.
En ese contexto, aparecen dos escenarios posibles: uno de vuelta al default, tal como ocurrió en muchas ocasiones, y otro en el que Argentina logra obtener financiamiento en los mercados de capitales internacionales, a los que sólo pudo acceder en tres de los últimos 20 años. Pero, para que eso ocurra, se necesita ordenar las cuentas públicas y que la economía crezca de forma sostenida.
En cuanto a la cuestión fiscal, aun si el próximo gobierno no quisiera tomar nueva deuda y pagar todas sus obligaciones en moneda extranjera, se requeriría de un superávit fiscal estructural de al menos tres por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) por año, algo inviable en las condiciones actuales. Incluso, hasta la meta más realista de converger hacia el equilibrio fiscal no será nada fácil de concretar.
Crecer: ¿cuándo y cuánto?
Es muy difícil aventurar cuándo el país superará los efectos económicos de la pandemia. El distanciamiento social potenciado por la cuarentena afectó fuertemente la producción, los ingresos y las decisiones de consumo.
Entre abril y mayo, los indicadores adelantados de consumo mostraron contracciones interanuales superiores al 50%. Si bien con la flexibilización gradual de actividades la demanda comenzó a recuperarse, a fines de julio aún se encontraba casi 30% por debajo del nivel alcanzado en el mismo mes del año pasado. El segmento de bienes y servicios no esenciales es el más afectado.
El panorama en industria y en construcción es más favorable, con un crecimiento mensual en junio de 14% y de 38%, respectivamente, pero en niveles de actividad que aún no retornan a los del año pasado.
Pero, más allá del rebote, la caída inicial fue tan profunda y el contexto de pandemia es tan incierto que llevará al menos dos años volver a los niveles de actividad de 2019, los que ya eran de un país que llevaba dos años de recesión.
En efecto, hacia fines del año próximo, la actividad aún va estar al menos 10 puntos porcentuales por debajo del nivel de 2017, el último año en que la economía creció.
Tanto la política económica como la sanitaria marcarán la velocidad de recuperación. En lo económico, la situación de emergencia ha profundizado desequilibrios que podrían retrasarla.
El elevado déficit fiscal, que en 2020 será de al menos 8% del PBI, es financiado con una descomunal emisión monetaria, a riesgo de ocasionar una aceleración en los precios.
Una buena noticia fue la reciente colocación de deuda en pesos, aunque aliviaría de manera muy parcial las necesidades de emisión de agosto.
En la actualidad, la inflación se mantiene baja porque hay una elevada demanda precautoria de dinero ante la emergencia, ya que el tipo de cambio está estable y se retira emisión a través de Leliq y de pases pasivos que adquieren los bancos. Con todo, será difícil mantener estas condiciones.
* Lucas Navarro es Director del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Bolsa de Comercio de Córdoba
