El experimento de la presidencia vicaria le sirvió a Cristina Kirchner para retornar al poder porque consiguió el aval de los votos. Caducó en el mismo lugar de origen. El nuevo gabinete no es la reparación de ese artefacto dañado, sino la improvisación apresurada de otro para que lo reemplace. Y en condiciones más desventajosas porque nace urgido de una legitimación electoral a corto plazo.
La agenda hiperactiva de Juan Manzur y la pulsión declarativa de Aníbal Fernández hablan menos del rumbo del Gobierno que de su aflicción inmediata. Ambos ingresaron al gabinete no para reemplazar a sus predecesores, sino para relevar a Alberto Fernández en funciones en las que no funcionó.
Manzur aceptó el cargo porque su desafío no consiste en demostrar que coordina a los ministros mejor que Santiago Cafiero. Aceptó por el rédito que puede obtener si demuestra que su método de gestión es mejor que el modelo radial y parcelado que aplicó sin éxito el Presidente.
Aníbal Fernández no asumió sólo para subir de escala el garantismo al menudeo que aplicaba Sabina Frederic. Tampoco para llenar el silencio de la vocería del Presidente que desesperó a Cristina Kirchner. Asumió para acallar a golpes de lunfardo la errática expresión del propio Alberto Fernández. Para Aníbal Fernández, nada mejor para ostentar la lanza propia que describir con gesto ampuloso la que ya nadie percibe en manos del Presidente.
Cristina Kirchner se ha replegado hasta ver si el nuevo experimento funciona para recuperar terreno en las elecciones. Cuando el protagonismo regresa a sus candidatos, la campaña vuelve a caminar como pato criollo. Victoria Tolosa Paz enrolló sus cartas astrales pero fue relevada por Daniel Gollán convocando al voto soborno.
Pero fue un ministro supérstite el que trajo de la manga a la Vice al más actual de los debates del país en crisis: el enigma del día después.
Martín Guzmán corrigió a Cristina en el núcleo de la lectura que ella hizo de la derrota. Ella habia objetado al Gobierno en su última carta de demolición por los efectos electorales del ajuste fiscal. Un tiro al lápiz rojo del ministro de Economía. Guzmán respondió, con rigor teórico, que hubo reducción del déficit, pero no ajuste fiscal.
La verdad histórica tiene algo para agradecerle a ambos. De su controversia emerge la realidad: Guzmán se aplicó a controlar el déficit operativo. Pero lo hizo sin ajustar al fisco, sino a miles de particulares damnificados. No sólo con el agravio a la actualización de las jubilaciones. También con desequilibrios macroeconómicos de largo alcance, como el incremento de la presión tributaria, cada vez más endeudamiento público y la voracidad indetenible del impuesto inflacionario. Cristina no quiso despedir a Guzmán. Guzmán tampoco admite el fracaso de su diagnóstico. De su pleito apenas asordinado surge el dato central de la escena política, aquel que no ocultan los fuegos de artificio del recambio ministerial: la incertidumbre sobre el rumbo, antes y después de las elecciones.
Los actores de la economía real ya han incorporado a sus análisis dos preocupaciones similares y concurrentes: bien sea que el Gobierno se recupere de la asfixia electoral, o que pierda en noviembre por la inercia de las Paso, está claro que no tiene una noción exacta del volumen de la crisis, de la necesidad inmediata de un plan de estabilización y de los plazos políticos exiguos para una renegociación de la deuda con el FMI.
Hay algunos datos de la actividad económica que empiezan a desmentir la narración fatalista que el Gobierno hace sobre las restricciones inesperadas que tuvo que afrontar para su gestión. Entre enero y agosto, el superávit comercial fue de 10.649 millones de dólares. En agosto, con el flujo de exportaciones e importaciones más adecuado a los ritmos normales previos a la pandemia, el saldo fue el mejor para ese mes en la serie histórica. Los precios de las commodities explican buena parte de ese comportamiento, pero también un incremento en los volúmenes.
Al dato conviene agregar la contabilidad (real y también creativa) de los más de cuatro mil millones de dólares asignados por el FMI como Derechos Especiales de Giro. Para el país, más grave que las dificultades de contexto son a esta altura el extravío ideológico, la ancianidad de las recetas teóricas y la salvaje pelea interna en la administración que fue votada para conducir la salida de la crisis.
Algo parecido a esos anclajes en disputas del pasado hizo erupción en la reciente renovación de autoridades de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El juez Ricardo Lorenzetti objetó la elección del nuevo presidente del cuerpo por dos motivos controvertibles. Adujo que no podía estar presente por un compromiso institucional que el propio tribunal le impuso y del cual bien pudo asumirse relevado cuando lo convocaron a votar.
Disconforme con el voto personal del juez Horacio Rosatti, recordó las objeciones del fallecido Ernesto Petracchi al autovoto de Julio Nazareno a principios de siglo. El antecedente mencionado dista de estar completo. En 1988, Julio Severo Caballero renovó su cargo como presidente, con la mayoría de tres votos que conformó con Carlos Fayt y Augusto Belluscio. Ernesto Petracchi y Jorge Bacqué acordaron votarse entre ellos de manera cruzada.
