Los hechos van demostrando que la reforma judicial que impulsa el gobierno de Alberto Fernández marca una clara tendencia hacia el control político no sólo de la labor de los magistrados federales, sino, además, de toda voz que se levante contra las acciones del poder político que atenten contra la institucionalidad.
En el dictamen de las comisiones del Senado nacional a favor de la propuesta, y, con mayoría kirchnerista, se dispuso que los jueces deberán comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación “cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos…”.
El agregado de los medios en el texto que será debatido en el recinto de sesiones fue impulsado por el senador Oscar Parrilli, ex funcionario de Cristina Fernández de Kirchner y actual ejecutor de las iniciativas de la ahora Vicepresidenta y de su entorno.
El texto original sòlo se refería a la necesidad de que los jueces denunciaran presiones que pudiesen recibir de factores externos y que no emitieran sus fallos en consecuencia.
Parrilli ya había alertado a los medios de prensa con sus apreciaciones durante el debate en comisiones del proyecto.
Se refirió en esa oportunidad a las investigaciones judiciales contra Cristina de Kirchner y otros ex funcionarios de los gobiernos kirchneristas, entre los que se incluyó, abonando el argumento de la supuesta persecución política por parte del gobierno anterior a través de la prensa y de ciertos jueces.
“Hay determinados intereses económicos que utilizan los medios para presionar a los jueces”, sostenía Parrilli.
La respuesta de las organizaciones periodísticas fue rápida ante el preocupante contenido del proyecto de reforma judicial.
Adepa, la entidad que agrupa a los medios de la Argentina, sostuvo que la cláusula motorizada por el senador Parrilli tiene “el indisimulable fin de favorecer la autocensura, inhibir el escrutinio periodístico y debilitar un debate público vigoroso sobre cuestiones de interés institucional, como son la administración de justicia y el funcionamiento de uno de los poderes del Estado”. Añade que “a la prensa no le corresponden fueros ni tratamientos especiales. Simplemente el cumplimiento de las normas de la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre Derechos Humanos, que protegen de manera estratégica la libertad de pensamiento, expresión e información y prohíben toda forma de censura previa, directa o indirecta”.
La figura de “presiones mediáticas” incorporada al texto que será tratado en el Congreso Nacional, blanquea una astuta maniobra del oficialismo para entorpecer las investigaciones y opiniones periodísticas de hechos que son abordados por la Justicia y a los que, como ha quedado demostrado, la prensa independiente mucho contribuyó a revelar y esclarecer en legítimo uso de sus funciones.
El senador Parrilli, además, dijo temer que “el clamor público” sea, en realidad, el “clamor de los medios de comunicación” en una imaginaria presión ante la Justicia para favorecer a determinados intereses.
En lugar de su forzada argumentación, el legislador oficialista debería reconocer que el “clamor” de las multitudes que se expresan reiteradamente en las calles responde, en realidad, a una valiosa madurez ciudadana que pretende que la Argentina no pierda nunca sus raíces democráticas y republicanas.
