El ordenamiento territorial (OT) es una política pública “destinada a orientar el proceso de producción social del espacio, mediante la aplicación de medidas que tienen por finalidad la mejora de la calidad de vida de la población, a través de su integración social en el territorio y el uso y aprovechamiento ambientalmente sustentable y democrático de recursos naturales y culturales”. Mendoza ha sido pionera en materia de elaboración de una política de Estado de OT. En 2009 fue sancionada la Ley 8.051 y en 2010 se elaboró el Plan Estratégico de Desarrollo Mendoza 2030. En 2012, se crearon los organismos encargados de elaborar y ejecutar el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial (CPOT y APOT), que lograron que fuera finalmente convertido en Ley 8.999 (2017).
Tras 15 años de estrategias de planificación y OT, es necesario pasar a la gestión, trabajando en políticas públicas integrales de desarrollo territorial (DT) que incidan positivamente en el territorio. ¿Qué implica eso? Sumar, a las políticas actuales de OT -consideradas como parte de las políticas integrales de DT-, las políticas de desarrollo urbano, infraestructura y provisión de equipamientos básicos; las políticas de suelo, hábitat y vivienda; las de desarrollo económico local, la coordinación de programas e instrumentos de financiamiento para el desarrollo, la promoción y el despliegue de la economía social y solidaria (ESS) y el cooperativismo. Y, fundamentalmente, elaborar una Estrategia Territorial de Desarrollo que defina y coordine a todas estas políticas mencionadas. ¿Cómo hacerlo? Es esencial que el Estado mendocino recupere su capacidad de liderazgo y de visión estratégica; el rol de un Estado presente que se involucre en los procesos de desarrollo, como lo ha tenido en sus períodos vitivinícola (1860-1930) e industrial (1930-1976) y que ha perdido con la influencia del pensamiento neoliberal sobre sus clases dirigentes en los últimos 40 años (1976-2020). En segundo lugar, es necesaria la conformación de una Agencia Provincial de Desarrollo, que articule todas las políticas mencionadas entre los diferentes ministerios y entre los distintos niveles de gobierno, con el objetivo de impulsar un claro modelo de desarrollo. Es necesaria una cogestión asociada entre Estado -municipios y provincia-, organizaciones de la sociedad civil (OSC), agentes económicos, actores territoriales, organismos técnico políticos y universidades públicas y privadas. El financiamiento debe buscarse en la propia valorización del suelo, producto del desarrollo, y en las actividades rentísticas que no contribuyan con la ejecución de los procesos productivos territoriales.
No se puede tener procesos de planificación de 10 años para después gestionar un territorio que en los libros ya ha quedado añejo. Es fundamental partir de la base de la gestión del conflicto como parte de la lógica territorial. Así, se deben gestionar situaciones de conflicto; crear espacios de diálogo y visión compartida; construir relaciones de confianza y agendas consensuadas; conectar el territorio con el pensamiento y los debates externos y, principalmente, construir capacidades colectivas en el territorio. El OT es sólo la foto -o el fragmento en el mejor de los casos-. Es hora de pasar de la foto a la película.
*El autor es Consultor en sostenibilidad y desarrollo territorial. Director Diplomatura en Desarrollo Territorial - U. Champagnat.
Edición y producción: Miguel Títiro.