La firma del nuevo pacto fiscal con la Nación, en el que también estuvieron los tres gobernadores radicales, tuvo mayor notoriedad porque el trámite se consumó pocas horas después de que el kirchnerismo lograra el aval del Congreso para la quita de recursos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, es decir, a la gestión de Rodríguez Larreta. Sin embargo, nadie, al menos en el Ejecutivo mendocino, relaciona lo sellado en la Casa Rosada con el indudable embate de la Nación contra el referente porteño del Pro.
Ya en setiembre, cuando el gobierno de Fernández recurrió a la caja porteña para sofocar la crisis policial bonaerense, en el gobierno de Suárez tomaron nota, pero siempre contemplando a la distancia. Nuestra provincia tuvo, y tiene, otras necesidades y urgencias que solventar a través de su relación con la Casa Rosada.
“Ante todo, la Provincia”, se limitó a comentar Suárez a algunos colaboradores suyos con respecto al contenido del acuerdo fiscal. Clara señal de convencimiento de que se recorrió un camino acertado. En setiembre el gobierno mendocino tenía más motivos de reclamos que a partir de este acuerdo de reciente firma.
Ya lo había anticipado el ministro Lisandro Nieri horas antes de la rúbrica; se trató de un pacto necesario para la provincia con el detalle de que la Nación consideró aportes que hizo el gobierno mendocino. La tregua acordada en cuanto a juicios contra el Estado nacional, incluyendo no avanzar más en los que ya están en marcha, fue, también, considerado en Mendoza como garantía (o promesa) de mayor celeridad nacional a la hora de cumplir con obligaciones o pedidos puntuales. Probablemente sea este último, el del freno a los juicios, el punto más crítico en lo emocional dentro de Juntos por el Cambio por tratarse del recurso empleado por Rodríguez Larreta para pelear por lo que se le recortó, tanto en setiembre como a través de la ley que aprobaron las cámaras del Congreso. Cada cual atienda su juego…
Puertas adentro de la coalición oficialista local no todos están conformes con lo pactado. Es el caso del Pro, donde su titular, el diputado nacional Omar De Marchi, considera que “se transita un rumbo equivocado, porque la Argentina necesita bajar impuestos, no subirlos. Ese no es el camino del desarrollo que se necesita para que se cree empleo, que es a través de la inversión. Hace falta plantarse ante la Nación con más fuerza”. Sin embargo, el legislador relativizó el supuesto impacto político de darle la espalda a Rodríguez Larreta al sumarse Mendoza al convite de la Nación.
En cuanto al justicialismo local, nadie puede fijar posición muy claramente, puesto que la presencia de Suárez en la firma es un aval a lo acordado. Y es, además, una ratificación del equilibrio que el gobernador mendocino buscó mantener en su relación con Alberto Fernández desde los tiempos duros de la pandemia, cuando Rodríguez Larreta era “amigo” del Presidente.
De todos modos, por lo bajo en el PJ hay quienes sostienen que la postura de Suárez fue la que “indica el manual de la política” en esta provincia. “Se puede hacer show con el mendocinismo pero no se puede vivir sin el presidente de turno. Lo hicieron todos antes, peronistas y radicales, y también lo está haciendo Suárez. El que ha estado en el Gobierno sabe que Mendoza mucho depende, en cuanto a sus recursos, de la Nación”, sentenció un allegado al peronismo. Está claro que con el respaldo institucional que significó la firma de Suárez, el rol opositor local debe replantear estrategias. Aunque el cambiante humor que frecuentemente caracteriza al Presidente debe obligar a mantener la guardia en alto por las dudas.
Nada que opinar sobre las PASO
Una decisión correcta del Gobernador fue no involucrarse en el asado en Olivos, posterior a la firma del acuerdo fiscal, donde los gobernadores peronistas le pidieron al Presidente (¿por propia iniciativa o por encargo del mismo Fernández tal vez?) que suspenda las primarias abiertas del año próximo por cuestiones económicas y sanitarias, ya que se prevé que el virus siga acechando un tiempo más.
Entre los colaboradores de Suárez coincidían ayer con él en que entre mandatarios provinciales no es muy correcto discutir dicho tema, sino que mucho más les compete a los partidos políticos promover este tipo de planteos. Eso lleva a trasladar la discusión al ámbito legislativo en todo caso.
Al margen de ese detalle leguleyo, en el Ejecutivo local también consideran que por tratarse de un proceso electoral nacional, no provincial, Rodolfo Suárez no está obligado a opinar al respecto, con más razón cuanto aún no está determinado el calendario para las elecciones legislativas locales. Por otra parte, piensan en el equipo ministerial provincial que no es tiempo aún para referirse a un proceso electoral, justo sobre la finalización de un año marcado por la crisis sanitaria y las parálisis económica y educativa, con la mayoría de la gente pensando en cómo seguir cuando el calendario marque el inicio de 2021.
En cuanto al ámbito gremial, ahí sí se le presenta al Gobierno un conflicto por el reclamo salarial. Ya hay convocatorias a medidas de fuerza en los próximos días por la negativa de las autoridades a incrementos de sueldos. En el plano oficial argumentan que ya se había anunciado que durante 2020 no se aplicarían subas en virtud de la difícil coyuntura, aspecto al que los sectores que representan a los trabajadores públicos se oponen firmemente.
Entienden los funcionarios a cargo del tema que el Gobierno ha cumplido, “con esfuerzo”, con el pago de salarios a pesar del difícil contexto económico vivido este año. Y llaman a la reflexión argumentando que en el sector privado, realmente afectado este año, hay muchos empleados que están “igual o peor” en materia de ingresos que los trabajadores del Estado como consecuencia de la reducción de actividades o el directo cierre de emprendimientos pequeños o medianos.
No es un pleito fácil de solucionar. En el gremio de los profesionales de la salud, por ejemplo, toman la decisión del Gobierno de no dar aumentos como un gran destrato hacia quienes más se expusieron en los tiempos difíciles de la pandemia. Una argumentación con sustento.
Precisamente, la pandemia le viene dando un buen respiro a Mendoza. La provincia, que se mantiene, como casi todo el país, en una fase de distanciamiento obligatorio, prácticamente ha ganado la normalidad en la gran mayoría de sus actividades. De eso dan cuenta con satisfacción varios funcionarios, que recuerdan siempre que ésta fue una de las primeras provincias en atreverse a pedir a la Jefatura de Gabinete flexibilizaciones para las actividades de la industria y el comercio en los tiempos de duras restricciones impuestas por la Nación.
Suárez llega a su primer año de gobierno mostrando un meritorio equilibrio en medio del desacople al que obligó la emergencia por el coronavirus. Reparte éxitos y postergaciones en sus proyectos más ambiciosos puestos a consideración de la Legislatura. Los aprobados fueron los más adaptados a las necesidades y urgencias de la provincia y los que tuvieron consenso interno y con la oposición. En cambio, los postergados (como las reformas institucional y educativa) tal vez no hayan visto la luz en el momento adecuado. Por eso la firma del viernes con la Nación demuestra que no necesariamente las decisiones adecuadas tengan que ser atractivas.
