Cual fuera el paradigma desde el cual se aborde la cuestión, no existe posibilidad de desarrollo para una nación si las políticas implementadas por sus gobernantes no buscan favorecer la protección, el fortalecimiento y la prosperidad de sus fuerzas productivas, como así también procurar la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. El gobierno de Javier Milei no cumple, ni de cerca, con ninguno de estos requisitos mínimos e indispensables para el sostenimiento de una república federal. Sin embargo, se le debe reconocer al mandatario que prometió “dinamitar al Estado desde adentro” una cualidad consabida: él hace lo que dice.
La política de paralización de la obra pública en la Argentina es uno de los campos donde la premisa fundante del ejercicio del poder en manos de “las Fuerzas del Cielo” parece estar cumpliéndose a rajatabla, destacando el lamentable hecho de que, el “daño colateral” de la implosión mentada, no sólo da por tierra con la ejecución de obras programadas para todo el territorio nacional, sino que licua puestos de trabajo y hace trastabillar la estabilidad de empresas constructoras y de organismos del ámbito público como privado.
Este es el escenario en el cual el sector de la construcción es uno de los más castigados por la política de gobierno que está llevando adelante el presidente Milei. En efecto, a nivel país se cuentan con un total de 21.150 (veintiún mil ciento cincuenta) empresas de la construcción, entre contratistas y sub-contratistas habilitadas, y lo que arroja una estimación del entorno de los 634.000 trabajadores directos de la construcción que se encuentran ante penosas situaciones de desocupación, de sub-ocupación y de incertidumbre ante una realidad muy dura y sin esperanzas de un 2025 que lo revierta.
Entre el amplio abanico de empresas que conforman este rubro, en este abismo transitan sobre la “cuerda floja” miles de empresas y pymes nacionales de la construcción, que se encuentran ahogadas económicamente, cuyos gastos fijos se acrecientan día tras día, teniendo que afrontar el pago del personal mínimo necesario para su funcionamiento, en un marco permanente de aumento en todos los rubros, como ser el caso de los combustibles y los servicios.
Para poner “blanco sobre negro” sobre la visión de “inversión privada” en la que cree el gobierno nacional actual, permítanme decir que, la gran mayoría de las obras públicas nunca serían rentables por si solas, porque nunca podrán lograr un recupero de sus inversiones, y menos aún de la obtención de ganancias. Por eso, sólo un “Estado presente” es el que proveerá de rutas inhóspitas a ciudadanos excluidos de toda vía de comunicación, de agua potable o cloacas para gente que no tendría como pagarlas, de obras para mitigar inundaciones, de urbanizaciones de villas y asentamientos, entre otros tantos ejemplos que podrían nombrarse.
Entre las 2308 obras públicas que paralizó el Gobierno nacional en estos diez meses, y si se suma la falta de inversiones en obras privadas como consecuencia del desplome económico, lo cierto es que se perdieron no menos de 250.000 puestos de trabajo de la construcción. Y lo peor de todo es que esto parece un pequeño preámbulo de lo que se avizora como un fatídico 2025, en el cual las provincias -que mantenían la esperanza de la rúbrica de convenios para el traspaso de las obras pendientes- deben dejar sus intenciones de lado para afrontar los ajustes y quita de fondos arbitrarios (y hasta anticonstitucionales) impuestos y reclamados por el Ejecutivo nacional.
En este marco, que los gobiernos provinciales asuman el compromiso de financiamiento para cumplir con los planes preestablecidos de obras proyectadas, es un hecho improbable que pisa el territorio de la utopía. Mientras tanto, son millones los ciudadanos que esperan, que viven sin agua potable, ni cloacas, ni caminos transitables, ni rutas seguras.
Este sencillo repaso sobre los alcances del golpe letal a las obras públicas como privadas, por parte de la actual gestión de gobierno nacional, tiene como propósito dar cuenta de una manera cabal y segura de las premisas esbozadas en el inicio de este texto: el presidente de la Nación, es un hombre de palabra quien, antes de lo esperado, está logrando derrumbar las simientes de un Estado que -aún con sus puntos bajos, aún con lo que restaba por hacer- estaba construido sobre el precepto del bien común y la calidad de vida de los ciudadanos.
* El autor es ingeniero hidráulico y civil.
