A muy pocos días de las elecciones legislativas, una mayoría de políticos mendocinos fue sorprendida por el fallo de la Corte Suprema nacional que declaró inconstitucional sólo una frase de la ley minera de Mendoza (7.722). El resto de la ley (en la práctica, toda) goza de absoluta constitucionalidad según el parecer del máximo tribunal del país.
Sin embargo, ese puñado de palabras que cuestionó la Corte fue suficiente para encender alertas en los sectores ambientalistas y en los partidos políticos (Verde, la izquierda) que dicen no descuidarse por temor a un rebrote minero. Como quien está siempre atento frente a un volcán en condiciones de estallar.
Entre los sorprendidos, los políticos mejor pensados dicen que no hay que sospechar de una eventual influencia privada sobre los jueces supremos: son los tiempos de la Justicia y hay que respetarlos, aseguran sobre la resolución de la Corte.
Decíamos días atrás que el empresariado del sector mantiene en general prudente silencio, aunque siempre trasciende el mismo recelo con respecto a lo que esa pata de la industria siempre consideró como trato social y político inequitativo con las propuestas de emprendimientos que fueron surgiendo en la provincia. Una partida imaginaria de ajedrez en la que se piensan al extremo los movimientos a dar sobre el tablero.
De eso no se habla
En el gobierno provincial primero esperaron la reincorporación de Rodolfo Suárez, tras la intervención a la que fue sometido en Buenos Aires por su arritmia cardíaca, para tratar públicamente el tema. Y fue, justamente, el Gobernador el que recordó con énfasis que en lo que resta de su gestión el tema minero está bajo siete llaves por falta de consenso social. No lo dijo en esos términos, pero eso fue lo que pretendió dar a entender. Es que nadie se olvida en el Ejecutivo, comenzando por Suárez, del sofocón inicial, en diciembre de 2019, con la fallida modificación de la legislación minera a raíz de multitudinarias protestas en calles y rutas de la provincia. Acto fallido en el que también se vio involucrado, y afectado, el justicialismo, que en esta oportunidad prefirió mantenerse a prudente distancia de los efectos de la parcialísima declaración de inconstitucionalidad.
Por otra parte, en el oficialismo provincial a nadie se le hubiese ocurrido sumarse, aunque fuese mínimamente, a un debate que pudiera generar un escenario de conflicto a tan pocos días de la votación y con un panorama más que alentador para Cambia Mendoza. Por eso la insistencia desde casi todos los rincones del Ejecutivo: es un asunto de la Justicia y punto. Por las dudas, antes de que hablara el jefe del Ejecutivo local, los leguleyos del elenco ministerial ya adelantaban por lo bajo el miércoles que no tenía sentido inquietarse por una resolución judicial que no influye en nada. “Es nada”, se escuchó decir a un ministro de Suárez. Con esta mirada hubo coincidencias políticas, incluso, entre quienes, aun del oficialismo, no son del entorno suarista pero sí son celosos de la vigencia de la ley 7.722 y no quieren en estos momentos que se sople sobre el fuego en pleno remate de la campaña.
Mientras tanto, los sectores ambientalistas de Mendoza se declararon en alerta ni bien se conoció el fallo de la Corte como última instancia judicial ante el planteo que en su momento hizo la minera San Jorge. Por eso se realizó la primera protesta en la zona céntrica, convocada por las organizaciones ambientalistas con el apoyo de expresiones partidarias muy comprometidas con la defensa del agua (Partido Verde, la izquierda...).
Claramente el ambientalismo buscó comprometer a la política en su nuevo reclamo. Sin embargo, una mayoría partidaria insiste con limitar todo al ámbito de la Justicia. Como se señaló, no todos los políticos comprometidos con la causa por el agua creen que este fallo sirviese como disparador para una movida como la que generó aquella inoportuna decisión de hace dos años de cambiar la legislación vigente. Es que de ningún modo tanto el oficialismo provincial como la principal oposición pueden volver a lanzarse a la arena por un tema que no sólo no tiene el denominado consenso social en la mayor parte de la población. Además, encuentra a unos y otros reprimidos por ese descontento en tanto y en cuanto no se vuelva a concretar un debate serio sobre el futuro minero de Mendoza, en que se incluyan las preocupaciones de los ambientalistas y los ruegos de zonas de la provincia realmente necesitadas de ese recurso.
