En las últimas dos décadas la selección de candidatos ha pasado a ser considerada como una de las dimensiones de la calidad democrática de un país. Ello se debió a que los partidos políticos dejaron de ser considerados solo como asociaciones de la sociedad civil, pertenecientes a la esfera privada, y empezaron a considerarse cada vez más como actores públicos, que brindan a la ciudadanía una función fundamental para los regímenes democráticos.
En este sentido podemos identificar distintos mecanismos para seleccionar candidaturas, desde los más cerrados hasta los más participativos: decisión del jefe partidario; de una mesa chica; de una convención; de los afiliados; de toda la ciudadanía. La tendencia general, y sobre todo en América Latina, es que sean procesos cada vez más participativos y transparentes, y por ello el auge de internas abiertas y simultáneas, una opción ya disponible en Uruguay, Chile, Colombia, Perú y, desde 2009 al sancionarse la Ley 26.571, Argentina.
En ese momento el oficialismo, los mismos que hoy buscan suspenderlas, decían que las PASO iban a fomentar la democracia interna, ordenar el sistema de partidos, fortalecer los vínculos de la ciudadanía con los partidos, y en general democratizar el sistema político. Hoy, 10 años después de su primera implementación, muchos de esos objetivos fueron logrados pero por mera especulación ahora el oficialismo nacional y casi todos sus gobernadores buscan cambiar las reglas.
Si bien la competencia interna a nivel presidencial no fue lo habitual, debemos recordar que la norma también rige para cargos legislativos y, en muchas provincias, para cargos subnacionales, donde sí han sido frecuentemente utilizadas y permitieron la renovación de la dirigencia. En todo caso, se pueden hacer reformas para incentivar más la presentación de listas internas.
Entonces no debemos juzgar a las PASO por su costo económico, inevitable para todo proceso electoral, ya que es la única forma de expresión de toda la ciudadanía en una democracia representativa. En todo caso debemos evaluar su impacto sobre el sistema político, y allí encontramos que ordena la oferta electoral, facilitando el armado de coaliciones y eliminando de la elección general a las opciones menos significativas, lo que conlleva luego menor fragmentación legislativa y que, cuando hay competencia interna, democratiza los procesos de selección de candidatos.
Pensemos qué pasaría si se suspenden o derogan: desorden de las opciones electorales (con un festival de colectoras como sucedió por ejemplo en 2007), atomización de bloques en el Congreso y partidos tomando decisiones sobre candidaturas a puertas cerradas. Sin dudas nos llevaría a un retroceso. Y aún peor sería si se reemplazan las PASO por un sistema confuso como la “ley de lemas” (doble voto simultáneo), como hizo San Juan y pretende hacer San Luis. Allí se abre la interna partidaria pero es llevada a la misma elección general, por lo cual se produce una oferta electoral caótica donde el ciudadano no sabe a quién votará en última instancia ya que los votos de cada sublema (o lista) son transferidos al ganador del lema (o agrupación). Este sistema ya ha demostrado su fracaso en varias provincias argentinas que lo implementaron en la década del 90 pero que luego debieron eliminarlo por sus perversos efectos, señalados oportunamente por la mismísima Corte Suprema.
Nos encontramos en una situación no muy frecuente en la región ni en el país luego de la crisis de 2001: existen dos grandes coaliciones con políticas y valores bien definidos, con líneas internas que conviven, con posturas claramente reconocibles por parte del electorado, que se disputan los principales cargos nacionales y subnacionales desde hace ya varios años, dando lugar a procesos democráticos de alternancia. La evidencia muestra que mucho tuvieron que ver las PASO para llegar a este escenario. Entonces, no es momento de perder la estabilidad alcanzada en el sistema de partidos por mero oportunismo electoral ya que las consecuencias a largo plazo pueden ser imprevistas.
*El autor fue secretario de Asuntos Políticos e Institucionales de la Nación (2015 -2019)
