Hace casi 8 años, mientras las bellas e ingenuas almitas universitarias aún se congratulaban por la reforma “democratizadora” del reglamento electoral de la Universidad Nacional de Cuyo, escribí en estas mismas páginas sobre las consecuencias que se derivarían de la innovación principal de dicha reforma: la llamada elección directa de rector, vicerrector, decanos y vicedecanos (“La reforma electoral universitaria: un análisis político”, Los Andes, 1 de agosto de 2014).
Escribo “llamada”, porque técnicamente no es directa, sino ponderada: es cierto que la comunidad universitaria en su conjunto vota directamente a los candidatos, pero el voto de los estudiantes no vale lo mismo que el de los docentes. Se distribuyen según porcentajes predefinidos en el total de los votos.
Aquel texto coincidió con el debut del nuevo reglamento: las elecciones de autoridades de 2014. Concretamente se publicó entre la primera y la segunda vuelta. En esa ocasión advertí sobre el protagonismo que adquirirían en el contexto universitario tanto las pujas políticas en la provincia y la Nación como la incidencia de los aparatos partidarios.
Los hechos me dieron la razón. El triunfo de la dupla Pizzi-Barón anticipó la victoria de la fórmula Cornejo-Montero como gobernador y vice. La Unión Cívica Radical a través de Franja Morada, su brazo universitario, puso en marcha el aparato, obteniendo los resultados esperados. Aparentemente a nadie le molestó que acudieran a celebrar el triunfo en la universidad las principales figuras del radicalismo mendocino.
Las elecciones de 2018 repitieron el triunfo del aparato partidario aplicado a la política universitaria. El proceso no dio lugar a controversias y la partidización de la universidad no mostró su aspecto enajenado de la dinámica y el objeto propios de una institución académica.
Las elecciones de 2022, por el contrario, mostraron la verdadera cara, los efectos no deseados de la reforma electoral de 2013. Meses antes comenzaron los sondeos, que son la muestra más evidente de la disponibilidad de recursos para la campaña. Recibí, como muchos otros colegas, la llamada de una consultora que me realizó un cuestionario sobre mi aprobación/rechazo de la gestión en curso y mi preferencia por una lista de candidatos. Ignoro cómo llegaron a sus manos mis datos y mi pertenencia institucional.
En el proceso de definición de la fórmula oficialista se hicieron transparentes las pujas y los alineamientos dentro del radicalismo. En la elección se puso de manifiesto una vez más la eficacia de los aparatos: Franja Morada obtuvo los mejores resultados para la fórmula oficialista en el claustro de estudiantes.
Pero fue la impugnación de los resultados por parte de Compromiso Universitario, la fórmula opositora, la que dejó en máxima evidencia las nuevas reglas de juego. Los votos en blanco, un aspecto que no tenía ninguna relevancia en el antiguo sistema de elección de rector y vice, se volvían clave para la determinación de los resultados y la posibilidad de recurrir a una segunda vuelta. La inmediata judicialización del reclamo y más aún, la posible intervención de operadores políticos sobre los magistrados, mostró la gama de recursos a disposición de los actores de la política universitaria en este nuevo contexto de lucha electoral.
La relación entre la reforma electoral y las penosas alternativas de las recientes elecciones ha pasado completamente desapercibida para los periodistas que han seguido el caso con especial atención. Un grupo de antiguos decanos y profesores eméritos de las facultades de Medicina y Odontología pidió “no enfermar a la universidad” y preservar “la autonomía universitaria de la política partidaria y de las ideologías”. El reclamo llega tarde. Tardísimo.
La universidad pública no puede sustraerse de las tensiones y conflictos que se dan en la política. No lo pudo hacer antes y tampoco puede hacerlo ahora. La diferencia es que el anterior sistema -una asamblea universitaria compuesta por los consejos directivos y el consejo superior- permitía una mayor autonomía en la designación de las máximas autoridades. La incidencia de los aparatos partidarios era limitada por la dinámica del cuerpo colegiado constituido como órgano electoral. El nuevo sistema barrió con las negociaciones entre cúpulas y candidatos, pero también expuso a la universidad a la hegemonía de las alineaciones y los intereses extrauniversitarios.
Esta particularidad arroja sombras sobre la constitución de las autoridades, la transparencia de los procesos. En lo que hace al proyecto universitario en sí mismo, por el contrario, los efectos son imperceptibles. Los antiguos bloques “progresistas”, que antes negociaban candidaturas y cuotas de poder en la asamblea universitaria, hoy pujan entre sí en las urnas. El resultado, a efectos prácticos, es el mismo: comparten sin diferencias ni matices la desafortunada y obsoleta ideología de la Reforma de 1918, que encubre la crisis y la declinación de la universidad pública, incapaz de afrontar los nuevos tiempos segura de su misión y de su contribución específica a la sociedad en la que se inserta. ¿Cuál es el motivo real de su disputa? ¿Qué podemos esperar de la nueva conducción de la Universidad Nacional de Cuyo?
