La holgada aprobación que obtuvo en la Cámara de Diputados el proyecto para la creación y puesta en marcha de 34 proyectos de Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) supone un nuevo punto de partida para el aún fallido y controversial derrotero de la minería en Mendoza. Las certeras expectativas de un resultado similar en Senadores expone ahora una nueva oportunidad de desarrollo para la Provincia; pero también, un profundo desafío sobre los modos que tendrá la futura explotación (en caso de ser factible), y por qué no, las razones del tiempo perdido.
Estrategia hormiga y cambio cultural
Con lo sucedido en la Legislatura esta semana comienza a cristalizarse la estrategia de un gobierno que tomó a la minería como un claro eje de gestión para este segundo mandato de Alfredo Cornejo y que lejos de embarcarse en batallas de difícil resultado, prefirió trazar un camino largo pero más previsible, capaz de sortear la polémica acepción de la “licencia social”, en especial el controvertido recaudo sobre el uso del agua. ¿O alguna vez alguien se planteó la cantidad de agua para elaborar, por ejemplo, cerveza?
Malargüe es un departamento de orgullosa tradición minera que tiene resuelto desde hace tiempo esa dicotomía que tanto sectores urbanos como rurales (algunos con clara intencionalidad política o ideológica, otros por mero desconocimiento), lograron instalar una especie de férreo cepo para la minería metalífera como se interpreta a la ley 7.722. Incluso, dicen, directamente infranqueable y desalentador de la actividad. De hecho, la absoluta escasez de proyectos da razones suficientes para entenderlo así.
En esa dirección, no fue menor el respaldo obtenido días atrás de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI) que se desmarcó de un sector habitualmente receloso y dio un tímido, pero significativo respaldo, al camino reemprendido bajo la simple y llana razón de que “Mendoza necesita crecer”. Y lo más saliente, la admisión desde la vitivinicultura, que la minería puede convivir con otras actividades... ¡Eureka!
Saltar el cerco
La sanción de la ley 7.722 en 2007 fue aprobada bajo el argumento del resguardo del recurso hídrico, pero en definitiva fue pensada para afectar al desarrollo minero y no otras industrias con demanda más o menos intensiva de agua al prohibir sustancias específicas de la industria. La reforma aprobada en 2019, al inicio del gobierno de Rodolfo Suárez y con acompañamiento político de la oposición, generó una movilización popular que obligó a su inmediata derogación, y por ende, a afianzar el establecimiento de un status quo que -aún en los incipientes movimientos de este año, un lustro después- sigue vigente tras la declaración de constitucionalidad de la Corte en 2015.
Ahora, Cornejo busca avanzar dejando siempre en claro la vigencia de la 7.722, no sólo en aquellos lugares donde la minería es posible, sino también ampliando su acción a producir condiciones generales para la reactivación incipiente, señales para los grandes inversores y si fuera posible, mostrar casos de éxito. Es decir, explotaciones capaces de atraer capitales, producir impacto económico local y motorizar el empleo con la menor afectación ambiental posible. Un camino demasiado estrecho que sin embargo, ha logrado interés internacional.
Escepticismo empresario
Sin embargo, los sectores pro mineros constantemente ponen en foco la ventaja que en 20 años ha producido San Juan, que incluso -según datos de la Cámara Minera de esa provincia- ya está proyectando las exportaciones del sector para los próximos ¡40 años!-. Entienden que el rumbo tomado por Mendoza no sólo es lento e improbable, si no se levanta la restricción que indica la 7.722. Por ahora, un calculado riesgo que el Gobierno no va a correr para esta discusión de fondo, a pesar de estas presiones.
Es por ello que son muchos los que sostienen por lo bajo que lo avanzado en 2024, es un mero acto de ilusionismo de la política del cual puede salir tanto un conejo como una paloma. Es decir, abrir definitivamente el paso al desarrollo serio, sostenido y definitivo de la minería, o agotar aquí un impulso necesario pero de dudoso resultado. Los principales argumentadores de la minería sostienen que si bien es imprescindible el cambio cultural, eso solo es insuficiente.
Y ponen como ejemplo estudios realizados en Chile, del otro lado de la misma Cordillera de los Andes y fuente de estos recursos, donde los principales yacimientos mineros (o con interés para su explotación) se encuentran más arriba de Malargüe. Específicamente, a la altura del sur de San Juan y el Norte mendocino, donde del lado chileno se asienta el 45% de su producción metalífera. A la misma latitud malargüina, aducen, hay muy poco potencial geológico. Justamente, esto es lo que deberá constatar la tarea de prospección que habilitará la próxima sanción de Senadores y que todo indica que comenzará con fuerza este mismo verano.
Pero no sólo eso, ya que si bien los esfuerzos del Gobierno tras la presentación del Plan Pilares, se centraron este año en recorrer cuanta feria y convocatoria nacional e internacional se haya concretado, buscando mostrar el cambio de actitud y la marcada predisposición para dar vuelta la página al mote de sitio “antiminero”; los recelos de la industria (y por ende de los posibles inversores) se mantienen casi intactos aún con el MDMO aprobado. Los sectores ambientalistas ya prometen judicializar todo cuando quede promulgado.
Es que más allá de la modificación de Código de Procedimientos Mineros, de la voluntad política expresada, del respaldo oficial y opositor a la estrategia, los capitales capaces de desarrollar a gran escala proyectos como los que Mendoza podría impulsar aquí, insisten en que no hay seguridad jurídica, desde el momento que un dirigente político (o varios), por diversas razones, muchas de ellas alejadas del conocimiento técnico, y por las causas más ajenas puede decir que “no” a una iniciativa y con ello paralizar inversiones.
Es la más que cuestionada objeción a la ley 7.722 que explicita el aval legislativo y que pone a empresas a merced de convicciones personales, argumentaciones sesgadas o directamente impropias.
Por lo pronto queda claro que junto al impulso oficial del MDMO, hay un entendimiento por parte de la sociedad de tiempos y procesos, y una especie de tanteo público y privado de los límites de acción. Una nueva oportunidad que, tal vez, pueda ser la última.
* Luis Abrego es periodista.
