Aunque los salarios y las jubilaciones han superado la inflación en los últimos meses, su nivel sigue muy por debajo del que tenían hace siete años. El riesgo país es un indicador que mide cuántos puntos porcentuales adicionales debe pagar un gobierno en intereses por encima de los bonos a 10 años del Tesoro de los Estados Unidos. En el caso de Argentina, este índice se ubica en 1.100 puntos, lo que implica que el país puede endeudarse en el exterior, pero debe pagar un 11% más de tasa que Estados Unidos.
El riesgo país ha disminuido, pero sigue siendo elevado. Sin embargo, esta reducción refleja una menor desconfianza por parte de la comunidad financiera internacional hacia Argentina, impulsada por la convicción en torno al equilibrio fiscal y la positiva respuesta al blanqueo de capitales.
Según la Secretaría de Trabajo y el INDEC, el salario real formal es actualmente un 5% superior al de diciembre de 2023, pero aún es un 20% inferior al promedio de 2017. Por su parte, el salario real informal ha crecido un 10% respecto a diciembre de 2023, pero se estima que está un 56% por debajo del promedio de 2017. En cuanto a las jubilaciones nacionales, su poder adquisitivo real es un 9% mayor que en diciembre de 2023, aunque un 44% inferior al promedio de 2017.
Estos datos reflejan una mejora en salarios y jubilaciones, aunque siguen estando lejos de los niveles que tenían en 2017, año previo a la crisis cambiaria e inflacionaria que se desató en 2018. Si bien los ingresos familiares están mejorando, la brecha en relación con el poder adquisitivo histórico sigue siendo significativa.
La situación de la producción y el empleo presenta una dinámica similar. La actividad económica muestra señales de recuperación, pero no suficientes como para generar un impacto considerable en el empleo formal. El empleo asalariado registrado en empresas privadas sigue estancado, y los únicos segmentos que muestran crecimiento son el Monotributo y la informalidad.
La clave para compatibilizar la baja de la inflación con una recuperación económica sostenida radica en la aceleración de reformas estructurales. El reconocimiento de la desconfiguración del régimen federal, que ha provocado solapamientos en los gastos y la recaudación de impuestos, debe ser el punto de partida. Este problema, agravado por el régimen de coparticipación, ha alterado el federalismo y generado los crónicos déficits financieros y de gestión que padece el sector público.
Es necesario que la Nación y una mayoría de las provincias acuerden un conjunto de reglas explícitas que definan de manera clara y precisa los roles y responsabilidades de cada nivel de gobierno, unifiquen impuestos y sustituyan el actual régimen de coparticipación por un esquema de distribución de competencias tributarias entre los distintos niveles de gobierno. Pasar del ajuste al ordenamiento del Estado es una medida imperativa.
*El autor es profesor de la Universidad del CEMA
