Tres años de gobierno de Rodolfo Suárez. Más allá de aciertos y errores, una gestión largamente atravesada por la pandemia de coronavirus. Dos años intensos sobre los que ya se hablado demasiado, pero que a la hora del balance deben ser tenidos en cuenta.
Suárez inició su gobernación presentándose como una imagen más amable y conciliadora que la de Cornejo, el iniciador de un proceso que el radicalismo pretende extender, al menos, cuatro años más desde fines de 2023.
La relación entre Cornejo y el justicialismo siempre fue tensa. Con la llegada de Suárez se esperaba un mejor vínculo político. Sin embargo, desde el primer día de la nueva gestión se vio que el PJ pretendía del actual gobernador una suerte de sinceramiento público sobre el nivel de endeudamiento de la gestión anterior, algo que nunca logró la oposición que Suárez expresara. Al contrario, se impuso siempre en el oficialismo local la idea de una etapa que comenzó con Cornejo y que continúa con Suárez.
Antes de traspasar el mando, Cornejo ya había expresado públicamente su mirada sobre la polémica deuda de la Provincia: la que recibió de la gestión de Francisco Pérez y la que debió tomar. En aquel momento el hoy senador nacional explicó que su equipo de colaboradores había saneado las cuentas del Estado y reprogramado el endeudamiento, con lo cual consideraba que cerraba sus cuatro años en el poder con un 10% menos de deuda que la recibida de la última etapa justicialista.
Obviamente, en su discurso de asunción Rodolfo Suárez utilizó los mismos argumentos de su antecesor en cuanto a las cuentas públicas y la deuda, lo que hizo que el justicialismo advirtiera que la relación entre el nuevo mandatario y su antecesor sería indivisible en lo referido al manejo de los números. Por otra parte, era lo lógico.
Luego de jurar, en su primer discurso, el Gobernador prometió la búsqueda de acuerdos para avanzar en los temas “sensibles” de la provincia. Le reconoció a Cornejo haber dejado un Estado ordenado y eficiente en cuanto a los servicios principales que le competen. Pero las desinteligencias sobre el endeudamiento tensaron la relación con la oposición. Era obvio políticamente hablando que el justicialismo no iba a escuchar de Suárez nada que resultase crítico hacia Cornejo.
En ese marco, año tras año el PJ le negó al gobierno provincial la posibilidad de “rolear” la deuda amparándose en los dos tercios de votos legislativos que establece la Constitución para ello. Este año el Gobierno decidió encarar la negociación por fuera de la Legislatura, pero surgió la Fiscalía de Estado para recordar el mecanismo.
En cuanto a la reforma de la Constitución, iniciativa que heredó de la gestión de Cornejo, Suárez chocó con dos obstáculos: fue presentada en tiempos de cuarentena extrema dispuesta por la Nación a raíz de la pandemia y no tuvo, además, de parte de varios dirigentes del propio radicalismo la predisposición necesaria para instalar el debate. Es otra de las apuestas pendientes que el actual gobierno desearía dejar en marcha en el último año de gestión.
Vale señalar que, como a todo gobernante, la pandemia obligó a la actual administración a reacomodar planes. Lo más problemático fue que esa crisis sanitaria se produjo prácticamente en el arranque de la gestión.
El último tramo
En lo que resta, sólo un año, espera Suárez que haya un mayor consenso político y social con respecto a la actividad minera. El Gobernador siempre fue claro, contundente: no hay el suficiente respaldo social en la provincia como para encarar la actividad y por eso todo se traslada a la próxima gestión. El duro traspié sufrido con el tema en los primeros días al frente de la provincia fue suficientemente claro como para que buscara no tropezar otra vez con la misma piedra.
En este aspecto de la economía, se debe reconocer que Suárez resultó siempre muy sincero. Públicamente dijo más de una vez que cree en los beneficios económicos y laborales de la minería, pero también admite que ir en contra de los límites que impone la ley 7.722 significa someterse a una reacción popular innecesaria.
La idea es no forzar tensiones y siempre apelar al diálogo. No obstante, no mira con desagrado la posibilidad de debate que se plantea a nivel legislativo promovido por quienes, al amparo de la contundente movida de Malargüe, entienden que hay que agotar instancias para ablandar las posiciones ambientalistas más duras.
Mientras tanto, lo que busca el Gobierno es que los proyectos que sí se enmarcan en la estricta legislación vigente lleguen a buen puerto. En esa línea están Potasio Río Colorado y Cerro Amarillo, de gran interés por estar radicados en el muy golpeado departamento sureño, que vio postergar muchas expectativas con el reciente traspié de Portezuelo del Viento. Pero la recomendación que les dio a sus legisladores afines es que no apuren los tiempos innecesariamente, de modo que todas las dudas puedan ser respondidas.
La relación con los gremios estatales también merecerá la atención oficial. Este año el paro y la movilización docente, y de otros sindicatos, generó mucha tensión oficial y buena adhesión social en general.
Otro asunto importante para el actual gobierno es el de la sucesión de Suárez. No hay dudas de que Cambia Mendoza sigue corriendo con buena ventaja según la mayoría de las encuestas. Pero lo que retumba puertas adentro de la coalición es la resolución de la principal candidatura, la de gobernador.
Como todo el radicalismo mendocino, Suárez está pendiente de lo que termine decidiendo su antecesor, Alfredo Cornejo. Su liderazgo dentro de la UCR es tal que prácticamente no tendría obstáculos para presentarse como precandidato.
Hace pocos días el lasherino Orozco admitió que si Cornejo decide “jugar” en la provincia ninguno de los intendentes anotados pondrá algún tipo de objeción. Es importante la voz de Orozco, ya que el referente departamental no es un dirigente del “riñón” cornejista o suarista. Fue en su momento un buen hallazgo de Julio Cobos que con sus dos gestiones departamentales logró consolidar su imagen y, de paso, mantener a su padrino político en un lugar importante a la hora de opinar y tomar decisiones partidarias.
Queda la voz rebelde de Luis Petri, quien expresó públicamente no aceptar la decisión del congreso partidario de llevar por la UCR un precandidato único a gobernador dentro de Cambia Mendoza. Aspecto a resolver, porque, por otra parte, la de Petri es una voz que extrañan en Juntos por el Cambio en el Congreso.
En las primarias provinciales puede darse nuevamente una contienda de la UCR con el Pro. Está claro que Omar De Marchi trabaja para ello y va elaborando una propuesta de gobierno. Ya se enfrentó con Suárez hace tres años sin éxito, aunque posteriores acuerdos para las elecciones de medio término le permitieron al macrismo ganar lugares en la Legislatura. Puede darse un panorama similar el año próximo si el lujanino decide apostar a lo nacional, donde está bien considerado como parlamentario y tiene una función gravitante en el armado electoral de Rodríguez Larreta.
Desde todo punto de vista, para Suárez el nombre más confiable para disputar su sucesión es Alfredo Cornejo. El legislador nacional tiene los suficientes antecedentes como para no recibir mayores objeciones en el frente interno.
Incluso, hay quienes consideran que, ante un posible escenario nacional otra vez liderado por Juntos por el Cambio, una gobernación fuerte de Cornejo reposicionaría a éste a nivel nacional, ámbito en el que en estos últimos meses el ex gobernador no terminó de acomodarse. Y sería una voz fuerte si, en cambio, el Frente de Todos retuviera la conducción del país, una posibilidad hoy bastante remota pero siempre posible en nuestra cambiante política argentina.
Sin tiempo que perder, Suárez encara su último año. No es momento de balances anticipados, sino de mostrar en la cuenta regresiva todo lo que se hizo pese a la pandemia o lo que quedó relegado.
