El Senado de la Nación sancionó una norma para ampliar la inversión en ciencia y tecnología en la Argentina.
La Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación incrementa el presupuesto para ciencia y técnica hasta alcanzar, en 2032, una participación del 1% del PBI de cada año, como mínimo.
De esta forma, la asignación de recursos nunca será inferior, en términos absolutos, a la del presupuesto del año anterior.
¿Por qué es importante?
Entre otras cosas, porque en un contexto pandémico como el que estamos viviendo, que trastocó todo lo conocido, quedó blanco sobre negro que aquellos países que más invirtieron en Ciencia y Tecnología fueron capaces de brindar soluciones concretas a sus ciudadanos con mayor celeridad. Es decir, un sistema científico robusto implica soberanía, generación de riqueza y miles de puestos de trabajo.
La norma que se aprobó promueve la federalización del sistema científico tecnológico a través de la producción, difusión y apropiación del conocimiento en todo el territorio nacional, priorizando las zonas geográficas de menor desarrollo relativo. En concreto, se garantizará la mejora en los recursos para centros de investigación, institutos y también para el empleo, con el Estado como agente dinamizador, aunque en permanente relación con el sector privado.
Hay que decir también que la Ley busca generar divisas mediante la exportación de productos y servicios de alta calidad, fortalecer un proceso de producción nacional basado en la economía del conocimiento tendiente a revertir desbalances comerciales. Todo en un marco que contempla la equidad en la participación de las mujeres y la población LGTBI+ en todos los ámbitos del sistema científico-tecnológico.
La nueva Ley constituye la continuidad de una política de Estado que tuvo su primer hito en 2004, con una suba del 50% en los sueldos de los investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y que se consolidó en el 2007, con la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. El primero en Latinoamérica que contempló la innovación productiva asociada a la ciencia y la tecnología.
Con una norma aprobada por el Congreso de la Nación se pretende, además, evitar políticas de desfinanciación, como las de la gestión anterior, que durante cuatro años no solo ajustaron el presupuesto, suspendieron proyectos y propiciaron la “fuga de cerebros”, sino que además eliminaron el MINCyT, ubicando a la ciencia lejos de cualquier prioridad o modelo de desarrollo nacional. Concretamente, la Argentina tenía en el 2015 una inversión del 0,65% del PBI en investigación y desarrollo (I+D), entre el sector público y el privado; y durante el Gobierno de Mauricio Macri descendió al 0,5 %. En ese sentido, la Ley aporta previsibilidad a un sistema que se basa en la planificación e inversiones de mediano y largo plazo.
Desde poner en órbita el primer nano satélite de plataforma abierta en América Latina para investigación y educación, pasando por programas para mejorar procesos productivos en el país hasta desarrollar tecnología e investigación para combatir la reciente pandemia por COVID-19, todo implica invertir en ciencia para crecer. La Ley de financiamiento científico es una muestra concreta de que juntos y juntas podemos hacerlo.
*La autora es Senadora Nacional por Mendoza.
