Hace poco menos de un año, Suárez salía a relanzar su gestión con motivo del proceso electoral que desembocaría en las elecciones legislativas de mitad de mandato. Hasta ese momento su gobierno poco y nada había podido llevar a cabo según lo previsto más allá de la tortuosa administración impuesta por la emergencia sanitaria.
Puntualizaba el Gobierno en aquel momento en la importancia de haber constituido a Mendoza en uno de los primeros distritos del país en ablandar las restricciones impuestas por la Nación, para permitir un lento reacomodamiento de las actividades económicas en general. Se ejercía así con la autonomía provincial, pero tratando de no burlar los alcances de los famosos DNU de Alberto Fernández y persuadiendo a las autoridades nacionales sobre la conveniencia de las aperturas bajo estrictos protocolos.
Esos avances, más la administración de los recursos de Salud, pese al descontento de los profesionales que se gestaba y luego se acentuaría, fueron la principal vidriera de la administración de Suárez en medio de la impensada pandemia de coronavirus. Le sirvió, y mucho, a la hora del recuento de votos en las legislativas de noviembre.
Decían en el equipo gubernamental en aquel momento que pretendían reafirmar el modelo mendocino de institucionalidad, transparencia y austeridad que nunca se perdió pese a las limitaciones que impuso la pandemia. “El concepto de libertad nunca estuvo condicionado aquí en lo que de nosotros dependió”, sentenciaban en aquel momento colaboradores del riñón político suarista. Y será un argumento que estará siempre a mano del oficialismo a la hora de tener que afrontar eventuales debates sobre la gestión.
Sin embargo, y como señalábamos al comienzo, quedaron relegados los asuntos institucionalmente más ambiciosos que Suárez y colaboradores pretendieron poner a discusión, comenzando por la reforma de la Constitución. Probablemente, ni éste ni otros asuntos que requieran de la aprobación legislativa puedan superar la instancia de la discusión en las bancas si persiste el “teléfono descompuesto” que anunció la oposición justicialista con el rótulo de diálogo institucional cortado (quebrado fue el término utilizado).
De ahí surge la necesidad del Ejecutivo de salir a buscar logros visibles entre lo que más a mano tiene: los recursos presupuestarios.
El Gobierno admitió en estos días que el año pasado relegó la realización de obras públicas, pero prometió que en lo que resta de 2022 agotará la pauta para el corriente año en octubre y que le pedirá luego más plata al ministro Fayad para seguir haciendo obras (edición de Los Andes de ayer).
La llamada subejecución del año pasado, que el ministro Mario Isgró admite en porcentajes que difieren con la evaluación del Consejo Empresario Mendocino (CEM) y con el punto de vista del justicialismo, que usó esa falta de obras como latiguillo en la campaña electoral de 2021, fue atribuida por el funcionario de Suárez al parate económico del año inicial de la pandemia y a su remolona reactivación en 2021, siempre de acuerdo a la versión oficial. El CEM alertó señalando que los trabajos públicos se encuentran al mínimo de sus posibilidades para la época. Y tiene asidero esta versión empresarial, ya que el año pasado, aunque sea por el llamado rebote luego de la abrupta caída de 2020, es cierto que la economía se recuperó bastante bien y lo sigue haciendo.
Al margen de conjeturas y de especulaciones electorales, estratégicamente es interesante para el gobierno de Rodolfo Suárez apostar por la obra pública con mayor énfasis que hasta ahora. El propio Gobernador esta semana anunció la concreción de una postergada doble vía para la Zona Este, entre otros trabajos que también el Gobierno se encarga de hacer notar, independientemente que algunos cuenten con financiamiento nacional o de organismos de crédito. Justamente Suárez hizo aquel anuncio en el marco de una recorrida por aquella productiva zona de la provincia para inaugurar otros trabajos.
En un contexto económico nacional complicado, con la principal oposición provincial sin predisposición para apoyar en asuntos que mucho le pueden haber interesado, aun sin éxito, a la administración de Cambia Mendoza, apelar al recurso presupuestario ya aprobado es casi una obviedad, pero está bien que se haga. Con más razón si se tiene en cuenta el apego que tradicionalmente han tenido los mendocinos por sus obras públicas. No es una tabla de salvación, pero es un recurso para el Gobierno.
Presupuesto en mano para comprobar que con los recursos para obras también se hace la gestión.
