Nadie duda que Mendoza tiene lugares, características, personas y valores que la diferencian, pero a esta altura seguir con la exagerada ponderación que se hace de la calidad institucional es medio complicado. Es parte de la mendocinidad, esa categoría tan compleja que a veces genera taras tan nefastas para los mendocinos, por eso, como una vez escribí, nos hizo muy mal creer que no es lo mismo el otoño en Mendoza.
Se ha repetido en distintas columnas de este diario que estamos ante un proceso delicado si Cambia Mendoza logra controlar todo el Gran Mendoza, ninguna agrupación política lo logró desde el 83 y le costaría muchísimo a cualquier otro partido llegar a la Casa de Gobierno durante años. También se ha reflejado la preocupación que existe porque los organismos de control están en manos del oficialismo, por más que así corresponda.
Hay que analizar mucho lo que pasó en Maipú, en donde la UCR impuso la mayoría y así el presidente del Concejo dejó de ser de un signo político distinto al del partido gobernante. “Somos mayoría” repetían, igual que el kirchnerismo después de ganar con el 54%. ¿Esa es la armonía política que existe en Mendoza y que la diferencia de otras provincias y que repiten desde hace más de 20 años analistas y políticos?
Deberían pensar más en mecanismos alternativos que protejan a la Provincia y a esa institucionalidad con la que se llenan la boca.
Pero aquí nos sentimos noruegos, políticos y analistas vienen repitiendo como loros desde hace más de 20 años ideas poco serias y machacando el mismo discurso de que la calidad institucional de Mendoza es Premium. Dicen que comparada con otras provincias somos ejemplo, lo que no significa que estemos bien. Básicamente se jactan de que en Mendoza no hay reelección de gobernador. ¿Eso impide que no haya un comisario político? Insisto, muchos políticos y analistas vienen manteniendo un status quo discursivo peligroso. Hasta la Universidad Nacional de Cuyo lleva años guardando un preocupante silencio sobre los problemas de Mendoza, atrás quedaron los días en que la rectora María Victoria Gómez de Erice se comprometía con la sociedad y hasta le puso límites al poderoso empresario Daniel Vila, hoy ni siquiera pueden garantizar clases en los colegios, se prioriza la dinámica endogámica.
Si nos autopercibimos noruegos, ¿por qué nadie organizó una marcha en contra del juez Walter Bento? La política mira para otro lado, las Organizaciones de la Sociedad Civil bien gracias y la gente viviendo como puede. En Mendoza tenemos un juez federal procesado por asociación ilícita, cohecho, enriquecimiento, prevaricato y lavado. Ese juez anda por la calle como usted y yo y la política no dice ni pío. No solo hay que serlo, también hay que parecerlo. Es todo tan putrefacto que hasta jueces de otras provincias han tenido que hacerse cargo del caso. Es extraño sentirse orgulloso de esto. Es interesante como en Estados Unidos, unos periodistas, cumpliendo su rol clave en democracia, descubrieron como un juez recibió regalos durante 20 años por parte de un empresario inmobiliario.
También se exaltan figuras del pasado, que han realizado actividades y estudiado distintos problemas, pero los convierten en la categoría de prohombres, como el caso de constitucionalista Julián Barraquero.
Veamos. En1914 la provincia era gobernada por Francisco Alvarez, miembro del Partido Popular, una agrupación conservadora que también controlaba la Municipalidad de la Ciudad porque en esa época el intendente de la Capital lo designaba el gobernador. En octubre de ese año se realizaron elecciones para elegir ediles de la comuna capitalina, y en los comicios ganó el Socialismo logrando por primera vez en América Latina el control de un municipio debido a que lograron introducir 8 concejales, mientras que el Partido Popular quedó con 4.
Pero nada les resultó fácil a los socialistas en la Ciudad. Un edil del Partido Popular, denunció que 3 concejales socialistas no podían ejercer ese rol, mientras que el intendente Anzorena envió una nota al Deliberante comunicando que desconocía las autoridades elegidas por una minoría de 5 concejales, porque no contaba con los 3 denunciados por su partido. Avisó también que en base al art. 31 inc. 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades, observaría todas las disposiciones que dictase el Concejo hasta que se resolviera la legalidad de su constitución; así las cosas, los ediles socialistas le pidieron al gobernador que destituyera al intendente. Alvarez no tuvo en cuenta el pedido y dijo que lo resolvería la Suprema Corte de Justicia.
El conflicto escaló a nivel nacional y hasta el diario conservador porteño La Nación publicó un editorial titulado El oficialismo mendocino. Sus turbios manejos defendiendo a los socialistas mendocinos, en el que decía, entre otras cosas, “el Gobierno mendocino ha realizado una maniobra que constituye un verdadero atentado contra los derechos de un partido que, cualesquiera sean sus ideas, es uno de los tantos exponentes de la opinión, y como tal merece el respeto de los que representan el poder público, cuyo deber es amparar esa representación, consagrada en comicios regulares y luego legitimada por el Concejo”, también consideraban “un grave error la actitud del gobierno mendocino en esta cuestión, por los precedentes que sienta y los principios que vulnera”.
La tensión en Mendoza subía, los ediles socialistas esperaban el fallo de la Suprema Corte de Justicia, pero el 2 de enero de 1915 el Gobierno a través de un decreto dispuso intervenir el Municipio de la Capital, firmado por el gobernador Francisco Alvarez y por su ministro de Gobierno, Julián Barraquero. Poco importa ahora quién lo admiraba y quién le hizo homenajes. El hecho muestra un Barraquero intolerante y poco democrático. Ese es nuestro prócer constitucional.
Además, durante los 35 días en que los socialistas estuvieron en el Concejo sesionaron hasta los sábados a la noche y lograron aprobar ordenanzas de grandes avances sociales como el salario mínimo y la jornada laboral de 8 horas que después llegaron a la Constitución de 1916.
Por esos días este diario publicó un editorial en el que señalaba: “Se puede asegurar sin temor a equivocarse que la institución municipal, verdadera escuela de la democracia y realización práctica del principio de soberanía social, no existe en la provincia”.
Hoy en día, también se está manejando un concepto restringido de calidad institucional. Atraso institucional también es tener una ley de agua con más de 100 años de antigüedad, no aprobar una ley de lobby que no tiene ninguna provincia, y si tiene la Nación, porque la corporación política no quiere tratarla, y no alcanzar acuerdos para hacer una reforma constitucional razonable. No podemos sentirnos orgullosos de que cada partido político que llega al poder envíe a la Corte a sus ministros, así entonces no suena raro que se nombre jueza a una militante radical.
¿Estamos dando el debate sobre si es bueno que los órganos de control estén en manos del oficialismo por más que le corresponda para, precisamente, estar orgullosos y con fundamentos que la calidad institucional de la provincia es envidiable?
Atravesamos un momento que, si lo sabemos aprovechar, podemos capitalizarlo para mejorar las cosas.
