Siempre los que administran el Estado se ven presionados por distintos sectores en busca de recursos. Entre otras cosas, para eso llegan al Gobierno, para resolver tensiones, aguantar la presión y estar dispuesto a negociar pensando en la gente que los votó.
En el tercer trimestre del 2022 la deuda de los morosos, por departamento, en impuesto automotor era de 6.731 millones de pesos, en inmobiliario de 13.580 millones de pesos y en Ingresos Brutos, los grandes contribuyentes, deben 2.600 millones de pesos. En total: casi 23 mil millones de pesos.
Por suerte un grupo de empresarios a principios de los 2000 impulsó la Ley de Responsabilidad Fiscal y por eso tanto el Gobierno Provincial como las comunas tienen la obligación de informar y publicar, quiénes son los deudores y cuánto deben. ¿Se imaginan si no existiera la obligación por ley?
Sabemos que se tardaría en cobrar todo ese dinero por distintos motivos, además hay muchos deudores que están abonados en las listas de morosos, siguen acumulando deuda y hace 10 años, por lo menos, que no pagan, por lo tanto el problema atraviesa a las diferentes gestiones de Gobierno que ha tenido Mendoza.
Los expertos entienden que se puede pensar en cobrar el 50% de la deuda, un poco más de 11 mil millones de pesos, es el 1,2% del presupuesto de más de 900 mil millones que sancionó la Legislatura. Quizás es por eso por lo que no se pone empeño en cobrar el dinero y así, los que no pagan, siguen sin abonar impuestos. Eso es una forma de ver la deuda, la otra es saber que el total de inversiones de la agroindustria que hizo el sector a través de Mendoza Activa desde el 2020 al 2022, fue de 13 mil millones en 1.600 proyectos presentados y el Estado les devolvió más de 4 mil millones.
La construcción de los seis jardines de infantes que comenzó el Gobierno que cuando estén listos en 2024 permitirán que 900 chicos tengan su banco, le cuesta 1.000 millones de pesos y reparar 1.300 establecimientos educativos para el ciclo 2023 le está costando menos de 5 mil millones.
Hay otro “vueltito” dando vueltas por las oficinas del Gobierno de Mendoza, más concretamente en la Dirección de Administración de Activos de los ex Bancos Oficiales (Daabo). Cuando se privatizaron los bancos públicos, a fines de 1996, se creó el famoso Fondo Residual compuesto por 1.200 millones de pesos/dólares porque regía la convertibilidad. Hacia fines del 2021 se habían cobrado cerca de 400 millones de pesos. Si bien es cierto que aquí también hay que sincerar las cuentas, poner blanco sobre negro y definir el monto real de cobro, todavía no hay señales en ese sentido. ¿Serán 500 millones en realidad los que se pueden cobrar? Sumados a los más de 11 mil de los morosos tenemos unos 12 mil millones de pesos.
La impermeabilización del canal Chimbas, el gobierno la proyectó en 2019 a un costo de casi 700 millones de pesos y beneficiará a 600 productores ubicados en 5.000 hectáreas de San Martín. En Irrigación proyectaron invertir en obras durante el 2022, casi 1.000 millones. También se podría destinar dinero a una línea de crédito para que los productores pongan malla antigranizo.
La obra que enceguece a los intendentes radicales también avanzaría. Es que hacer casi 90 kilómetros de ciclovía en el Gran Mendoza costó $ 460 millones.
En 2019 se inauguró un Centro de Salud para que atienda las 24 horas en Vista Flores, el epicentro del boom vitivinícola, el costo fue de 16 millones de pesos, supongamos que ahora saldría 5 veces más: $ 80 millones.
Pero todo esto habla de la desidia con la que se toman algunos problemas la clase política, hay plata y muchas obras necesarias para hacer, pero es preferible seguir paveando con la interna. Mientras tanto así estamos, años y años con morosos sin pagar y no pasa nada. Suárez se los pasará al que venga y así, lo mismo con el Residual. Vamos que podemos.
