El lunes, el ministro de Economía de la Nación estuvo en la provincia con motivo de anunciar una serie de medidas para mitigar los efectos de las heladas tardías o primaverales que afectaron a varias provincias del Oeste argentino. Los anuncios realizados por Massa Sergio demuestran que el equipo que lo asesora desconoce la realidad productiva y comercial de las principales cadenas de valor localizadas en la región.
Primeramente, dispuso $ 1.500 millones para apoyar con Aportes No Reintegrables (ANR) a los productores damnificados por las heladas. Solamente en Mendoza, ya se registraron casi 45.000 hectáreas con potenciales daños por heladas. Si a ellas, se suma la superficie de San Juan, Neuquén y Rio Negro, seguramente se superarán las 60.000 hectáreas. Es decir que, estamos hablando de unos $ 25.000 por hectárea.
Para ponerlo en términos de uva, la producción más característica de Mendoza y San Juan, estamos hablando de un apoyo equivalente a 5 quintales de uva básica por hectárea, cuando el promedio de producción es de 180 quintales por hectárea. Una ayuda equivalente a menos del 3% si el daño fue del 100%. Evidentemente, algo insuficiente para los productores. Sin embargo, como apostilla, se olvidaron de incluir en estas ayudas a los contratistas.
En segundo lugar, se anunciaron dos tipos de créditos. Uno a 18 meses a tasa cero (0%) y otro a 50 meses a una tasa fija del 48%. Ambos créditos se canalizarían por el Banco Nación Argentina (BNA) y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). En este caso, la crítica es que gran parte de los pequeños productores no se encuentran bancarizados y/o no son sujetos de crédito. Por tanto, esta es una medida que no puede ser aprovechada por la mayoría de los productores y, ni hablar, de los contratistas.
Tercero, se quiso emular lo realizado con el “dólar soja” y se anunció un dólar diferencial para las economías regionales afectadas por las heladas. Esta medida se implementaría entre el 20 de noviembre y el 30 de diciembre del corriente año. Como contraparte, se les exigirá a los beneficiarios que participen del Programa de Precios Justos y, además, tener un acuerdo (¿?) con los productores que proveen la materia prima.
En suma, una medida inaplicable, fundamentalmente, porque nuestras economías regionales son de ciclos más largos que la soja. Generar una ventana de 40 días es insuficiente; y si, además, se les exige acuerdos con los productores y con el Programa de Precios Justos, es como pedirle a alguien que compre un “lote en la luna”.
Cuarto, se les pidió a las provincias que subsidien las tarifas de energía eléctrica para el riego agrícola, cuando fue la Nación la que recientemente quitó los subsidios en un esquema escalonado. Evidentemente, esta “pasada de pelota” a los ejecutivos provinciales parece algo incongruente e incomprensivo, más cuando la Ley de Emergencia Agropecuaria de Mendoza ya incluye subsidios al riego agrícola para los damnificados.
Finalmente, se dijo que todas las provincias tendrán acceso al Programa de Recuperación y Sostenimiento Productivo (Repro), que apoyaría a los productores que sufrieron daños con una suma monetaria para cubrir parcialmente los salarios de sus trabajadores. Lo que no se dijo es la magnitud de los Repros dispuestos para cada provincia y tampoco se incluyeron a los contratistas y a los trabajadores temporarios dentro de esta medida.
En conclusión, anuncios con gusto a poco y de dudosa aplicación en nuestras Economías Regionales.
