La legalización del aborto es un punto en que Alberto Fernández puede encontrarse con su vicepresidenta sin sentirse incómodo ni contradecirse. Se trata de un tema que no divide entre izquierda y derecha, sino entre reformistas y conservadores. En la vereda reformista hay progresistas, populistas, liberales y expresiones centroderechistas que no son conservadoras.
Valery Giscard d’Estaing era un liberal de centroderecha y al llegar a la presidencia de Francia en 1974, impulsó la legalización del aborto, además del divorcio consentido y reformas tendientes a la igualdad de género.
La oposición al derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo surge de convicciones religiosas y de posiciones conservadoras.
El paso dado en Diputados va en un sentido lógico en materia de salud pública y de democracia secular. La nueva legislación no obliga a nadie a nada que contraríe los principios personales, ideológicos o religiosos de un sector de la sociedad, sino que remueve esos principios si obstaculizan la libre decisión de otro sector.
En esa vereda, Alberto pudo estar cerca de Cristina sin contradecirse ni posar de lo que no es. Pero no ocurre lo mismo con Venezuela. Allí, cuando el presidente es coherente con sí mismo, es atacado a mansalva desde el kirchnerismo. Y cuando actúa para agradar a Cristina y a su militancia, incurre en incoherencias y contradicciones impresentables.
Poco antes de quedarse mudo ante la escenificación electoral ocurrida en Venezuela, el mandatario había avalado el informe de la ONU que denuncia al régimen venezolano de violar de manera “sistemática los Derechos Humanos”.
La denuncia del Alto Comisionado que preside Michel Bachelet, señala el carácter “sistemático” de esas violaciones, lo que implica afirmar que la tortura y el asesinato constituyen un “sistema”. Ergo, los responsables son las autoridades imperantes.
Alberto Fernández lo entiende bien, por eso nunca había considerado democrático al gobierno de Maduro y la casta militar. Lo consideraba un “régimen autoritario”. Coherente con eso, suscribió el informe de Bachelet. Pero ahora no se atrevió a decir lo que también es obvio: ¿cómo podría realizar elecciones democráticas un régimen dictatorial?
Una dictadura que viola DD.HH. no organiza elecciones libres y plurales. He ahí la contradicción del presidente al no suscribir los pronunciamientos contra la farsa electoral.
Votar no es lo mismo que elegir. En Venezuela se vota, pero no se elige. Para que se pueda elegir, debe haber opciones verdaderamente diferentes. Y eso no ocurre en un país donde los partidos de la disidencia están intervenidos y sus líderes proscriptos.
En junio fueron intervenidos los partidos Primero Justicia, de Henrique Capriles, y Acción Democrática, de Henry Ramos Allup. Antes habían sido intervenidos Voluntad Popular, de Leopoldo López y Juan Guaidó, y otras fuerzas políticas en las que sus dirigencias fueron reemplazadas por gente funcional al régimen.
Esta es una de las tantas razones visibles por las que en Venezuela se vota, pero no se elige. Y si no se elige, entonces no hay verdaderas elecciones. La palabra elección no deriva de votar, sino de elegir. Ergo, el domingo 5 de diciembre no hubo elección en el país caribeño. Hubo una votación entre dirigencias controladas por el régimen, con los líderes disidentes invalidados como candidatos.
De haber actuado con coherencia, Alberto habría apoyado el pronunciamiento de la OEA y tantos otros que denunciaron la falacia.
Por cierto, también Cristina es incoherente. Una crítica suya a Ecuador expone esa incoherencia. Cuestionando que la candidatura de Andrés Arauz hasta ese momento no hubiese sido aceptada, la vicepresidenta dijo que en Ecuador no hay democracia porque existen proscripciones. Finalmente, la candidatura de ese joven y brillante economista fue aceptada. Pero si esa postulación apoyada por Rafael Correa hubiera sido invalidada, la denuncia de Cristina habría conservado validez.
Por la misma razón la vicepresidenta debiera considerar farsa electoral a los comicios en Venezuela, ya que el régimen ha proscripto a las principales figuras de la oposición, interviniendo sus respectivos partidos.
Una diáspora de dimensiones bíblicas y represión con centenares de muertos, entre otras violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, justifican que haya presiones para que el régimen devuelva el Estado de Derecho a los venezolanos.
Persistir en la complicidad con la tragedia venezolana sólo tiene tres posibles explicaciones: 1) Identificación ideológica con ese sistema de poder hegemónico. 2) Lealtad por gratitud con ayudas económicas importantes y cruciales recibidas de Hugo Chávez. 3) Vulnerabilidad ante posibles extorsiones de Maduro en virtud de financiaciones ilegales o negociados facilitados por el régimen.
De estas 3 posibles explicaciones, la segunda es la única que puede resultar perdonable. Pero no es aplicable a las complicidades argentinas con el régimen residual chavista.
*El autor es Politólogo y escritor.
