Adepa ha sido protagonista de este tiempo histórico, ya que la mayor parte de su vida institucional transcurrió desde la recuperación democrática de 1983. Los principios fundacionales de nuestra entidad han sido guía permanente para defender la libertad y denunciar los eventuales desvíos del poder -en sus distintos estamentos, naturalezas y jurisdicciones- con el fin de silenciar, amedrentar o debilitar la libre expresión y el ejercicio del periodismo, que es una herramienta profesional al servicio de aquella.
En estos 40 años, Adepa denunció los ataques a la estabilidad democrática, las amenazas y los abusos contra la prensa, la violencia y aun el asesinato contra periodistas, la estigmatización y la represalia contra quienes informan u opinan. Asimismo, Adepa cuestionó severamente los intentos del Estado para regular restrictivamente el ejercicio de la tarea informativa o dañar la viabilidad económica de las empresas periodísticas que la sostienen. La coherencia de nuestra prédica, más allá de cualquier signo político, es algo que nos enorgullece, porque se deriva de nuestra propia esencia pluralista y federal.
Son muchas las deudas que subsisten tras estas cuatro décadas de una democracia que deseamos definitivamente consolidada en el país. Algunas preexistentes y otras que se han profundizado con el tiempo. Deudas institucionales, como el respeto por la efectiva división de poderes o el federalismo, tan preciados por nuestra entidad. Deudas económicas, como el ordenamiento y la ansiada estabilidad que permita aspirar a un camino de desarrollo. Deudas sociales, como el crecimiento de una pobreza estructural y persistente que daña el tejido social y obtura el progreso ciudadano. Sin embargo, nada de esto relativiza la conquista de las libertades individuales y colectivas, ni la importancia de elegir con alternancia a quienes nos gobiernan, o de haber logrado avances notables en el respeto de las minorías y de contar así con límites al poder absoluto.
Junto con los 40 años de democracia, transitamos el comienzo de un nuevo año electoral. Adepa espera que los próximos meses transcurran en un clima de tolerancia a la disidencia y la crítica, y por lo tanto favorable a la libre labor informativa. Con frecuencia suelen oírse expresiones destempladas, que apuntan a culpar al periodismo por ser el portador de las noticias, y que se formulan con la intención de exponerlo como adversario político.
Ningún actor de la vida pública está exento de las críticas. Por eso el periodismo profesional asume todos los días el desafío de hacer mejor su trabajo y de revalidar la representación de sus audiencias. Esa sana autocrítica no debe hacernos perder de vista que la sociedad aprendió hace mucho que los problemas que afectan su vida cotidiana no son de la responsabilidad de quienes los comunican. Sería pues saludable que el poder político, en sus distintos estamentos y filiaciones partidarias, entienda que no es señalando al periodismo que se resolverán los profundos problemas que atraviesa el país.
Tampoco lo es responsabilizando a la prensa de las investigaciones judiciales concretas que enfrentan quienes gestionan los recursos públicos. El periodismo profesional, aquí y en el mundo, tiene como uno de sus objetivos auditar al poder, echar luz sobre los pliegues más oscuros de las administraciones, y llevar al debate los temas concernientes a la idoneidad y la transparencia de los actos de gobierno. Esgrimir construcciones dialéctico ideológicas como la del “lawfare” o la de la “mafia mediático-judicial” no reemplaza la contrastación fehaciente de los hechos concretos ni el deber de dar cuenta por ellos.
A lo largo de su historia, la Argentina registra una amplia gama de ataques contra la libertad de expresión y el derecho a la información. Sin embargo, durante el último semestre se intensificó una forma de violencia que no tiene antecedentes en nuestro país. Ello pone en riesgo no sólo el ejercicio periodístico sino las bases mismas de la convivencia social. Frente a las amenazas que buscan impedir que salga a la luz la trama del crimen organizado, que cruza transversalmente los distintos ámbitos de la sociedad, el periodismo argentino está contestando con una lección diaria de confiabilidad profesional y civismo acendrado.
Con virulencia inusitada, bandas criminales ligadas al narcotráfico cometieron en 2022 un homicidio cada 30 horas, y el 20% de las víctimas fueron menores de 19 años. El problema excede la grave situación constatada en la ciudad de Rosario, golpeada desde hace largos años por este flagelo creciente, y alcanza todos los grandes centros urbanos de la Argentina.
El periodismo viene alertando sobre este fenómeno desde hace años. Se ha convertido en sí mismo en blanco de ataques armados y de amenazas que buscan amedrentarlo y restringir su labor. En menos de dos meses, las instalaciones de Televisión Litoral fueron blanco de dos balaceras que afortunadamente no produjeron víctimas fatales, y en los alrededores del canal Telefe Rosario aparecieron carteles intimidatorios con el sello mafioso.
Ante estos gravísimos hechos, Adepa ha instado a las autoridades locales y nacionales de los tres poderes a que tomen una acción firme en resguardo de la tarea informativa de medios y periodistas que investigan a las mafias del narcotráfico. Quienes ejercen el periodismo en Rosario y en otros lugares han tenido que acostumbrarse a vivir en estado de alerta. Se ha hecho común ver a profesionales cubrir estos hechos usando chalecos antibalas, ser víctimas de robos durante transmisiones en vivo o movilizarse en grupos a fin de protegerse, incluso entre colegas de medios competidores.
El poder de policía del Estado democrático no es tal si la integridad física y psíquica de quienes denuncian e investigan a las bandas criminales se ve amenazada. Argentina corre el riesgo de compartir la realidad siniestra que afecta desde hace tiempo a otros países latinoamericanos. 2022 fue, en lo que va del siglo, el año más letal contra la prensa en el continente, con récord de periodistas asesinados. Nuestra responsabilidad es trabajar denodadamente para que la Argentina no engrose esa luctuosa lista.
En enero se cumplieron 26 años del crimen de José Luis Cabezas, el más grave atentado contra la prensa desde la vuelta de la democracia. El asesinato del reportero gráfico generó en 1997 un repudio unánime de la sociedad, que impidió en gran parte la repetición de ese tipo de hechos. Hoy vuelve a ser necesario que nos pongamos en alerta. En su momento, un grito resonó en el país: “No se olviden de Cabezas”. Hoy debemos recordar todos los días a los periodistas amenazados por el narcotráfico y deplorar el abrazo público entre uno de los condenados por el crimen de Cabezas y el abogado Fernando Burlando, actualmente en campaña electoral.
En temas como este, no debe haber grietas. Quienes hoy ocupan cargos públicos y quienes aspiran a hacerlo en función de los resultados de las próximas elecciones deben comprometerse a brindar garantías para el pleno ejercicio de la profesión. Deben buscarse respuestas exploradas en otras latitudes, como la creación de fiscalías, tribunales y sistemas carcelarios especializados, o la estipulación de penas agravadas en razón de las funciones que cumplen los periodistas, o el establecimiento de protocolos de protección, tanto de parte de las fuerzas de seguridad como de los propios medios periodísticos.
Sin periodismo libre no hay democracia. Incluso con sus errores, de los que no está exenta, la prensa ayuda a transparentar lo que hay de opaco en el espacio público, y a informar sobre realidades que muchos quieren ocultar. No es casual que el narcotráfico y las mafias, al igual que los poderes autoritarios, tengan a la prensa en la mira como enemiga a eliminar.
Pero para que exista una prensa libre y profesional también debe garantizarse su sustentabilidad. Como hemos dicho reiteradamente, en un mundo donde los algoritmos y las nuevas herramientas de inteligencia artificial son utilizados para potenciar campañas de desinformación y distorsionar la realidad, los medios periodísticos con editor responsable son un antídoto eficaz para combatir este fenómeno.
Así lo han entendido gobiernos de todo el mundo que en los últimos años han trabajado para contribuir a la sostenibilidad de las empresas periodísticas y, por ende, para mantener las fuentes de trabajo de quienes ejercen esta profesión. Lo han hecho con medidas fiscales, con inversión estatal no gubernamental y, sobre todo, poniendo en agenda la necesidad de que las plataformas digitales reconozcan el valor que el contenido periodístico aporta a su lucrativo negocio y lo retribuyan de forma justa.
Prensa independiente y prensa sustentable son sinónimos. Por eso en la Declaración de Windhoek + 30, la UNESCO recordó que “la sostenibilidad económica” de los medios es “un requisito previo clave para su independencia” y que las compañías digitales deben apoyarlos a través de acuerdos “de asociación inclusiva” y “medidas financieras”. En este sentido, preocupa que en los últimos tiempos, algunas plataformas hayan reducido sus niveles de colaboración con la industria periodística.
¿Queremos acceder sin restricciones a distintas miradas editoriales o quedar encerrados en burbujas de sentido? ¿Queremos oír opiniones con solvencia profesional y sustento fáctico o dividirnos en la polarización algorítmica? ¿Queremos ser artífices de nuestra propia dieta informativa o consumir lo que otros -personas o máquinas– eligen por nosotros bajo la fachada de que en realidad somos nosotros los que elegimos? ¿Sabemos cómo están construidas esas recomendaciones, cuánto pesan la inversión publicitaria, el trabajo original con propiedad intelectual, las técnicas de viralización?
Estos son los debates que se dan hoy en el mundo y que la política comienza a asumir como propios. Así como en países hermanos podemos ver las consecuencias terribles que tiene el avance del crimen organizado, también existen espejos de lo que puede suceder si no damos un debate serio sobre estos temas. Los asaltos al Capitolio en Estados Unidos o a la Plaza de los Tres Poderes en Brasil han sido tristes espectáculos que todavía perduran en nuestra retina. Al igual que con las muertes por el narcotráfico debemos evitar esas infamias políticas en nuestro país.
La Argentina cuenta con legislación, jurisprudencia y desarrollo doctrinario con altos estándares de protección de la libertad de prensa. El desafío es seguir desarrollando esa doctrina con las herramientas más modernas que hacen posible la protección de la sostenibilidad de los medios sin condicionar su línea editorial (como por ejemplo estableciendo porcentajes presupuestarios homogéneos para la comunicación oficial) o aquellas que promueven la negociación justa con las grandes tecnológicas globales.
En este punto, debemos reconocer que ha habido una recuperación parcial de la inversión publicitaria estatal así como cierta mejora en su efectiva distribución, pero aun subsiste una gran brecha para recuperar los porcentajes históricos de participación presupuestaria. Además, preocupa el efecto de la inflación en los plazos de cancelación. Estas situaciones se ven agravadas en ciertas provincias y municipios, donde se observa mayor discrecionalidad e incluso discriminación.
Asimismo, genera preocupación la reciente modificación de la normativa de pauta publicitaria estatal nacional, ya que la misma podría generar mayor arbitrariedad en su reparto, reducir criterios objetivos en sus destinatarios o terminar condicionando el contenido. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es clara cuando dice que la distribución arbitraria de este recurso presupuestario es considerada un atentado contra la libertad de expresión.
En esa línea, las restricciones al comercio internacional también constituyen en estos días una amenaza para nuestra actividad. Si bien desde el Ministerio de Economía se dieron respuestas a las demandas más urgentes, todavía persisten dificultades para obtener recursos críticos con destino a la actividad periodística. Adepa reconoce estos pasos, pero también recuerda que el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica considera estas trabas como una restricción indirecta a la libertad de expresión.
Ataques, violencia y condicionamientos
Desde la última Asamblea General de la institución en la ciudad de El Calafate, Adepa alertó en dos ocasiones sobre el acoso y la persecución a periodistas y editores por parte de funcionarios nacionales y provinciales.
En septiembre pasado, se hizo público un plan de espionaje y criminalización contra Nahuel Caputto, editor periodístico de Santa Fe y miembro de esta organización, comandado por el exministro de seguridad de esa provincia, Marcelo Saín. Como sostuvimos en su momento, la utilización del poder del Estado para perseguir y hostigar a medios, editores y periodistas, configura un grave atentado contra la libertad de expresión y constituye un inadmisible abuso de autoridad que violenta garantías constitucionales básicas.
Otra preocupación en esa provincia la genera la actitud del senador provincial Armando Traferri, quien ante distintos artículos periodísticos reitera una actitud intimidatoria y de pretendido amedrentamiento contra sus autores. Adepa reitera que cuando se debaten cuestiones de interés público, los funcionarios deben ser capaces de tolerar críticas y denuncias, y que la responsabilidad de los periodistas está restringida al dolo o la real malicia.
En enero, el entonces titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, promocionó una denuncia penal contra los periodistas Joaquín Morales Solá, Daniel Santoro y los diarios Clarín y La Nación por la difusión de un pedido de informes efectuado por legisladores nacionales en relación con posibles delitos cometidos por presuntos agentes de inteligencia. Difundir información de interés público sin recibir reprimendas está previsto por los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, el Pacto de San José de Costa Rica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que considera a la amenaza penal como un incentivo a la autocensura.
También la Constitución Nacional y el Pacto de San José de Costa Rica, establecen que los actos del Poder Judicial, como todos los actos de gobierno, deben ser públicos y estar sometidos al escrutinio y la crítica del periodismo y de la opinión pública. Solo así la ciudadanía puede llevar a cabo un control real del desempeño de quienes, en su nombre, ejercen el poder del Estado. Por eso, Adepa hizo conocer su grave preocupación cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N° 13 de Buenos Aires impidió la cobertura periodística de las audiencias en el juicio oral y público contra barrabravas por un enfrentamiento a los tiros que terminó con dos muertos en 2013.
La medida afectó directamente al periodista Gustavo Grabia, quien cubría el juicio para Infobae, tanto en las sesiones presenciales como en las virtuales. El insólito planteo surgió de parte de la defensa de un acusado que pidió a los jueces que Grabia no accediera a las audiencias, disconforme con su cobertura y alegando que la misma podría influir en las declaraciones de los testigos.
La decisión judicial comentada nos retrotrae a épocas pretéritas, en las cuales las actuaciones administrativas y judiciales no eran expuestas al escrutinio público.
También en este período, Adepa publicó un comunicado en el que llamó la atención sobre un nuevo tipo de violencia que afecta a periodistas: el hostigamiento en línea.
Con mensajes agresivos y violentos, usuarios de redes sociales hostigaron de forma sistemática a la periodista Marina Abiuso, de la señal TodoNoticias durante varios días, con acusaciones falsas sobre la cobertura informativa del juicio por el asesinato del menor Lucio Dupuy. Entre otras consecuencias, Abiuso decidió cerrar su cuenta de Twitter para evitar recibir estos agravios.
Adepa se opone a todo tipo de manifestación violenta, sea en forma física o a través del acoso digital. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha llamado la atención sobre cómo este tipo de situaciones generan autocensura y limitan gravemente la libertad de expresión.
Sobre el tema, el organismo regional puso énfasis en el hecho de que las mujeres periodistas son especialmente afectadas debido a una doble vulnerabilidad: por ejercer la labor periodística y por su género.
Perspectivas
Como dijimos, la Argentina cumple 40 años de democracia y sin dudas la prensa libre, con sus múltiples miradas editoriales, ha sido un actor fundamental en este período, contribuyendo a preservar el sistema constitucional desde la convivencia en la pluralidad de ideas. Hoy, nuestra profesión se encuentra frente a formas de asedio desconocidas hasta hace muy poco, que atentan contra el ejercicio pleno de sus derechos y también contra su sustentabilidad.
Es indispensable comprender que los ataques a la prensa en cualquiera de sus formas, incluidas, por cierto, las que afectan su viabilidad económica, trae como consecuencia el debilitamiento del sistema democrático. La libertad de expresión, la libertad de información y el libre ejercicio del periodismo no son meros asuntos de un sector, son asuntos de todos.
* 30 de marzo de 2023. Informe sobre Libertad de Prensa elaborado durante la 181° Junta de Directores de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa).
* Martín Etchevers es Presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA:
