El proyecto que se debate en el Senado no solo viola la Constitución y perjudica a millones de argentinos, sino que también es objetivamente perjudicial para nuestra provincia, que perderá $6.500 millones de coparticipación solo durante 2024.
La ley Bases es un horror jurídico, económico y social para Argentina. Como ya hemos dicho en más de una oportunidad, sienta bases pero no para el crecimiento del país, sino para la venta de nuestra tierra y nuestros recursos a potencias extranjeras. Sin embargo, más allá de las visiones respecto del desarrollo del país que pueda defender cada sector, hay un dato objetivo e indiscutible que todos los mendocinos debemos tener en cuenta: esta ley, de aprobarse, generará un importante perjuicio para las arcas del Estado provincial.
Todos saben mi postura en torno a la ley Bases, el paquete Fiscal y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Yo no especulo, estoy absolutamente en contra y voy a votar en concordancia. Esta ley es mala para Argentina, llena los bolsillos de unos pocos y perjudica a trabajadores, jubilados, a la industria y, sobre todo, a las PyMEs. No van a encontrarme votando algo así.
La ley Bases, como todo en esta vida, es discutible. Algunos podrán decir que es buena, otros decimos que es mala (se los garantizo, es tremendamente dañina para la gente y nuestros hijos y nietos nos juzgarán por haber rifado el futuro). Sin embargo, si algo no está en discusión es que las cuentas públicas de Mendoza sufrirán un perjuicio significativo.
Según informe de la OPC (Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional), el efecto neto de la ley Fiscal le hace perder recursos a Mendoza, dado que lo que se pierde por reducción de alícuotas y beneficios en el Impuesto sobre los Bienes personales no se alcanza a recuperar con la reposición del Impuesto a las Ganancias a trabajadores. Para las provincias, durante el año 2024, lo que se deja de percibir por Bienes Personales representa un 0,20 % del PBI, mientras que lo que se logra recuperar de Ganancias alcanza 0,17 %. Para los años posteriores (2024 en adelante), la reducción de transferencias por Bienes Personales aumenta desde el 0,22 % del PBI hasta el 0,33 %.
Esto nos plantea un problema económico, pero también moral. Económico porque Mendoza tendrá menos recursos por coparticipación, y moral porque el “agujero” en la recaudación que provoca la reducción del impuesto a los Bienes Personales (que pagan quienes más propiedades tienen en el país) se intenta “tapar” (sin éxito) reponiendo el impuesto a la Ganancia (que pagan los laburantes). Es la historia de Robin Hood: en plena crisis económica y con una recesión sin precedentes, le quitan a los pobres para dárselo a los ricos. ¿La casta? De fiesta.
Para comprender cabalmente lo paradójico de la propuesta fiscal de la Ley de Bases, debemos saber que el impuesto a los Bienes Personales (el cual se coparticipa en su mayoría) es, quizás, el más progresivo del sistema tributario. Según datos oficiales de 2020, los 800 contribuyentes de mayor poder adquisitivo explicaron el 24,4 % de la recaudación de este tributo y aportaron recursos por el equivalente al 0,19 % del PBI.
Pero volvamos a Mendoza. En el caso de que las modificaciones sean aprobadas, según los cálculos proporcionados por la oficina de presupuesto, Mendoza recibiría en el año 2024 un total de 42.162 millones de pesos por la reintegración del impuesto a las ganancias de 4ª categoría. Sin embargo, esta cifra contrasta con una disminución de ingresos estimada en 48.666 millones de pesos para la provincia, al menos durante este año, debido a los beneficios fiscales del impuesto sobre los bienes personales. Son 6.504 millones de pesos que Mendoza dejará de recibir y que en su lugar irán a parar a los bolsillos de quienes poseen los más grandes patrimonios del país (contra quienes no tengo nada personal, pero deben pagar lo que corresponde, en virtud de un sistema tributario progresivo donde pague más quien más tiene).
¿Cuántas escuelas u hospitales pueden construirse con 6.504 millones de pesos? ¿Cuántos móviles o chalecos antibalas para nuestros policías pueden adquirirse con ese dinero? Nuestros viñateros necesitan malla antigranizo, nuestros jóvenes calefacción en las escuelas. ¿De verdad estamos en condiciones de despreciar un monto de dinero semejante solo por ser obsecuentes con Milei? ¿Los mendocinos y mendocinas no tienen necesidades urgentes que atender?
Durante la discusión de la ley Bases en el Senado realicé muchas preguntas importantes para Mendoza: la mayoría quedaron sin responder. Consulté ¿Cómo piensan compensar a las provincias en esta quita de recursos que implica el paquete fiscal en combinación con el régimen RIGI, mientras que el superávit (además de ser insostenible socialmente, y estar derrumbando los recursos tributarios provinciales) se sostiene con recortes a fondos provinciales y con impuestos que no se coparticipan, por ejemplo, Impuesto PAIS?
Hay mucha tela para cortar respecto de la Ley de Bases, pero no puedo terminar sin mencionar el nefasto RIGI y el desastre que este régimen generaría para Mendoza. Esta norma tiene como único objetivo generar el marco legal para una economía especulativa y extractivista, sin mano de obra mendocina, sin progreso para nuestras empresas locales, sin dólares para nuestro país. Ni siquiera están obligados a dejarnos el know-how (conjunto de conocimientos técnicos y administrativos que son indispensables para conducir un proceso comercial). Pero lo que más me preocupa, como mendocina, es que en el texto de la ley fija claramente que el RIGI está por encima de las legislaciones ambientales provinciales y cualquier ley que sea un “obstáculo” para las inversiones extranjeras será nula de nulidad absoluta. La ley de Aguas, la ley de Glaciares, la 7.722 o cualquier otra norma que ponga un freno a la contaminación están en peligro inminente.
El RIGI es la carta de defunción de nuestra nacional. Propone una competencia absolutamente desleal para las empresas del país: una minera extranjera, por ejemplo, podrá importar cualquier cosa (por ejemplo maquinaria metal mecánica) a tasa 0, incluso usada y venderla al mercado interno!
¿Queremos inversiones? Pues claro que sí, pero con trabajo para nuestra gente, con impulso para nuestros emprendimientos, con tributos justos para el Estado, con cuidado de nuestra tierra y aprendizaje para nuestras futuras generaciones. Por si todo esto fuera poco, el RIGI es completamente unitario y contrasta con el federalismo que necesita nuestro país para poder crecer: todas las grandes empresas, por más de que extraigan la materia prima en Salta, San Juan, Misiones o Mendoza, tributan en Capital Federal.
En conclusión, queda claro que la ley Bases no es buena para el desarrollo del país y genera un notable perjuicio económico para Mendoza, además de una transferencia de recursos lineal de los bolsillos de los trabajadores y monotributistas a los 1000 contribuyentes más ricos del país (a quienes también se beneficia con el blanqueo de capitales. Todo cierra, ¿no?) Está más que claro: quienes voten esta ley lo harán en contra de nuestra provincia y traicionarán la confianza que el pueblo de Mendoza depositó en ellos para representar sus intereses. Que la historia los juzgue.
