Conceptos básicos
Soberanía, autonomía, autarquía y descentralización o desconcentración son conceptos de Derecho Público que indican el tipo de organismos que hay dentro de un determinado Orden Jurídico.
Soberanía proviene de superannus, supremo, que es el organismo que no reconoce un poder superior a él, salvo que voluntariamente sus integrantes así lo dispongan y acepten. Cada uno de los Estados o países existentes es soberano y se somete a las Naciones Unidas (ONU) o a otros organismos internacionales por decisión propia.
Autónomo significa que el organismo se da sus propias leyes, aunque reconoce un órgano superior. Las Provincias son autónomas, se dan sus constituciones y leyes reconociendo al Estado Nacional como orden superior.
Autárquico es el órgano que se administra a sí mismo pero se rige por una ley o norma superior, por ejemplo Dirección Provincial de Vialidad a cuyo frente está el Director y un organismo deliberativo.
Desconcentrado o descentralizado es el organismo separado de la Administración Central para facilitar su gestión pero ni se da sus propias normas ni se administra a sí mismo.
Las Universidades
Con esto pretendo explicar qué son las Universidades Públicas en nuestro país y la sinrazón de las marchas que mentirosamente dicen protegerlas del intento de privatizarlas o peor aún, cerrarlas por el gobierno del Presidente Milei. Las Universidades se administran a sí mismas pero no se dan sus propias normas y reconocen por sobre ellas al Estado Nacional. Se rigen por la Ley Superior Universitaria y por tanto son entidades autárquicas. Reciben sus fondos del Tesoro Nacional que los obtiene de la recaudación impositiva que pagamos todos los contribuyentes, que tenemos derecho a saber cómo se administran e invierten nuestros aportes tributarios. Sus autonomías no las asemeja a las Provincias sino que se refieren a sus caracteres de independencia académica y libertad de cátedra de cada una y sus Estatutos son sus reglamentos internos que les permiten actuar en la búsqueda constante del saber universal de donde provienen sus nombres: universidades.
El art. 59 bis de la ley 24.521 dispone que todas las universidades de gestión estatal deben ser auditadas administrativamente por la Auditoría General de la Nación (AGN).
Las marchas
Millones de argentinos y extranjeros nos hemos educado en nuestras universidades públicas, todas con prestigio internacional. Han producido premios Nobel, científicos y profesionales que se han destacado en el mundo. En mi caso le brindé a la Universidad Nacional de La Plata mis mayores y mejores esfuerzos y en retribución me entregó dos títulos, de grado y pos grado, que marcaron el camino de mi vida al que no puedo juzgar yo pero sí quienes recibieron mis servicios, como lo entiendan mejor.
También de ellas recibió sus títulos el Presidente Javier Milei. ¿Alguna vez ha dicho o escrito o alguien le ha sentido decir que pretende privatizar o cerrar las Universidades? ¡Nunca! Entonces las motivaciones de las marchas en este sentido son falsas. Obedecen a razones políticas o personales o también delictivas de algunos de sus dirigentes.
Lo que sí ha dicho Milei
Sí ha dicho que las Universidades deben ser auditadas, investigados desde lo contable los fondos que han recibido del Estado Nacional. Esto está en línea con el carácter jurídico que les corresponde: entidades autárquicas. Todos los organismos del Estado deben rendir cuentas de la administración de los fondos que les son asignados. En este caso con mayor razón cuando existen graves sospechas de que hay quienes han convertido a algunas universidades en cotos ilícitos que manejan en el beneficio exclusivo de sus intereses personales, que nada tienen que ver con la misión específica de búsqueda del saber universal. Y esto, de ser cierto, no nos podría sorprender frente a la magnitud de la corrupción descubierta lamentablemente en nuestro país en los últimos cuarenta años.
Como siempre sucede que en las marchas se encuentra todo tipo de personas. Las que concurren de buena fe porque se les ha dicho que el gobierno está atentando contra la existencia misma de las universidades y los que propagan estas falsedades porque quieren mantenerse en esta red de corrupción que ha degradado al país y los ha enriquecido durante tantos años.
El Estado Nacional no puede renunciar a coparticipar con los privados en la búsqueda del saber universal. A muchos habitantes les es imposible afrontar los costos de las universidades privadas y aunque de escasos recursos, están dotados de gran inteligencia y méritos personales. Deben tener la posibilidad de desarrollar su intelecto en igualdad de condiciones económicas con los demás estudiantes. La Patria nos necesita a todos porque todos somos iguales ante la ley sin privilegios de sangre ni de nacimiento.
Este trabajo intenta poner luz donde se ha acumulado tanta sombra.
Nota: Los académicos consultados antes de la reforma constitucional de 1994 son Rafael Bielsa, Benjamín Villegas Basabilbaso, Agustín Gordillo, Carlos Sánchez Viamonte, Bartolomé Fiorini, Segundo Linares Quintana, Carlos Fayt.
* El autor es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales.
