Los recientes Decretos 1107 y 1112 de los dáas 18 y 19 de diciembre de 2024 dictados por el Sr. Presidente de la Nación en el sentido que las Fuerzas Armadas participen de la seguridad interior contra delitos comunes son absolutamente inconstitucionales por las siguientes consideraciones, a saber:
1) Han sido dictados mediante Decretos de Necesidad y Urgencia, violando la ley del Congreso de la Nación dictada hace 36 años.
2) El Poder Ejecutivo Nacional ignora que las Fuerzas Armadas tienen como misión constitucional repeler “agresiones extranjeras” y no perseguir delitos comunes, funciones para las que no están destinadas constitucionalmente.
3) La reciente historia nacional las colocó a las Fuerzas Armadas en la represión más sangrienta que motivó la desaparición, secuestros, violaciones, ventas de menores, etc, de más de 30.000 personas, y por las que tuvieron que pagar con la cárcel en juicios ejemplares seguidos por jueces de la democracia instaurada en 1983 contra los inspiradores y ejecutores de actos aberrantes contra los derechos humanos.
4) El Sr. Presidente de la Nación al confundir defensa nacional con represión interna, se coloca en la misma situación que su mentor y ex Presidente Menem, condenado por sentencia firme, al pretender reivindicar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el delito común que le costó a las mismas el repudio de la sociedad, en su momento.
5) La República necesita de sus Fuerzas Armadas para la defensa de agresiones de países extranjeros, pero no para realizar tareas que constitucionalmente no le competen.
6) Por último, conociendo las actitudes antidemocráticas del Sr. Presidente, estos Decretos deben derogarse por el Congreso de inmediato, no sólo para tranquilizar la paz interior, sino para que la sociedad reivindique a las Fuerzas Armadas de las luchas de emancipación nacional en el siglo XIX y para que hoy constituyan la custodia de eventuales agresiones de otros países.
De lo contrario se convertirán en fuerzas de ocupación dentro de su propio pueblo, como bien señalaba el siempre recordado Raul Alfonsín.
* El autor es doctor en Derecho (UBA).
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