El gobierno de Javier Milei lanzó un programa de ajuste y reformas amplio porque supone que la paciencia de la población lo acompañará sin deserciones sustantivas poco más de un trimestre, hasta que consiga los primeros resultados visibles en su lucha para bajar la inflación. Sus adversarios especulan con un plazo similar. Por eso despliegan acciones de resistencia desproporcionadas para el inicio de un gobierno. Presumen que en marzo el respaldo mayoritario que hoy tiene el gobierno comenzará a fisurarse.
Con objetivos diametralmente opuestos, los principales contendientes de la escena política coinciden con un mismo diagnóstico. Ambos creen que la evolución del clima social tiene un único termómetro de resultados unívocos: la inflación.
En algunos sentidos, la situación para el gobierno es comparable al desafío que tuvo la primera presidencia de Carlos Menem, que sólo pudo estabilizar con permanencia los precios cuando giró hacia un programa integral de reformas orientadas al libre mercado.
Pero algunos que conocieron desde adentro aquella gestión económica señalan una diferencia sustancial: la secuencia política que articuló el plan de estabilización con la instrumentación de las reformas estructurales. Domingo Cavallo consiguió primero domar el potro inflacionario y de inmediato avanzó con un programa de reformas. El insumo de credibilidad para ese programa se consolidó cuando bajó la fiebre inflacionaria.
Con Milei la secuencia es al revés. La principal apuesta elegida ha sido impulsar un amplio y nuevo espacio normativo para las reformas, en el entendimiento de que sólo el compromiso político con ese rumbo dará las señales adecuadas para que funcione un plan de estabilización.
Tal vez por ese diferencial en la secuencia, tuvo un impacto significativo la opinión que acaba de dar Domingo Cavallo: respaldó los primeros pasos del ministro Luis Caputo frente a los que lo critican porque sus medidas no constituyen un plan de estabilización.
Cavallo apoyó el ritmo adoptado por Caputo porque interpreta que un plan de estabilización sólo puede implementarse cuando concluya el realineamiento de precios relativos, que venían cargados con inflación reprimida, se avance en la reducción del déficit fiscal, se eliminen las restricciones al movimiento de capitales y se normalice el mercado cambiario. Cuando se levante el cepo cambiario con una limitación simultánea de la emisión de pesos.
Lo más interesante que aportó Cavallo fue una prospección propia del ritmo inflacionario. Partiendo de la base de una inflación en diciembre cercana al 25%, estima que evolucionaría algún punto adicional en enero, para registrar posiblemente algunas reducciones tenues en febrero y marzo, en ambos casos alrededor del 20%. Cavallo sostiene que, si hasta entonces la base monetaria se mantiene constante, desde abril la tasa de inflación todavía registraría el arrastre de los pasivos del Banco Central. Hasta junio podría oscilar en un 8% y en un punto menos de julio a diciembre. Esa persistencia en el segundo semestre se explicaría por los ajustes del tipo de cambio frente a la inflación. La posibilidad de un plan de estabilización se abriría a principios de 2025: bajar la inflación anual al 20%, para desembocar en un 5% anual en el tramo final de la administración Milei.
Acuerdo caído
Como puede advertirse, para Cavallo -que instrumentó al revés de Milei la secuencia estabilización-reformas- el factor dirimente en esa sucesión es el momento de liberación del cepo. Algo que no se hace sin dólares. Eso traslada el foco a las negociaciones con el FMI, que Milei enfrenta con la herencia de un Banco Central con reservas negativas.
Aquí conviene detenerse en un punto que no ha sido advertido por la comunicación del nuevo gobierno: las reuniones con el Fondo son para reflotar un acuerdo caído, el de asistencia financiera por 44 mil millones de dólares al cual la administración saliente le asignó toda la responsabilidad por la crisis.
Ese acuerdo no se cayó por una decisión explícita y manifiesta, como tanto reclamaban los sectores de la ortodoxia kirchnerista, sino por la más pedestre vía del incumplimiento serial con las metas que se comprometían. Dicho de otra manera: el exministro Sergio Massa consiguió para el kirchnerismo lo que el kirchnerismo pedía -desairar al FMI- pero aplicando su herramienta preferida: dando su palabra en la promesa de metas y traicionando su cumplimiento.
En los hechos, Caputo está gestionando ahora un proceso formal de waiver para que el FMI le otorgue los fondos que antes le liberaba a Massa. Al menos hasta que la emergencia le permita reemplazar el diálogo sobre el acuerdo caído por la evaluación de un acuerdo nuevo.
Esta negociación, que es clave para la evolución de las reservas, de seguro tendrá un capítulo de evaluación política. Justamente porque la “secuencia Milei” es primero reforma y luego estabilización y las reformas han sido lanzadas desde la escena -de evolución imprevisible- compuesta por un Ejecutivo con sólida legitimidad electoral y un Congreso con amplia capacidad de veto.
El ímpetu normativo de Milei y la retracción defensiva del Congreso ya provocaron que el cauce del proceso reformista empiece a bifurcarse en el estuario del control judicial difuso que caracteriza al sistema legal argentino. Mientras, los discursos en favor o en contra de la “patria cautelar” son -como la traición para Talleyrand- una simple cuestión de fechas.
No le será fácil al equipo económico argentino explicarle a los técnicos del FMI cómo piensa el gobierno sostener la secuencia reforma-estabilización. Hay un escenario de alta fragmentación política en el Parlamento, con un sector mayoritario allí que ya decidió no distinguir entre oposición y resistencia. Y con un panorama judicial donde el control de las decisiones del Ejecutivo tiene al menos tres grandes incógnitas pendientes: 1) si el Gobierno logrará reconducir las causas contra el DNU 70 en el fuero contencioso administrativo; 2) si (para decirlo en los términos del jurista Gustavo Arballo) esa concentración de causas no será un tsunami institucionalmente disfuncional intentando pasar por las Termópilas del contencioso; 3) si además logra superar, al final de su recorrido, el control de constitucionalidad en la Corte Suprema.
