“El Ejecutivo ha estudiado los antecedentes, los hechos y documentos que existen relativos a la Justicia a fin de hacerse de una base sólida para proceder a la reorganización y reforma completas. El gobierno no tiene preconcebidas contra tales o cuales personas, su anhelo es servir como merece al país con la sola ambición del bien público”.
Estas palabras que suenan sumamente actuales fueron pronunciadas en el Congreso de la Nación en mayo de 1899 y son parte de una defensa que el Ministro Osvaldo Magnasco realizó del proyecto impulsado por Julio Argentino Roca para modificar el poder Judicial.
Como hoy, desde el oficialismo se defendieron tales aspiraciones colocando la lupa sobre la Justicia Federal, tachándola directamente de inerte y desordenada.
Tal situación no generó aglomeraciones en contra, como vimos el pasado 17 de agosto, pero movilizó muchas plumas críticas.
Por entonces ya existían publicaciones especializadas que tomaron el guante. En “Criminología Moderna”, revista fundada en 1898 por el abogado anarquista Pietro Gori, se dio una visión interesante sobre la Reforma. Utilizando las estadísticas otorgadas por el Consejo Nacional de Educación, especificaron que el crecimiento de la delincuencia -y por ende la incapacidad de la Justicia para hacerle frente- no estaba relacionado a la falta de educación entre los ciudadanos.
Para entonces el estado de instrucción pública resultaba sumamente satisfactorio, de hecho el promedio nacional era mayor que el de Italia, España y Bélgica, e igual al de Francia, siendo también muy superior al de todos los países latino americanos.
Las causas estaban, según dicha publicación, en que durante “épocas anteriores de desorganización moral, las pasiones políticas y la propaganda de la prensa local, llegaron hasta casi neutralizar la acción de la Policía cuyo descrédito dio margen a un aumento notable en el desarrollo de la delincuencia, manifestada especialmente en los delitos de desacatos y agresiones contra la autoridad”. Es decir en esa incapacidad tan argentina de no acatar, sobre la que se reflexionó mucho hace algunos meses al comienzo de lo que apunta a ser la cuarentena más larga de la historia.
Lo criticable fue que la Reforma Judicial pretendida por Roca apuntaba contra los jueces más que contra el sistema, las almas liberales y republicanas a lo largo del país se vieron alarmadas haciéndose sentir. El 11 de mayo de 1899, diario Los Andes señaló al respecto:
“La cuestión es indudablemente grave, muy grave, porque afecta hondamente a los más sagrados intereses de orden público y privado, confiados a la administración de justicia, es también grave porque afecta al nombre del país, que a la institución judicial confía la defensa de sus leyes, el respeto y las garantías de sus instituciones”.
Los informes y discusiones sobre el proyecto se pierden entre las montañas de tinta antigua, ganando espacio temas más urgentes y necesarios en la agenda del gobierno.
Camino que podría considerar el actual presidente, quién en medio de una crisis económica, social y sanitaria intenta modificar al poder Judicial con celosa urgencia.
