La universidad pública, gratuita y laica es una conquista de todo el pueblo argentino conseguida a través de más de un siglo de lucha. Representa el acceso de las clases vulnerables a la educación superior pero también es pionera en investigación, inclusión y extensión.
Desde aquel junio cordobés de la Reforma Universitaria hasta las tomas de los colegios secundarios durante los ‘90 y el permanente estado de alerta frente a posibles arancelamientos, reducciones de presupuesto y pauperización de los salarios de docentes y no docentes cruzan transversalmente la historia de nuestro pueblo.
En las clases a las que asistí convivían estudiantes que provenían de clases desfavorecidas con otros que acudían buscando el prestigio que da estudiar en una institución cuya calidad es valorada socialmente. Esa experiencia me enriqueció tanto como persona como profesional, permitiéndome cruzarme con personas que de otra forma nunca hubiera conocido.
Nuestra carta magna cuando refiere a las atribuciones del Congreso menciona: “Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales”. Es decir, que es obligación del Congreso de la Nación garantizar un flujo de fondos que permita a las universidades nacionales funcionar con eficiencia, cumpliendo sus objetivos de equidad e innovación, esperemos que nuestros legisladores estén a la altura de las circunstancias de su labor si el poder ejecutivo decide continuar con el veto a la ley de financiamiento educativo.
Desfinanciar la universidad pública no es solo impedir el acceso de los hijos de las clases trabajadoras a la educación universitaria, es también reducir las divisiones en sus colegios secundarios, eliminar es espacio de comunidad entre personas de distintos niveles económicos, suprimir espacios de innovación, investigación y extensión.
En un país donde el 80% de los médicos y el 90% de las investigaciones provienen de las universidades públicas, donde más del 60% de los menores de 30 años son pobres, reducir sus fondos implica condenar a la sociedad argentina a la mediocridad, el atraso tecnológico, la pobreza y empleo precarizado.
Es por ello que todos los que alguna vez hemos transitado los pasillos de una Universidad Nacional, nos vemos encomendados a participar este miércoles 2 de octubre en la “Marcha Nacional a favor de la Universidad Pública”, para defender el derecho de los que nos preceden y de toda la comunidad a poseer instituciones sólidas, gratuitas y de calidad que enseñen, investiguen, se vinculen y realicen extensión.
* La autora es licenciada en Economía UNCuyo - Consejera Superior Graduados.
