Sin justicia transparente no puede haber una verdadera República. Es una premisa inexorable que, sin dudas, es compartida por muchos ciudadanos. Sin embargo, parecen ser sólo palabras al viento cuando se trata de las designaciones que se efectúan para cubrir los cargos para juez en el Poder Judicial de nuestro país.
Resulta por demás polémico el apoyo implícito, en muchas ocasiones, y hasta incluso explícito que se suele efectuar a magistrados que toman decisiones caprichosas y con escasos fundamentos.
En la justicia argentina son designados a dedo determinadas personas para cubrir vacantes estratégicas de juez en ciertos tribunales y juzgados (se evidencia por el carácter paupérrimo del nivel de quienes llegan a la meta), y hasta la propia corporación político-judicial que los designa, los apoya luego cuando trastabillan en el ejercicio de su función.
Un ejemplo paradigmático de defensa corporativa exagerada ha sido el caso de Axel López, un juez de ejecución penal que liberó, casi por deporte, a varios delincuentes con peligrosos prontuarios.
Se trata del magistrado que, entre otros graves errores, concedió anticipadamente un beneficio liberatorio a Pablo Marcelo Díaz, quien tras salir del penal asesinó de 26 puñaladas a Soledad Bargna.
Sin perjuicio de las irresponsabilidades cometidas, sus colegas se preocuparon por cerrar filas y defender lo indefendible.
Actualmente, Mendoza es protagonista de otro acontecimiento de primer orden y que amaga con transformarse en otro caso de opacidad manifiesta. En efecto, se están evaluando en la provincia varias ternas para cubrir vacantes en la Cámara Federal de Apelaciones (Salas A y B). El Consejo de la Magistratura recomienda mayoritariamente a ciertos candidatos mientras que la facción minoritaria hace lo propio con los suyos.
El problema aquí es que son sugeridos con bombos y platillos, por la posición mayoritaria del Consejo, candidatos amigos del poder político, cuyas calificaciones obtenidas objetivamente en el examen dado los han dejado en el sexto, octavo y hasta en el décimo lugar, como es el caso, respectivamente, de los candidatos Ana Paula Zavattieri, Federico Baquioni y Viviana Beigel.
La presentación de estos postulantes ha significado el arbitrario apartamiento del candidato que ha obtenido el primer lugar, Francisco Javier Pascua, quien ha superado el examen con la nota más alta del concurso y posee, respecto de los diversos aspirantes, una gran trayectoria laboral y académica en el campo de la justicia y, naturalmente, en el derecho penal y procesal penal.
Para colmo de males, mientras se discuten las ternas para cubrir dichas vacantes y se deja de lado a un candidato a juez de primer nivel y de probada honorabilidad como Pascua, sobrevive en el cargo de magistrado el juez federal Walter Bento, acusado de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y seis hechos de cohecho pasivo, como si nada hubiera ocurrido.
¿Cuentan más las afinidades políticas, las ideologías y el lobby que la verdadera idoneidad de un candidato para asumir tan loable función?
¿Cómo puede pensarse entonces que un magistrado que no fue elegido por sus virtudes, su formación académica y su educación jurídica pueda ejercer un cargo jurisdiccional con apego a la ley, a la racionalidad, a la templanza y demostrando empatía, incluso, con quienes han sufrido un hecho delictivo?
¿Cuál podría ser la solución?: que el Consejo de la Magistratura envíe fielmente al Senado la lista con los candidatos según el orden de mérito, es decir, de acuerdo con el puntaje promedio que se obtenga tanto por el examen como por la trayectoria académica y laboral respaldatoria. De esa forma, se evitarían gran parte de esos tejes y manejes que no hacen más que minar a la justicia de funcionarios politizados, ideologizados, que se encuentran muy lejos de brindar un verdadero servicio a la comunidad.
¿Qué clase de justicia pretendemos tener en Argentina?
Es una pregunta que deberíamos comenzar a realizarnos porque sin justicia transparente no puede haber una verdadera república.
*La autora es abogada especialista en Derecho Penal - Miembro de Usina de Justicia.
