Walter Bento tiene mucha suerte. Al menos, la que no tienen otros procesados por la Justicia que él mismo integra: hace dos años está imputado por cohecho, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, entre otros cargos, bajo la sospecha de ser el jefe de una asociación ilícita que cobraba coimas para liberar a delincuentes, y no sólo no pudo ser detenido, sino que ha seguido ejerciendo como juez federal y cobrando como tal.
Si el Consejo de la Magistratura no lo suspende en sus funciones el miércoles 31, además de seguir decidiendo sobre la libertad de las personas, y cobrando, tendrá en sus manos el control en la provincia del proceso electoral que definirá al próximo presidente y los legisladores nacionales por Mendoza. No será su primera vez. En 2021 ya tuvo a su cargo la organización de las legislativas estando imputado. Pero ahora su caso tiene fecha para el juicio oral.
La sesión de la Magistratura que definirá el futuro próximo de Bento se hará 15 días antes de la presentación de frentes electorales para la votación nacional y 25 días antes de la formalización de listas. De zafar de la suspensión (y el consecuente juicio político para destituirlo), lo esperan días agitados justo cuando deberá estar planificando con sus abogados la defensa que deberán desplegar a partir del 26 de julio.
Ese día comenzará el juicio contra él y una treintena de imputados, incluidos su esposa y dos de sus hijos, todos vinculados a la red que la Justicia sospecha lo tiene como cabecilla. O sea, dos semanas antes de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias nacionales cuya legalidad debe garantizar el juez sentado en el banquillo de los acusados. ¿Cómo haría para defenderse y a la vez asegurar el cumplimiento del debido proceso electoral? Un misterio.
La sesión de la Comisión de Acusación de la Magistratura, el miércoles último, puso algo de sentido común al aprobar el dictamen acusatorio, lo que habilitó a avanzar en la suspensión. Pero también activó una alarma cuando los tres miembros kirchneristas se abstuvieron de votarlo.
Las sirenas sonaron en los distintos comandos de campaña del peronismo mendocino, que dirimirá sus diferencias y la candidatura a gobernador en las PASO provinciales del 11 de junio. Pero sobre todo en el del kirchnerismo local por la cercanía con los que se abstuvieron. Todos se enteraron por los medios.
Como si no bastaran los desatinos de una gestión nacional de la que se desentienden pero integran, la guerra fría entre sus líneas internas y los candidatos que no levantan en las encuestas, el Frente Elegí tuvo que hacerse cargo de otra decisión tomada a 1.000 kilómetros de distancia que lo afecta directamente. Cómo hacer campaña cuando quedan como protectores de un acusado de corrupción.
Sus detractores provinciales, venenosos, dicen que no es la primera vez y recuerdan con énfasis que sobre Cristina Kirchner pesa ya una condena, no sólo una imputación.
Aquella abstención K fue acompañada de una dura crítica al dictamen que se iba a votar, que había sido elaborada por el ex consejero Pablo Tonelli, del Pro. El vocero de ese desacuerdo fue el diputado ultrakirchnerista Rodolfo Tailhade.
Tal reacción dejó perplejos a todos. Incluso en la Justicia Federal, donde siguen paso a paso el devenir de la suerte de Bento en la Magistratura. Sobre todo porque se creía que luego de tantas idas y vueltas, el kirchnerismo terminaría apoyando la acusación.
La abstención, de hecho, dejó offside a los investigadores judiciales del Bentogate, que pueden haberlo sentido como un desaire de los propios.
Ese equipo está liderado por el fiscal Dante Vega, con un rol protagónico en las causas por delitos de lesa humanidad e identificado con el kirchnerismo. Pero también tiene como engranajes fundamentales a dos secretarios fiscales que militaron en La Cámpora: Juan Manuel González, muy cercano a Lucas Ilardo, precandidato a vicegobernador, y Lucas Parisi, hijo de Omar, el precandidato a gobernador. La fórmula completa del kirchnerismo.
Nadie en el oficialismo nacional podría agitar en este caso la tan gastada bandera del lawfare que acostumbran a izar.
Las visiones conspirativas se activaron inmediatamente en los ambientes tribunalicios. “Esto excede a Anabel”, admitieron a primera vista, en referencia a la senadora nacional Fernández Sagasti, la figura local con más llegada al poder central. “No entiendo qué pasó”, se resignó otra poderosa fuente del ambiente judicial.
Esas teorías escuchadas empiezan por una operación de María Servini de Cubría, todopoderosa jueza electoral porteña y a quien todos los partidos políticos temen, para salvaguardar a su “protegido” Bento.
Pero también se habló desde una posible orden de Wado de Pedro, ministro del Interior con mucha injerencia judicial y tal vez candidato presidencial ungido por Cristina, hasta la intervención de un ex operador peronista devenido en empresario con influencia en el gabinete nacional.
Fue Fernández Sagasti, cuentan, quien habló directamente con Tailhade, el consejero que expresa la voz del kirchnerismo en la Magistratura. Y la respuesta calmó a todos en el comando de campaña K. Al menos porque desterró las miradas conspirativas.
La razón de la abstención, aseguran, es la misma que expresó Tailhade en la reunión de comisión: el para ellos flojo dictamen acusatorio de Tonelli, que podría generar huecos para que luego Bento plantee nulidades durante el jury y así estire todo.
“El dictamen se basa en la causa penal. Debería haber producido prueba propia”, argumentan. Un detalle que parece exiguo ante la gravedad de lo tratado y los antecedentes de los ahora celosos custodios del derecho.
La incertidumbre, más que por lo que pasó, a la postre inocuo, es por lo que pueda ocurrir en el próximo plenario del Consejo de la Magistratura que tratará el caso.
Inicialmente se esperaba que la confirmación de que se votaría el 31 se daría la semana entrante, con la oficialización del orden del día, paso previo indispensable. Pero el jueves en los Tribunales Federales mendocinos, a través de charlas telefónicas directas con Buenos Aires, se enteraron que la suspensión de Bento estará en la agenda ese día.
Para los conocedores del ambiente, la inclusión en el orden del día indica que están los votos asegurados para la suspensión. “Rosatti no pierde ninguna”, apuntan. La mención del presidente la Corte Suprema y por ende del Consejo de la Magistratura no es casual.
En el kirchnerismo culpan a la Corte y su fallo que obligó a modificar la composición del Consejo por las demoras en el caso Bento. Pero en la Justicia lo ven distinto: creen que la embestida de Horacio Rosatti ha sido clave y es la que puede terminar con la buena suerte que ha tenido el cuestionado juez hasta ahora.
Para la suspensión se necesitan los votos de 13 de los 19 miembros del Consejo de la Magistratura y hasta ayer había 12 confirmados. Para completar los dos tercios, el presidente de la Corte necesitará el apoyo de al menos uno de los seis miembros K.
El séptimo voto que en este caso escapa a la mayoría es el del juez Alberto Lugones, amigo de Bento. Esa relación quedó clara en los pocos mensajes que pudieron recuperar los investigadores cuando duplicaron la tarjeta SIM del celular que el magistrado mendocino se negaba a entregar.
Por eso, todas las miradas estarán puestas en el bloque kirchnerista de consejeros. El mensaje que llegó de Buenos Aires, tras el insistente pedido de Fernández Sagasti, fue que esta vez no habrá vacilaciones y votarán a favor de la suspensión.
En Mendoza, los candidatos del kirchnerismo no tienen margen para otra sorpresa. Estarán a solo 11 días de las PASO en las que definen su suerte.
Claro, cuentan con una ventaja. Ninguno de sus oponentes dirá nada en su contra. Como hasta ahora. El silencio de la política mendocina respecto del juez y las graves acusaciones en su contra ha sido, cuanto menos, llamativo. Y quedó ratificado tras la abstención K del miércoles pasado. Ni un tuit hubo, de ninguno.
Ni siquiera fue aprovechado por el oficialismo provincial y sus máximas figuras para engordar el repetitivo relato antikirchnerista al que apelan en cada declaración. Tampoco lo usó ninguna de las otras fuerzas que compiten en las elecciones provinciales.
Las elucubraciones llevan a un mismo lugar: Bento, como juez electoral de Mendoza, es el que aprueba las declaraciones de gastos de campaña de cada frente en cada elección nacional. Tal vez guarde algunos secretos. Tal vez le deban favores. Dicen que el miedo no es zonzo.
